Por Mauricio Álvarez Mora.
La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) en Costa Rica vuelve a estar en el centro del debate legislativo. El proyecto de ley expediente N.º 23.148, titulado "Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo-Terrestre", ha encendido las alarmas entre diversos sectores de la sociedad civil, preocupados por el avance de un modelo que favorece la privatización encubierta del litoral costarricense.
Este proyecto, actualmente en discusión en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, propone la adición de los artículos 22 bis y 22 ter a la Ley 6043, normativa que, desde su aprobación en 1977, ha protegido el carácter inalienable, imprescriptible y de dominio público de la franja costera.
Alerta de la sociedad civil: 70 organizaciones se pronuncian
El diputado Ariel Robles ha sido uno de los principales opositores a esta reforma, alertando sobre sus implicaciones y respaldando el manifiesto firmado por más de 70 organizaciones comunitarias, juveniles, barriales, cívicas, feministas, ambientalistas, culturales, turísticas, de desarrollo, microempresas, centros de rescate animal, brigadas ambientales, Covirenas, grupos en defensa del mar, universidades, colectivos de gestión cultural y asociaciones comunales y de mujeres.
El documento denuncia que la iniciativa legislativa vulnera principios constitucionales y ambientales, debilitando las garantías de acceso igualitario a la franja costera. Según las organizaciones firmantes, el establecimiento de un sistema de permisos precarios supone, en la práctica, una privatización material del espacio público, ya que facilita la apropiación del territorio por parte de sectores con mayor poder económico.
Privatización encubierta y exclusión social
Uno de los puntos más críticos del proyecto es que favorece la ocupación del espacio público por actores económicamente privilegiados, acelerando el proceso de gentrificación costera. Este fenómeno ya ha desplazado a comunidades tradicionales en zonas como Guanacaste, el Pacífico Central y el Caribe, donde el auge del turismo inmobiliario y la especulación con terrenos han restringido el acceso de las poblaciones locales a las playas y bienes naturales.
Aunque el texto del proyecto impone restricciones a la construcción de infraestructura permanente, las organizaciones advierten que la ocupación extensiva del espacio público mediante mobiliario comercial, concesiones y actividades turísticas exclusivas representa una afectación irreversible del ecosistema costero y el paisaje natural, ambos reconocidos como patrimonio nacional según la legislación ambiental vigente.
Este tipo de medidas han sido recurrentemente cuestionadas por la jurisprudencia constitucional, que ha reafirmado en múltiples ocasiones el carácter demanial y público de la ZMT, estableciendo que su uso debe garantizar el acceso equitativo para toda la ciudadanía.
Un patrón de intentos privatizadores
El intento de modificar el régimen de la Zona Marítimo-Terrestre no es un hecho aislado. Desde la aprobación de la Ley 6043, han existido múltiples intentos de debilitar su protección, particularmente en momentos donde el auge inmobiliario y el interés de inversionistas privados chocan con el principio de acceso público.
Las propuestas para privatizar islas y restringir el acceso a las playas han sido una constante en las últimas décadas, pero el actual contexto de turistificación acelerada y boom inmobiliario en regiones como Guanacaste y el Pacífico Central ha renovado las presiones para flexibilizar la normativa y abrir la puerta a nuevos proyectos excluyentes.
La sociedad civil y los sectores organizados han manifestado que este proyecto pone en riesgo décadas de avances en materia de protección costera y representa un precedente peligroso que podría allanar el camino para futuras modificaciones aún más lesivas.
El debate continúa en la Asamblea Legislativa, pero las comunidades costeras y defensores del patrimonio natural han dejado claro que la lucha por mantener la costa pública y accesible para todas las personas no ha terminado.
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