Comunidades frente a la expansión hidroeléctrica: una defensa del ICE, los ríos y la soberanía nacional

Por Mauricio Álvarez Mora. 

A finales de mayo de 2003, representantes de comunidades de distintas regiones del país se reunieron en el Segundo Foro Nacional "Comunidades frente a la expansión hidroeléctrica". El encuentro reunió a personas afectadas o amenazadas por proyectos hidroeléctricos, organizaciones sociales, líderes comunales y defensores ambientales que compartían una preocupación común: el futuro del modelo energético costarricense y el papel que debía desempeñar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en él.

Lejos de rechazar la generación eléctrica como necesidad nacional, las comunidades plantearon una discusión más profunda sobre quién controla la energía, quién recibe los beneficios y quién asume los costos sociales y ambientales de su producción. El resultado fue una declaración que constituye un importante testimonio de la visión de numerosos sectores sociales frente al avance de la privatización energética y la expansión de grandes proyectos hidroeléctricos en el país.

Cuando Nicaragua y Costa Rica compartieron experiencias para enfrentar la amenaza petrolera en el Caribe

Por Mauricio Álvarez Mora. 

En mayo de 2003, mientras el gobierno de Nicaragua avanzaba en la entrega de concesiones para la exploración petrolera en extensas áreas del Caribe y el Pacífico, representantes de pueblos indígenas, organizaciones sociales, autoridades regionales y activistas ambientales de Nicaragua y Costa Rica se reunieron para intercambiar experiencias sobre los impactos de la industria petrolera y las estrategias de resistencia comunitaria frente a estos proyectos extractivos.

El encuentro, realizado entre el 15 y el 18 de mayo de ese año en las ciudades de Bluefields y Puerto Cabezas, constituyó uno de los primeros espacios de diálogo regional donde comunidades directamente amenazadas por concesiones petroleras pudieron conocer de primera mano experiencias organizativas, jurídicas y políticas desarrolladas en otros territorios de Centroamérica.

Impacto socio ambientales de las hidroeléctricas

Por Mauricio Álvarez Mora.

Es innegable, y se reconoce a nivel mundial, que las represas y plantas hidroeléctricas han brindado enormes beneficios económicos y alivios sociales, mediante oportunidades de desarrollo que dependen de la electricidad, desarrollo agrícola que depende de sistemas de riego, y mejoramientos de la salud humana en lugares donde la gente depende de poder almacenar agua potable. Además, las plantas hidroeléctricas, que son eficientes generadoras de energía, pueden –en lo teórico– reducir la dependencia mundial en combustibles fósiles, cuyas emisiones contribuyen enormemente al cambio climático.

San Ramón: cuando la energía oculta los ríos y las comunidades

Al recorrer las cuencas de San Ramón, uno no solo observa ríos y paisajes, sino un mapa de transformaciones profundas provocadas por el desarrollo hidroeléctrico. Lo que alguna vez fueron cauces vivos, espacios de recreación y sustento comunitario, hoy aparecen fragmentados, desviados o, en algunos tramos, prácticamente secos. Detrás de esta realidad no hay una sola obra aislada, sino una acumulación de proyectos que han ido modificando, paso a paso, la dinámica natural del territorio.

La electricidad privada: un negocio que termina pagando todo el país

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Durante años se ha insistido en presentar la generación privada de electricidad como una solución eficiente, moderna y necesaria. Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento su funcionamiento en Costa Rica, la realidad es otra. Más que una alternativa que beneficie al conjunto de la población, lo que se ha consolidado es un modelo que favorece a un grupo reducido de grandes empresarios, muchos de ellos vinculados a las élites políticas tradicionales.

Las leyes 7200 y 7508, que dieron origen a la generación y cogeneración privada, establecieron dos mecanismos claros. Por un lado, permitieron la construcción de plantas hidroeléctricas completamente privadas de menor escala. Por otro, abrieron la posibilidad de que empresas construyeran centrales, las operaran durante dos décadas o más y luego las transfirieran al Instituto Costarricense de Electricidad. En el papel, esto podía parecer un esquema razonable. En la práctica, ha resultado costoso, desigual y profundamente cuestionable.