Impacto socio ambientales de las hidroeléctricas

Por Mauricio Álvarez Mora.

Es innegable, y se reconoce a nivel mundial, que las represas y plantas hidroeléctricas han brindado enormes beneficios económicos y alivios sociales, mediante oportunidades de desarrollo que dependen de la electricidad, desarrollo agrícola que depende de sistemas de riego, y mejoramientos de la salud humana en lugares donde la gente depende de poder almacenar agua potable. Además, las plantas hidroeléctricas, que son eficientes generadoras de energía, pueden –en lo teórico– reducir la dependencia mundial en combustibles fósiles, cuyas emisiones contribuyen enormemente al cambio climático.

San Ramón: cuando la energía oculta los ríos y las comunidades

Al recorrer las cuencas de San Ramón, uno no solo observa ríos y paisajes, sino un mapa de transformaciones profundas provocadas por el desarrollo hidroeléctrico. Lo que alguna vez fueron cauces vivos, espacios de recreación y sustento comunitario, hoy aparecen fragmentados, desviados o, en algunos tramos, prácticamente secos. Detrás de esta realidad no hay una sola obra aislada, sino una acumulación de proyectos que han ido modificando, paso a paso, la dinámica natural del territorio.

La electricidad privada: un negocio que termina pagando todo el país

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Durante años se ha insistido en presentar la generación privada de electricidad como una solución eficiente, moderna y necesaria. Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento su funcionamiento en Costa Rica, la realidad es otra. Más que una alternativa que beneficie al conjunto de la población, lo que se ha consolidado es un modelo que favorece a un grupo reducido de grandes empresarios, muchos de ellos vinculados a las élites políticas tradicionales.

Las leyes 7200 y 7508, que dieron origen a la generación y cogeneración privada, establecieron dos mecanismos claros. Por un lado, permitieron la construcción de plantas hidroeléctricas completamente privadas de menor escala. Por otro, abrieron la posibilidad de que empresas construyeran centrales, las operaran durante dos décadas o más y luego las transfirieran al Instituto Costarricense de Electricidad. En el papel, esto podía parecer un esquema razonable. En la práctica, ha resultado costoso, desigual y profundamente cuestionable.