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En el Caribe Sur la protesta no siempre se grita únicamente en marchas o discursos. A veces se canta. A veces se baila. A veces se convierte en calypso.
Eso es lo que ocurre hoy en Cahuita, donde la canción “Queremos vivir en paz” del calypsonian Danny Williams se transformó en un himno comunitario frente al rechazo que muchas personas sienten hacia el Plan Regulador Costero de Talamanca.
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Han pasado más de dos décadas desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a emitir sentencias históricas a favor de pueblos indígenas y negros en América Latina y el Caribe. Sin embargo, muchas de esas resoluciones continúan sin cumplirse. Mientras los expedientes duermen en oficinas estatales y organismos internacionales, en los territorios la violencia, el despojo y la impunidad siguen avanzando.
Esa fue una de las principales conclusiones del Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH, realizado el 18 y 19 de mayo de 2023 en la Universidad de Costa Rica, en San José. Representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de 12 países de América Latina y el Caribe se reunieron para denunciar que el incumplimiento sistemático de las sentencias no es un simple atraso burocrático: es una forma de prolongar la violencia histórica contra sus pueblos.
Durante décadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos buscando algo que muchas veces sus propios Estados les negaron: protección, verdad, justicia y reparación. Han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de largos procesos marcados por el racismo estructural, el despojo territorial, la violencia y la exclusión histórica. Sin embargo, incluso después de obtener sentencias favorables, la justicia sigue sin llegar plenamente a sus territorios.
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Ese momento quedó plasmado en el documental Sàrātsê sêkónēl jékàska Volviendo a la tierra que nos vio nacer (2023), una producción audiovisual que será presentada este próximo 12 de mayo en Pérez Zeledón. Más que una película, el documental se convierte en una ventana hacia una de las historias más dolorosas y al mismo tiempo más esperanzadoras de los pueblos indígenas en Costa Rica.
La decisión del Juzgado Penal de Buenos Aires de acoger la solicitud de sobreseimiento definitivo en el caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz ha generado una profunda preocupación entre organizaciones sociales, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y sectores académicos dentro y fuera de Costa Rica. Más de un centenar de personas, colectivos, proyectos universitarios e instancias sociales solicitaron que no se cerrara el proceso judicial, advirtiendo las graves implicaciones que tendría para la justicia y los derechos humanos en el país.
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Por Mauricio Álvarez Mora.
Hay momentos en que una crisis no solo irrumpe, sino que revela. La pandemia en Costa Rica, especialmente en las regiones Norte y Caribe, no hizo más que levantar el velo sobre una realidad que llevaba décadas gestándose en silencio: la profunda desigualdad que sostiene el modelo agroexportador.
En medio de lo que se llamó una segunda ola de contagios, los focos no aparecieron al azar. Surgieron allí donde el país ha decidido concentrar buena parte de su producción: en las fincas y plantas empacadoras de piña, yuca, naranja. Lugares donde el trabajo no se detiene, aunque el riesgo crezca. Lugares donde el cuerpo se vuelve herramienta, incluso cuando enferma.
Lo que ocurre en Yuwi Senaglö, en el territorio Cabécar de China Kichá, no es un hecho aislado ni un simple conflicto legal por la tenencia de la tierra. Es, más bien, una expresión clara de una contradicción profunda: un Estado que, en el papel, reconoce derechos territoriales indígenas, pero que en la práctica actúa en su contra.
Las familias cabécares que iniciaron el proceso de recuperación en setiembre de 2020 no lo hicieron por capricho. Lo hicieron en el marco de un derecho histórico, cultural y jurídico: el derecho colectivo a la tierra territorio. Este derecho no solo está respaldado por la legislación nacional, sino también por instrumentos internacionales que Costa Rica ha suscrito. Sin embargo, frente a esta legitimidad, el aparato institucional responde con medidas cautelares, órdenes de desalojo y silencios administrativos.
La segunda edición de la “Feria por Nuestro Ambiente”, realizada el pasado 16 de noviembre en el CEN-CINAI de Santa Fe, se consolidó como mucho más que una actividad recreativa. A lo largo de la jornada, que se extendió desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, la comunidad participó en una serie de actividades que combinaron el disfrute, el aprendizaje y el encuentro colectivo.
Durante el día hubo venta de comidas, puestos informativos, juegos para niñas y niños, pintacaritas, talleres sobre plantas medicinales y elaboración de instrumentos musicales, además de espacios como el bingo. La feria cerró con un concierto del grupo Sonidero Barrio Fátima, que reunió a personas de distintas edades en un ambiente festivo. Sin embargo, más allá de la programación, la actividad evidenció la importancia de contar con espacios comunitarios donde las personas puedan reunirse, compartir y fortalecer vínculos.
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La comunidad indígena de Boruca sostuvo una reunión con autoridades gubernamentales para discutir el proceso de construcción de un atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena, un área que forma parte de su territorio de uso ancestral. El encuentro se realizó en las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Turismo y contó con la participación de representantes del gobierno, entre ellos la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, y la ministra de Cultura, Sylvie Durán, así como delegados de la Asociación de Desarrollo y del Consejo de Cultura de Boruca.
En un contexto donde la defensa del ambiente en Costa Rica se ha vuelto cada vez más compleja y, en muchos casos, peligrosa, surge el manual “Protección y Fortalecimiento de Defensoras y Defensores Ambientales en Costa Rica”, una herramienta colectiva pensada para acompañar, cuidar y fortalecer a quienes sostienen la defensa de los territorios.
Esta publicación, impulsada por la Federación Ecologista para la Conservación de la Naturaleza, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, no es solo un documento técnico, es el resultado de años de experiencias, aprendizajes y también de pérdidas que han marcado al movimiento socioambiental del país.
Tuve la oportunidad de participar en uno de los espacios de intercambio con el experto independiente de Naciones Unidas sobre derechos humanos y ambiente, John Knox, en el marco de su visita oficial al país. Fue un encuentro que permitió contrastar la imagen internacional de Costa Rica como referente ambiental con las tensiones y conflictos que se viven en los territorios.
Desde el inicio, Knox reiteró algo que marcó el tono de la conversación, el derecho a un ambiente sano no es una aspiración, es un derecho humano fundamental, indispensable para garantizar la vida, la salud y otros derechos. Reconoció que Costa Rica ha avanzado de manera significativa en este campo, especialmente por su marco constitucional y por la existencia de mecanismos institucionales que, al menos en el papel, permiten el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.
Por Mauricio Álvarez Mora.
Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en Costa Rica se movilizaron frente a la Embajada de Honduras en San José, como parte de una jornada urgente de solidaridad con el pueblo hondureño tras el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales.
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En junio de 2009, el conflicto en Bagua dejó más de treinta muertos tras el enfrentamiento entre fuerzas policiales y comunidades indígenas que defendían su territorio frente a una serie de decretos impulsados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Detrás de esos decretos no había solo reformas legales, sino una visión de país: una que prioriza la explotación de recursos naturales por encima de los derechos colectivos.
Lo ocurrido recientemente en Panamá, donde unidades policiales dispararon contra manifestantes obreros que exigían condiciones básicas de seguridad laboral, no puede entenderse como un hecho aislado. La muerte de un trabajador y las múltiples personas heridas frente a cientos de testigos no solo evidencian un uso desproporcionado de la fuerza, sino que revelan algo más profundo: una peligrosa deriva autoritaria en la forma en que se está imponiendo un modelo de desarrollo en el país.
El asesinato de Félix Ordoñez Suazo, miembro de la comunidad garífuna de Punta Piedras, en el departamento de Colón, Honduras, ha reavivado las tensiones históricas vinculadas a un prolongado conflicto territorial que, según denuncian organizaciones, ha sido desatendido por el Estado durante más de una década.
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De acuerdo con los informes disponibles, el modo en que fueron asesinados presenta características de ejecución. Ambos activistas habían sido previamente detenidos y posteriormente acribillados, en un contexto marcado por amenazas e intimidaciones sistemáticas en su contra. Durante los meses previos a su muerte, Zúñiga y Cartagena habían denunciado hostigamientos vinculados a su labor de defensa ambiental, sin que el Estado adoptara medidas efectivas para garantizar su protección.
Guatemala atraviesa un momento decisivo en la definición de su modelo de desarrollo. Mientras el gobierno impulsa políticas orientadas a facilitar la inversión extranjera y la expansión de actividades extractivas, cada vez más comunidades observan con preocupación cómo territorios de enorme riqueza natural y cultural son entregados a empresas transnacionales sin que exista una discusión amplia sobre las consecuencias que estas decisiones tendrán para el país.
Uno de los casos más preocupantes es el de la finca municipal Salinas Nueve Cerros, en Alta Verapaz, actualmente amenazada por los planes de exploración y explotación petrolera de la empresa Petrolatina Corporation. Lo que está en juego no es simplemente un contrato de arrendamiento ni una inversión económica más. Lo que se discute es el futuro de uno de los patrimonios naturales, arqueológicos y culturales más importantes de la región norte de Guatemala.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
