Por Mauricio Alvarez Mora.
En estos días se oficializo el contrato de Harken Panamá con el Ministerio de Comercio e Industrias- MICI, para la exploración y eventual explotación de petróleo en el Golfo de San Miguel. Sin embargo, aún se desconocen los antecedentes de esta empresa en otros países, a continuación algunos antecedentes.
En Costa Rica le anularon concesión de 26 años. Entre los años 1999 y 2002, en Costa Rica se dio un debate nacional para determinar si la concesión de 5 600 kms, otorgada a esta empresa en la costa caribe, era ambientalmente viable. La oposición por parte de decenas de organizaciones locales, especialmente del Caribe Sur del país, se unificó en el movimiento ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). Por otra parte, Oilwatch Costa Rica y la Coordinadora Nacional Antipetrolera, junto a ADELA, realizarn una campaña constante de información y denuncia de los impactos que esta concesión podía tener en los ecosistemas y las formas de vida de los lugareños. Además, los escasos beneficios que daba el contrato al país, también fueron elementos de peso en las decisiones que se tomaron en el 2002.
“Durante casi cuatro años muchas personas y organizaciones trabajamos arduamente para conservar el Caribe de Costa Rica y continuar con el camino de las áreas protegidas y el ecoturismo, que son formas de vida sustentables comparadas con la industria petrolera. Fue una lucha dura pero rindió sus buenos frutos”, señaló Mauricio Álvarez, miembro de Oilwatch Costa Rica. “Hoy Costa Rica todavía se mantiene libre de actividades petroleras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y Harken por reactivar la actividad en el Caribe”.
La razón principal por la que a Harken se le anuló el contrato en Costa Rica, es que no logró convencer a la Secretaría Técnica Nacional (SETENA- encargada de dar licencia ambiental a los proyectos), de la viabilidad ambiental de su proyecto, específicamente de la perforación de un pozo exploratorio a 8 kms de las costas del Caribe. Este veredicto en febrero del 2002, fue la guía para la posición del nuevo gobierno de Abel Pacheco, quien el 8 de mayo del 2002, declaró Paz a la Naturaleza, a través de una moratoria a las actividades petroleras en Costa Rica.
Harken demandó una compensación de 57 000 millones de dólares. Debido a la anulación del contrato, la empresa especuló este monto como las ganancias no obtenidas en 26 años de concesión. Esta demanda la hizo en el 2003 frente a la CIADI- una instancia del Banco Mundial encargada de resolver controversias entre Estado y empresas, la cual nombra tribunales ad hoc fuera de las fronteras nacionales, quienes resuelven el caso en función de los Tratados de Libre Comercio. “Debido a que en Costa Rica no rige aún el TLC con EEUU, el gobierno costarricense pudo negarse en el 2003 a participar en este arbitraje, caso contrario sucederá con cualquier país en el que estos Tratados estén vigentes”, aclaró Alicia Casas, facilitadora de la Red Oilwatch Costa Rica. “Esta suma de dinero exigido por Harken equivalía en aquel momento a 12 presupuestos anuales del estado costarricense, con lo que se puede observar el carácter extorsionista de esta demanda” agregó Casas.
En este momento las discrepancias de Harken con el estado costarricense se están resolviendo en los tribunales de ese país, y se exige una suma mucho menor por compensación. Harken ha intentado en reiteradas ocasiones que se anule el derecho de participación de las comunidades y organizaciones ambientales como coadyuvantes en el juicio que emprendió contra el estado, aduciendo que las mismas no pueden ser “parte” y no tienen nada que ver con la disputa. Sin embargo, la Sala IV ha fallado en contra de estas apelaciones y considera este asunto como de interés nacional, y por tanto abierto a la participación de comunidades afectadas y sector ambiental.
En Colombia no está libre de pecado. Harken opera además en Colombia en el departamento de Santander y sus operaciones son protegidas tanto por el ejército como por grupos paramilitares que operan en la zona. Es una de las 100 empresas estadounidenses que fueron al Congreso de los EEUU a defender el Plan Colombia como un plan que protege y garantiza sus intereses en este sufrido país. Es posible que se alegue que todas las empresas de EEUU que operan en Colombia hacen lo mismo, pero se sabe que cuando se trata de intereses petroleros la protección es aún mayor- y quienes pagan las violaciones de DDHH de esta guerra, son las poblaciones civiles que habitan estas zonas.
El escándalo con Bush: su mayor talón de Aquiles. Harken es una empresa conocida en EEUU sobre todo por la gestión como CEO que hizo George W. Bush en la época en que su padre era Presidente, antes de la Guerra del Golfo Pérsico. En primer lugar, a través de investigaciones hechas por el mismo Congreso de EEUU, Harken no era una empresa de gran relevancia en cuanto a operaciones, pero sí en cuanto a influencia política en la Casa Blanca, por razones obvias. Es así que obtiene una concesión importante en Bahrein, unos meses antes de que estallara la Guerra del Golfo. En la licitación participaron otras grandes empresas petroleras que no contaban con esos niveles de influencia. De lo que se le acusa a Bush hijo, en un acto que es penado con cárcel en EEUU (las mismas acusaciones que se le hicieron a Martha Stewart), es de haberse deshecho de todas sus acciones unos días antes de que estallara la Guerra del Golfo, basado en informaciones confidenciales que no tenían el resto de los accionistas. Con esta transacción, Bush se aseguró no perder millones que sí perdieron los demás accionistas de la empresa. Este es el escándalo que hace de esta pequeña empresa una tristemente célebre en los EEUU.
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