Por Mauricio Álvarez Mora.
Un análisis crítico del expediente legislativo 20.039, denominado “Autorización a las organizaciones conservacionistas privadas sin fines de lucro para que contraten personal de apoyo en las áreas de conservación del SINAC”, advierte sobre vacíos, riesgos legales y posibles efectos negativos para la gestión pública de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica.
La propuesta, que busca habilitar a organizaciones privadas para financiar y contratar personal de apoyo dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ha sido cuestionada por su falta de sustento técnico y por la ambigüedad en su formulación. Entre las principales preocupaciones señaladas está la ausencia de información clara sobre el origen de la iniciativa, las organizaciones interesadas en participar y los términos concretos bajo los cuales se establecerían los convenios.
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