En marzo de 2008, Panamá fue escenario de una intensa movilización social protagonizada por organizaciones comunitarias, ecologistas y pueblos indígenas que, mediante acciones públicas, encuentros territoriales y denuncias internacionales, pusieron en el centro del debate el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno y sus impactos sobre los territorios, los ecosistemas y los derechos humanos.
Uno de los hechos más visibles fue el campamento sostenido por organizaciones frente a la sede de la Presidencia de la República, en el Parque Catedral, desde donde dirigieron una carta al entonces presidente Martín Torrijos Espino. En ella manifestaron su inconformidad con los espacios institucionales propuestos por el gobierno, señalando que no garantizaban una participación real de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por proyectos hidroeléctricos, mineros, de hidrocarburos y turismo residencial.
La reciente oficialización del contrato entre la empresa Harken Panamá y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para la exploración y eventual explotación petrolera en el Golfo de San Miguel ha reactivado las alertas en Mesoamérica. Diversas organizaciones ecologistas, articuladas en la red Oilwatch, advierten que esta compañía arrastra un historial cuestionado en materia ambiental, social y política, que no puede ser ignorado por la sociedad panameña.
Por Mauricio Álvarez Mora. Docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR e IDELA-UNA El 8...
