Por Mauricio Álvarez Mora.
Desde el 2006 grupos indígenas han denunciado la realización de exploraciones mineras ilegales en las partes altas del río Urén en Talamanca. La participación activa y la organización de varias comunidades indígenas en el proceso de denuncia y defensa de su patrimonio natural y cultural derivaron en la detención temporal de la amenaza que significa la minería a cielo abierto para la riqueza en biodiversidad del cantón de Talamanca.
Las comunidades indígenas de Talamanca volvieron a levantar su voz. En el marco de la conmemoración de los 300 años del asesinato de Pabru Presberi, representantes Bribri, Cabécar y Ngäbe-Buglé firmaron un manifiesto colectivo denunciando las múltiples amenazas que hoy enfrentan sus territorios y reafirmando su decisión de defender la autonomía indígena frente al avance de proyectos extractivos y de intereses externos.
El pronunciamiento surge después de varias inspecciones comunitarias realizadas en sectores montañosos de Alto Urén, donde las comunidades denunciaron incursiones vinculadas a intereses mineros. Durante una de las giras realizadas entre mayo y junio, personas de distintas comunidades lograron llegar hasta Tsiùbata, una zona alta de difícil acceso, donde encontraron evidencias de un helipuerto clandestino utilizado para extraer muestras de roca con minerales. Días después se realizó otra inspección con presencia policial.
Las comunidades indígenas Bribri de Alta Talamanca denuncian una nueva incursión vinculada a intereses mineros en la zona montañosa de Alto Urén. Lo que ocurre actualmente en el territorio no es un hecho aislado, sino parte de una larga historia de presiones extractivas sobre una de las regiones con mayor riqueza biológica y cultural de Costa Rica.
Durante los primeros días de julio, habitantes de la comunidad reportaron sobrevuelos constantes de helicópteros y movimientos inusuales en sectores boscosos cercanos en el nacimiento del rio Urén y el cerro Sukü, importante fuente de agua para la región y un cerro sagrado. Posteriormente se confirmó el ingreso de personas extranjeras y nacionales que pretendían instalar un campamento para iniciar labores de exploración minera dentro del territorio indígena.
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Lo que durante años había sido una actividad organizativa realizada sin mayor atención pública en Alta Talamanca, se convirtió en julio de 2007 en un escenario marcado por fuertes intereses externos, gran despliegue económico y tensiones alrededor del control de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI).
Según denuncias realizadas en aquel momento, la asamblea de ADITIBRI se transformó en una disputa entre sectores de la comunidad Bribri y grupos vinculados a intereses mineros transnacionales interesados en ingresar al territorio indígena. Dirigentes y pobladores señalaron que alrededor de 20 millones de colones habrían sido invertidos para impulsar la candidatura de uno de los aspirantes a la junta directiva de la organización.
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