Por Mauricio Álvarez Mora.
La discusión sobre el clorotalonil en Costa Rica dejó hace mucho de ser un debate puramente técnico. Lo que hoy está en evidencia es una profunda disputa política y ética sobre qué intereses defiende el Estado cuando el derecho humano al agua entra en conflicto con el modelo agroexportador y la industria agroquímica.
La reciente reacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería frente a la sentencia de la Sala Constitucional que ordena avanzar hacia la prohibición del clorotalonil refleja precisamente esa tensión. Mientras miles de personas continúan recibiendo agua en cisternas en comunidades de Cartago por la contaminación de sus nacientes, el Ministerio insiste en relativizar la gravedad del problema y oponerse a una prohibición total del agroquímico.
