Una delegación de personas indígenas Ngäbe de Sixaola llegó esta semana a San José para exigir al Estado costarricense algo que para cualquier otro pueblo debería ser elemental: el derecho a un territorio donde puedan vivir, desarrollar su cultura y ejercer plenamente sus derechos colectivos como pueblo originario.
La contaminación de nuevas nacientes de agua para consumo humano en Santa Rosa de Oreamuno vuelve a evidenciar una crisis que ya no puede entenderse como un hecho aislado. Lo ocurrido en Cipreses y ahora en otras comunidades de Cartago demuestra las consecuencias de un modelo agroindustrial intensivo que durante décadas ha operado con escaso control sobre los impactos ambientales y sanitarios de los agroquímicos utilizados en la producción agrícola.
La reciente detección de derivados del fungicida clorotalonil en la naciente Carlos Martínez, confirmada por análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, se suma a otras seis fuentes ya clausuradas por contaminación. Con ello, prácticamente todas las nacientes que abastecen a Santa Rosa de Oreamuno presentan afectación por metabolitos de este agroquímico.
La contaminación del agua en las comunidades de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno dejó de ser únicamente una denuncia vecinal para convertirse en un caso que evidencia profundas debilidades institucionales alrededor de la protección del agua potable en Costa Rica. Lo ocurrido durante los últimos meses en estas comunidades de Cartago revela no solo la gravedad de la contaminación por agroquímicos, sino también las contradicciones, omisiones y tensiones existentes entre las instituciones encargadas de garantizar un derecho humano básico.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, mujeres indígenas recuperadoras de los territorios de Salitre, Térraba y China Kichá protagonizaron un encuentro histórico con magistradas de la Sala Primera y de la Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia. La reunión, realizada el 8 de marzo de 2023, abrió un espacio poco común de diálogo directo entre mujeres indígenas defensoras de la tierra-territorio y altas autoridades del Poder Judicial.
La actividad formó parte de una serie de encuentros organizados por el proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas (POUP), impulsado desde las universidades públicas, con el objetivo de visibilizar las luchas de las mujeres indígenas recuperadoras y colocar en la agenda pública la situación de violencia, despojo y conflictividad que enfrentan en sus territorios.
Por Mauricio Álvarez Mora. Docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR e IDELA-UNA El 8...
