A dos años de Sergio Rojas: la lucha que no calla y la justicia que no llega

Por Mauricio Álvarez Mora.

Han pasado dos años desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y, sin embargo, el tiempo no ha traído respuestas, sino un silencio espeso que pesa sobre el país. No es un silencio vacío. Es un silencio que incomoda, que acusa, que revela todo aquello que el Estado no ha hecho.

Sergio Rojas, del clan Uniwak del pueblo Bribri de Salitre, no era un desconocido para las instituciones. Desde abril de 2015 contaba con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque su vida estaba en riesgo. Había sido amenazado de muerte de forma sistemática, había sufrido atentados desde 2012, todo ello vinculado a su participación en los procesos de recuperación de tierras indígenas en el sur del país. El peligro era evidente. La obligación del Estado también.

Y aun así, el 18 de marzo de 2019, fue asesinado con quince disparos dentro de su propia casa, en Yery de Salitre.

Su muerte no puede entenderse como un hecho aislado. Fue un asesinato político, directamente relacionado con su lucha por la tierra y por los derechos de los pueblos originarios. Y en esa muerte hay una responsabilidad que no puede evadirse: la del Estado costarricense, que falló en garantizar su vida e integridad. Falló antes, cuando no previno. Y ha fallado después, al no asegurar justicia.

La impunidad que rodea su caso es, en sí misma, otra forma de violencia. A dos años del crimen, ni los autores materiales ni los intelectuales han sido llevados ante la justicia. El expediente avanza con lentitud, entre irregularidades denunciadas y decisiones que han generado indignación dentro y fuera del país.

Resulta aún más doloroso recordar que el propio Sergio Rojas fue encarcelado durante siete meses entre 2014 y 2015 sin que se formalizara acusación alguna en su contra. Es decir, el sistema judicial que hoy no logra esclarecer su asesinato sí fue capaz de privarlo de libertad sin pruebas suficientes. Esa contradicción revela con crudeza el desequilibrio de un sistema que parece actuar con rigor cuando se trata de quienes defienden la tierra, y con indulgencia cuando se trata de quienes los violentan.

La condena por su asesinato fue contundente a nivel nacional e internacional. Organismos de derechos humanos, instituciones y organizaciones indígenas alzaron la voz. Sin embargo, en septiembre de 2020, apenas dieciocho meses después del crimen, el Ministerio Público solicitó la desestimación del caso. Aquella decisión no solo generó indignación, sino que encendió alertas sobre la voluntad real de investigar.

Fue necesaria la presión de instancias como la ONU, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y múltiples organizaciones para que el proceso continuara. En enero de 2021, el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazó la solicitud de archivo y ordenó seguir investigando bajo el principio de debida diligencia. Pero la lentitud y las irregularidades han persistido, dejando la sensación de que la justicia se mueve, pero no avanza.

Desde la Asamblea Legislativa también se han alzado voces. Un informe de la Subcomisión de Derechos Humanos no solo cuestionó el manejo del caso, sino que urgió al Estado a garantizar la protección efectiva de los pueblos originarios, a incorporar una perspectiva verdaderamente multiétnica en la justicia y a enfrentar la violencia, el racismo y la impunidad. El llamado fue claro: investigar, sancionar, proteger. Pero los hechos siguen quedándose atrás de las palabras.

Mientras tanto, la violencia no se ha detenido. En febrero de 2020, apenas un año después del asesinato de Sergio, fue asesinado Jerhy Rivera, líder del pueblo Brörán de Térraba, también en un contexto de recuperación territorial. Su caso, como el de Sergio, permanece impune.

Los territorios indígenas continúan siendo escenarios de agresión. Amenazas de muerte, ataques armados, quema de casas y cultivos, violencia colectiva, intimidación constante. Solo en 2020, se registraron decenas de actos de violencia en la zona sur del país. Los nombres de quienes han sido amenazados se acumulan, pero las condenas no aparecen.

Y sin embargo, en medio de ese panorama, algo persiste. Algo crece.

Las semillas que Sergio Rojas sembró no murieron con él. Su lucha se ha extendido, ha echado raíces en otros territorios y en otras generaciones. En el sur, los procesos de recuperación continúan. En el norte, el pueblo Maleku ha iniciado su propio camino de recuperación territorial. Lo que intentó ser silenciado se ha multiplicado.

Esa es, quizá, la mayor paradoja de la violencia: que no logra apagar lo que nace desde la dignidad.

Pero no debería ser así. No debería ser necesario resistir a costa de la vida. No debería ser la lucha el único camino frente a la omisión estatal. Un país que se nombra democrático no puede permitirse que sus pueblos originarios vivan bajo amenaza constante, ni que la justicia sea una promesa que nunca se cumple.

A dos años del asesinato de Sergio Rojas, lo que está en juego no es solo la resolución de un caso. Es la credibilidad de un Estado, la coherencia de su discurso y, sobre todo, el valor que le asigna a la vida de quienes defienden la tierra.

Porque mientras no haya justicia, la pregunta seguirá abierta. Y mientras la pregunta siga abierta, la memoria no descansará.