La prohibición del clorotalonil: una victoria para la protección del agua y la salud pública

 

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La publicación del decreto ejecutivo N.° 44280-S-MAG-MINAE marca un momento significativo en la política ambiental y sanitaria de Costa Rica. Con la firma del presidente de la República y de los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, y Ambiente y Energía, el país se suma a más de treinta naciones que han decidido prohibir el clorotalonil, un fungicida ampliamente utilizado en la agricultura, pero cuya permanencia en el ambiente y sus potenciales efectos sobre la salud han generado crecientes preocupaciones a nivel internacional.

La decisión no surge de manera aislada. Es el resultado de años de cuestionamientos, investigaciones, denuncias comunitarias, gestiones administrativas y acciones judiciales que pusieron en evidencia los riesgos asociados a este agroquímico. También refleja el reconocimiento de una realidad que ya había sido advertida por organismos científicos y autoridades regulatorias de distintos países.

Clorotalonil: cuando el derecho al agua no puede seguir esperando

Por Mauricio Álvarez Mora. 

El próximo 6 de diciembre se cumple el plazo otorgado por la Sala Constitucional al Gobierno de Costa Rica para prohibir el uso del clorotalonil, un plaguicida vinculado con la contaminación de fuentes de agua que abastecen a miles de personas en Cartago. Sin embargo, a pocos días de vencerse ese mandato judicial, la prohibición aún no ha sido oficializada.

Ante esta situación, organizaciones ambientales, personas defensoras del agua y diversos sectores de la ciudadanía han convocado una manifestación frente a Casa Presidencial para exigir el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional y entregar más de 75 mil firmas recolectadas en apoyo a la prohibición de este agroquímico. La movilización representa mucho más que una petición ciudadana. Es la expresión de una profunda preocupación por la protección de las fuentes de agua y por la capacidad del Estado de garantizar derechos fundamentales.

La transparencia pendiente ante una nueva alerta por contaminación con clorotalonil

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La posible contaminación con derivados del clorotalonil en las fuentes de agua de la ASADA de San Pablo de Oreamuno vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que las comunidades de Cartago vienen señalando desde hace varios años: la vulnerabilidad de las fuentes de agua frente al uso intensivo de agroquímicos y la necesidad de que las instituciones actúen con transparencia y celeridad cuando existen indicios de riesgo para la salud pública.

La situación tomó relevancia luego de que el diputado Ariel Robles solicitara información al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Ministerio de Salud y al Servicio Fitosanitario del Estado sobre las acciones realizadas ante una denuncia dada a conocer por el Frente EcoCipreses.

Río Cuarto: agua contaminada y el sacrificio ambiental

Por Mauricio Álvarez Mora. 

En Costa Rica se repite una escena cada vez más frecuente y peligrosa: comunidades enteras descubren que el agua que consumen está contaminada, mientras las autoridades reaccionan tarde, minimizan el problema o simplemente miran hacia otro lado.

Ahora le toca nuevamente a Río Cuarto. La reciente denuncia sobre el cierre por orden sanitaria del Acueducto La Tabla debido a contaminación con bromacil —un agroquímico prohibido en el país desde 2018— confirma algo que las comunidades de la Zona Norte llevan años gritando: el modelo piñero continúa avanzando sobre los territorios, las fuentes de agua y la vida de las personas con una impunidad alarmante.

El agua envenenada y el silencio institucional

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Hay silencios que enferman. Y en Cartago, el silencio alrededor de la contaminación del agua con moléculas derivadas del clorotalonil comienza a parecerse demasiado a una forma de violencia institucional.

Mientras las comunidades de Cipreses y Santa Rosa llevan más de un año sobreviviendo entre cisternas, incertidumbre y promesas incumplidas, ahora surge una nueva alarma: la posible contaminación del acueducto de San Pablo de Oreamuno. De confirmarse, estaríamos frente a la tercera ASADA afectada por una crisis que las autoridades intentaron minimizar durante demasiado tiempo.

Cipreses: cuando el Estado administra la contaminación en lugar de resolverla

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La crisis del agua contaminada en Cipreses de Oreamuno se ha convertido en uno de los ejemplos más preocupantes de cómo el Estado costarricense responde tarde, fragmentadamente y sin verdadera voluntad política ante un problema de salud pública y contaminación ambiental.

Después de más de un año de que cientos de familias dependan de agua distribuida en cisternas debido a la presencia de metabolitos de clorotalonil en el acueducto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) finalmente convocó una mesa de trabajo para abordar la situación. La reunión incluye al AyA, el Ministerio de Salud, la ASADA de Cipreses, el Frente EcoCipreses, el IRET de la Universidad Nacional y la Defensoría de los Habitantes.

El agua no puede esperar hasta el 2026

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La crisis del clorotalonil en la zona norte de Cartago se ha convertido en una radiografía dolorosa de las prioridades del Estado costarricense. Mientras miles de personas continúan dependiendo de cisternas para acceder a agua potable, las instituciones públicas parecen moverse con una lentitud desesperante, atrapadas entre contradicciones políticas, limitaciones técnicas y una peligrosa tolerancia hacia un modelo agrícola que ha puesto en riesgo las fuentes de agua del país.

La reciente solicitud del AyA para extender hasta el 2026 el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Sala Constitucional revela mucho más que un problema administrativo. Revela un Estado incapaz —o poco dispuesto— a actuar con la urgencia que exige una emergencia ambiental y sanitaria que lleva años afectando a comunidades enteras.