Por Mauricio Álvarez Mora.
La discusión sobre el clorotalonil en Costa Rica dejó hace mucho de ser un debate puramente técnico. Lo que hoy está en evidencia es una profunda disputa política y ética sobre qué intereses defiende el Estado cuando el derecho humano al agua entra en conflicto con el modelo agroexportador y la industria agroquímica.
La reciente reacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería frente a la sentencia de la Sala Constitucional que ordena avanzar hacia la prohibición del clorotalonil refleja precisamente esa tensión. Mientras miles de personas continúan recibiendo agua en cisternas en comunidades de Cartago por la contaminación de sus nacientes, el Ministerio insiste en relativizar la gravedad del problema y oponerse a una prohibición total del agroquímico.
La Sala Constitucional fue clara. El pasado 6 de junio del 2023 ordenó adoptar y ejecutar las recomendaciones contenidas en el “Informe Técnico Clorotalonil”, elaborado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el AyA. Dicho informe recomendó expresamente iniciar el proceso para prohibir esta molécula debido a los riesgos asociados a la contaminación del agua.
No se trató de una decisión improvisada. La resolución surge después de años de denuncias comunitarias, estudios científicos y evidencias crecientes sobre la presencia de metabolitos derivados del clorotalonil en nacientes utilizadas para consumo humano.
Sin embargo, lejos de asumir el mandato constitucional con responsabilidad y sentido de urgencia, el Ministerio de Agricultura intentó cuestionar la sentencia mediante una gestión de adición y aclaración. El ministro Víctor Julio Carvajal Porras argumentó que el informe técnico “yerra” en sus razones para solicitar la cancelación del registro del agroquímico y defendió que la intención institucional no es prohibirlo, sino únicamente reducir o controlar su uso mediante regulaciones más flexibles.
La respuesta de la Sala Constitucional fue contundente. Los magistrados rechazaron la gestión señalando que la sentencia era absolutamente clara y que el Ministerio pretendía trasladar una discusión técnica a una instancia que ya había resuelto el fondo del asunto. Más aún, la Sala recordó el grave dimensionamiento de los riesgos asociados al uso del clorotalonil en el país.
Lo preocupante no es solamente el desacuerdo institucional. Lo verdaderamente alarmante es la resistencia persistente de ciertos sectores estatales a aceptar que la protección del agua y de la salud pública debe prevalecer sobre los intereses económicos ligados al modelo agrícola intensivo.
Mientras el debate burocrático continúa, miles de personas siguen viviendo las consecuencias reales de esta contaminación. En comunidades como Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno, familias enteras llevan meses dependiendo de cisternas para acceder al agua potable. Muchas personas sienten miedo e incertidumbre sobre los efectos a largo plazo que pudo haber tenido el consumo prolongado de agua contaminada.
El propio informe técnico citado por la Sala advertía que alrededor de 65 mil personas habitaban zonas con condiciones similares de vulnerabilidad hídrica y contaminación potencial debido a la cercanía entre las actividades agrícolas y las fuentes de agua.
La situación expone también las profundas contradicciones del discurso ambiental costarricense. Costa Rica se presenta internacionalmente como un país verde y líder en sostenibilidad, pero continúa permitiendo el uso de sustancias prohibidas en decenas de países por sus impactos sobre la salud y el ambiente. El clorotalonil ha sido restringido o prohibido en gran parte de Europa, mientras sigue utilizándose en territorios rurales costarricenses donde las comunidades pagan las consecuencias.
Además, el conflicto deja en evidencia el enorme peso político y económico que mantiene la industria agroquímica sobre las decisiones públicas. No es casual que las comunidades organizadas y las personas defensoras del agua denuncien presiones, hostigamientos e intentos de desacreditación. Cuando la defensa del agua afecta intereses económicos poderosos, quienes levantan la voz suelen convertirse en objetivo de ataques.
Por eso el caso de Cipreses representa mucho más que una lucha local. Se ha convertido en un símbolo nacional sobre el derecho humano al agua, el principio precautorio y los límites de un modelo agrícola dependiente de agroquímicos altamente peligrosos.
El plazo de seis meses otorgado por la Sala Constitucional avanza rápidamente. Y la pregunta de fondo permanece abierta: ¿está dispuesto el Estado costarricense a priorizar la salud pública y la protección ambiental por encima de las presiones económicas?
Porque mientras las instituciones discuten tecnicismos y presentan apelaciones, el agua continúa contaminándose y las comunidades siguen esperando justicia.
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