Por Mauricio Álvarez Mora.
Han pasado dos años desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y, sin embargo, el tiempo no ha traído respuestas, sino un silencio espeso que pesa sobre el país. No es un silencio vacío. Es un silencio que incomoda, que acusa, que revela todo aquello que el Estado no ha hecho.
Sergio Rojas, del clan Uniwak del pueblo Bribri de Salitre, no era un desconocido para las instituciones. Desde abril de 2015 contaba con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque su vida estaba en riesgo. Había sido amenazado de muerte de forma sistemática, había sufrido atentados desde 2012, todo ello vinculado a su participación en los procesos de recuperación de tierras indígenas en el sur del país. El peligro era evidente. La obligación del Estado también.
