El veto presidencial a la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación R: una decisión fundamentada en la protección ambiental y el interés público

Por Mauricio Álvarez Mora. 

El 18 de febrero de 2003, el presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, y el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, devolvieron a la Asamblea Legislativa sin la sanción correspondiente el Decreto Legislativo N.° 8345, denominado “Participación de las cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional”. 

La decisión se materializó mediante un veto parcial fundamentado en razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo en la obligación constitucional del Estado de proteger el ambiente, resguardar los recursos naturales y velar por el interés público. Lejos de tratarse de una objeción menor o de carácter técnico, el veto constituyó un contundente cuestionamiento a varios de los pilares del proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa y una validación de las preocupaciones que diversos sectores habían expresado sobre sus posibles consecuencias ambientales, sociales y jurídicas.

¿ Por qué se solicitó un veto presidencial a ley sobre cooperativas eléctricas?

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Organizaciones advirtieron sobre posibles impactos en ríos, áreas protegidas y comunidades, así como eventuales efectos sobre el modelo eléctrico nacional

En febrero de 2003, un amplio sector ambiental solicitó al entonces presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, vetar la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa bajo el expediente 14.582.