Aprobado el “combo silencioso” para la generación privada: un retroceso ambiental y social

En enero de 2003 se aprobó una ley con un nombre técnico y aparentemente inocuo: “Participación de Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional”. Sin embargo, detrás de ese título se esconde una transformación profunda y preocupante del modelo eléctrico costarricense. Lejos de fortalecer el carácter público, solidario y planificado del sistema, esta legislación abre la puerta a un proceso acelerado de privatización con implicaciones ambientales, sociales y económicas que no pueden ser ignoradas.

Uno de los principales problemas radica en la ambigüedad de la ley. La definición de “empresa de servicio municipal” es tan amplia que permite que prácticamente cualquier iniciativa privada con fines de lucro se disfrace bajo esta figura. Esto no es una simple especulación. Existen ejemplos concretos donde estructuras cooperativas funcionan como fachada para intereses empresariales más amplios. Así, se diluye el principio cooperativo y se convierte en un mecanismo para acceder a concesiones y beneficios que originalmente estaban pensados para organizaciones sin fines de lucro.

La ley también debilita de forma directa al Instituto Costarricense de Electricidad, históricamente responsable de planificar y garantizar el desarrollo eléctrico del país. Al eliminar la obligación de que los proyectos sean compatibles con el Plan Nacional de Desarrollo Eléctrico y al suprimir la necesidad de consultar al ICE, se rompe la lógica de planificación integral. En adelante, proyectos privados o llamados cooperativos podrían surgir sin coordinación, competir con iniciativas públicas o incluso sustituirlas, generando un sistema fragmentado y desordenado.

A esto se suma la eliminación del principio de menor costo en el servicio, un pilar fundamental del modelo solidario costarricense. La pregunta es inevitable. Si las cooperativas no tienen fines de lucro, por qué eliminar un criterio que protege a las personas usuarias. La respuesta parece apuntar hacia una progresiva mercantilización del servicio eléctrico, donde la rentabilidad comienza a desplazar el interés público.

El impacto potencial no se limita al ámbito institucional. La ley autoriza el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de hasta 60 megavatios sin necesidad de aprobación legislativa específica, triplicando el límite establecido previamente. Esto significa proyectos más grandes, con mayores impactos sobre ríos, ecosistemas y comunidades. Además, no existen restricciones claras sobre la ubicación geográfica de estos proyectos, lo que permite que empresas operen fuera de sus territorios originales e intensifiquen la presión sobre cuencas ya saturadas.

El panorama se vuelve aún más preocupante cuando se considera que Costa Rica ya enfrenta una proliferación de represas. Decenas de proyectos tanto públicos como privados han generado conflictos socioambientales en comunidades como Sarapiquí, Savegre, Pacuaré y Pérez Zeledón. La falta de planificación integral por cuenca ha provocado impactos acumulativos que rara vez se evalúan de manera adecuada. En este contexto, la nueva ley no corrige estos problemas, más bien los profundiza.

Tampoco se puede pasar por alto el riesgo que esta legislación representa para áreas protegidas. Al facilitar procesos de expropiación y permitir el desarrollo de proyectos en territorios sensibles, se abre la puerta a la intervención en parques nacionales, reservas biológicas y territorios indígenas. Incluso se habilita la generación eléctrica a partir de fuentes no renovables, lo que contradice compromisos ambientales asumidos por el país.

Las omisiones son igualmente graves. No hay disposiciones claras sobre caudales ecológicos, participación ciudadana, monitoreo ambiental o protección de nacientes. En otras palabras, los elementos básicos para una gestión sostenible del recurso hídrico brillan por su ausencia. Esto evidencia que la ley no fue diseñada con una visión integral, sino más bien como una herramienta para facilitar la expansión de la generación eléctrica bajo lógicas de mercado.

En este escenario, la preocupación de organizaciones ecologistas y sectores sociales no solo es legítima, sino urgente. Lo que está en juego no es únicamente el modelo eléctrico, sino la forma en que el país gestiona sus bienes comunes, particularmente el agua. La historia reciente ya ha demostrado que la generación privada, cuando no está debidamente regulada, tiende a priorizar intereses económicos sobre el bienestar colectivo.

La aprobación de esta ley representa, en muchos sentidos, un combo silencioso, una reforma que sin el ruido político de otros debates avanza en la misma dirección de debilitamiento institucional y apertura al mercado. Frente a esto, la discusión no debería cerrarse. Al contrario, es momento de revisar, cuestionar y corregir el rumbo antes de que los costos ambientales y sociales sean irreversibles.

Porque cuando se trata de recursos estratégicos como la energía y el agua, improvisar no es una opción.