Río Cuarto: agua contaminada y el sacrificio ambiental

Por Mauricio Álvarez Mora. 

En Costa Rica se repite una escena cada vez más frecuente y peligrosa: comunidades enteras descubren que el agua que consumen está contaminada, mientras las autoridades reaccionan tarde, minimizan el problema o simplemente miran hacia otro lado.

Ahora le toca nuevamente a Río Cuarto. La reciente denuncia sobre el cierre por orden sanitaria del Acueducto La Tabla debido a contaminación con bromacil —un agroquímico prohibido en el país desde 2018— confirma algo que las comunidades de la Zona Norte llevan años gritando: el modelo piñero continúa avanzando sobre los territorios, las fuentes de agua y la vida de las personas con una impunidad alarmante.

El agua envenenada y el silencio institucional

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Hay silencios que enferman. Y en Cartago, el silencio alrededor de la contaminación del agua con moléculas derivadas del clorotalonil comienza a parecerse demasiado a una forma de violencia institucional.

Mientras las comunidades de Cipreses y Santa Rosa llevan más de un año sobreviviendo entre cisternas, incertidumbre y promesas incumplidas, ahora surge una nueva alarma: la posible contaminación del acueducto de San Pablo de Oreamuno. De confirmarse, estaríamos frente a la tercera ASADA afectada por una crisis que las autoridades intentaron minimizar durante demasiado tiempo.

Cipreses: cuando el Estado administra la contaminación en lugar de resolverla

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La crisis del agua contaminada en Cipreses de Oreamuno se ha convertido en uno de los ejemplos más preocupantes de cómo el Estado costarricense responde tarde, fragmentadamente y sin verdadera voluntad política ante un problema de salud pública y contaminación ambiental.

Después de más de un año de que cientos de familias dependan de agua distribuida en cisternas debido a la presencia de metabolitos de clorotalonil en el acueducto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) finalmente convocó una mesa de trabajo para abordar la situación. La reunión incluye al AyA, el Ministerio de Salud, la ASADA de Cipreses, el Frente EcoCipreses, el IRET de la Universidad Nacional y la Defensoría de los Habitantes.

El agua no puede esperar hasta el 2026

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La crisis del clorotalonil en la zona norte de Cartago se ha convertido en una radiografía dolorosa de las prioridades del Estado costarricense. Mientras miles de personas continúan dependiendo de cisternas para acceder a agua potable, las instituciones públicas parecen moverse con una lentitud desesperante, atrapadas entre contradicciones políticas, limitaciones técnicas y una peligrosa tolerancia hacia un modelo agrícola que ha puesto en riesgo las fuentes de agua del país.

La reciente solicitud del AyA para extender hasta el 2026 el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Sala Constitucional revela mucho más que un problema administrativo. Revela un Estado incapaz —o poco dispuesto— a actuar con la urgencia que exige una emergencia ambiental y sanitaria que lleva años afectando a comunidades enteras.