Por Mauricio Álvarez Mora.
Diversas organizaciones comunitarias y sociales han manifestado un firme rechazo al texto sustitutivo del proyecto de “Ley de Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales”, expediente N.° 17.914, al considerar que representa un retroceso en la gestión comunitaria del agua y una amenaza a la autonomía de las comunidades.
Tras un proceso de revisión del contenido y consulta con bases organizativas y actores aliados, el posicionamiento es claro, el proyecto no fortalece a las ASADAS, sino que más bien abre la puerta a su subordinación frente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
De la gestión comunitaria a la centralización
Uno de los principales cuestionamientos es que el texto desmantela la intención original de fortalecer la gestión comunitaria del agua. En un contexto global marcado por la creciente escasez hídrica, las organizaciones señalan que el camino debería ser el fortalecimiento de las capacidades locales y no su debilitamiento mediante procesos de centralización.
Según las críticas, el proyecto otorga mayores potestades al AyA, lo que podría traducirse en la imposición de decisiones sobre las ASADAS, afectando directamente la soberanía comunitaria en la gestión del recurso hídrico. Esto implicaría un cambio profundo en un modelo que históricamente ha sido construido desde las comunidades.
Las ASADAS, surgidas desde la década de 1960 ante la incapacidad estatal de cubrir las zonas rurales, han sido durante décadas una expresión concreta de participación popular, organización comunitaria y gestión solidaria del agua. En muchos casos, su funcionamiento ha dependido del trabajo voluntario, rifas, actividades comunales y un fuerte compromiso colectivo.
Un proyecto que desconoce la historia comunitaria
Desde sectores como la Confraternidad Guanacasteca se advierte que el texto sustitutivo desconoce esta trayectoria y pretende someter a los acueductos comunales a una lógica burocrática. Señalan que el articulado refleja una intención de control por parte del AyA, incluso habilitando intervenciones en acueductos por causales ambiguas o discrecionales.
Además, se cuestiona la eliminación de espacios de participación comunitaria dentro de la propuesta, lo que implicaría una reducción significativa del papel de las comunidades en la toma de decisiones sobre el agua.
Otro punto crítico es la desaparición de la posibilidad de que cooperativas administren acueductos, lo que limita aún más las formas de gestión colectiva del recurso.
Riesgos de privatización y debilitamiento institucional
Las organizaciones también alertan sobre la creación de figuras como el “Fondo del Agua”, que consideran podría convertirse en un mecanismo de concentración de recursos bajo control institucional, sin garantías claras de transparencia ni de beneficio directo para las comunidades.
El rechazo al proyecto se sustenta además en cuestionamientos más amplios al desempeño del AyA, al que se le señala por problemas de ineficiencia, pérdidas significativas de agua potable, politización y casos documentados de irregularidades, como el conflicto por el agua en Sardinal.
En este contexto, se advierte sobre el riesgo de avanzar hacia formas encubiertas de privatización del agua, mediante esquemas que debilitan lo público comunitario y abren espacio a intereses privados, incluso bajo figuras como ASADAS que, según denuncian, han sido utilizadas para encubrir proyectos privados.
Una propuesta alternativa desde las comunidades
Lejos de limitarse al rechazo, las organizaciones plantean una ruta alternativa para el manejo del recurso hídrico en el país. Esta incluye el reconocimiento del agua como un derecho humano en la Constitución Política y su declaratoria como bien de dominio público.
También proponen una reorganización institucional donde el Ministerio de Ambiente y Energía asuma la rectoría del recurso hídrico, mientras que entidades como el SINAC y SENARA cumplan roles específicos según las características del agua, ya sea superficial o subterránea.
En este esquema, el servicio público de agua potable debería mantenerse en manos de actores públicos y comunitarios, como municipalidades, ASADAS y el propio AyA, en igualdad de condiciones, excluyendo la participación de empresas privadas.
Defensa del agua como bien común
Para las organizaciones, el debate sobre este proyecto de ley no es únicamente técnico, sino profundamente político. Está en juego el modelo de gestión del agua en Costa Rica, si se mantiene como un bien común administrado desde las comunidades o si se avanza hacia su centralización y eventual mercantilización.
El llamado a la Asamblea Legislativa es contundente, rechazar el texto sustitutivo presentado y legislar en favor del fortalecimiento de los acueductos comunales, reconociendo su papel histórico y su aporte en la garantía del acceso al agua en el país.
En un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos, las comunidades insisten en que la defensa del agua pasa por fortalecer la participación popular, no por debilitarla.
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