Diez años después de Jairo Mora: defender la naturaleza sigue siendo una actividad de riesgo en Costa Rica

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Han pasado diez años desde el asesinato de Jairo Mora Sandoval y su nombre continúa siendo un símbolo incómodo para Costa Rica. Incómodo porque recuerda que detrás de la imagen internacional de país verde existe también una historia marcada por la violencia contra quienes defienden la naturaleza.

Jairo no era simplemente un joven apasionado por las tortugas marinas. Era un defensor ambiental que comprendió, desde muy temprana edad, que proteger la vida silvestre también implicaba enfrentarse a estructuras de poder, economías ilegales y territorios abandonados por el Estado. Su asesinato en la playa de Moín, en 2013, no fue un hecho aislado ni una tragedia accidental: fue la expresión extrema de un conflicto ambiental atravesado por la violencia, la impunidad y el desamparo institucional.

Hacia la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente en Costa Rica

Por Mauricio Álvarez Mora , docente de la Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR, IDELA-UNA

Resumen

Costa Rica enfrenta un incremento en los actos de criminalización, hostigamiento y violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, a pesar de su reputación internacional como país pacífico y respetuoso de estos derechos. Este artículo analiza el proyecto de ley expediente N.° 23.588, que busca establecer un marco legal para su reconocimiento y protección. Mediante un enfoque crítico, se revisan antecedentes relevantes, conceptualizaciones clave sobre la criminalización, estadísticas de agresiones y propuestas legislativas complementarias. Se plantean recomendaciones para el fortalecimiento del proyecto, incluyendo el reconocimiento del rol histórico de acogida del país, la creación de una comisión investigadora y la implementación de políticas públicas más integrales.

Minería en Rios: ¿Conveniencia nacional para quién?

Por Mauricio Álvarez Mora. 

En Costa Rica se suele justificar la extracción de materiales de ríos y quebradas bajo el discurso del desarrollo y la “conveniencia nacional”. Arena y piedra para carreteras, puentes o infraestructura pública aparecen como necesidades inevitables para el crecimiento económico del país. Sin embargo, pocas veces se pregunta quién asume realmente los costos ambientales y sociales de esta actividad.

Las comunidades de Puntarenas y Guatuso llevan años denunciando que la minería de cauces está deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida local. Mientras las empresas obtienen concesiones por décadas para extraer materiales, las poblaciones vecinas enfrentan disminución de caudales, pérdida de biodiversidad, afectaciones a la pesca artesanal, daños en manglares y deterioro de espacios comunitarios históricamente vinculados a los ríos.