En enero de 2003 se aprobó una ley con un nombre técnico y aparentemente inocuo: “Participación de Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional”. Sin embargo, detrás de ese título se esconde una transformación profunda y preocupante del modelo eléctrico costarricense. Lejos de fortalecer el carácter público, solidario y planificado del sistema, esta legislación abre la puerta a un proceso acelerado de privatización con implicaciones ambientales, sociales y económicas que no pueden ser ignoradas.
