Costas en disputa: entre la privatización y la sobrevivencia de los pueblos marino-costeros

Por Mauricio Álvarez Mora

Costa Rica, como istmo que une América del Norte con América del Sur, tiene una condición geográfica privilegiada. Su clima, vegetación y biodiversidad están fuertemente influenciados por la interacción de dos grandes cuerpos de agua: el océano Pacífico y el mar Caribe. Somos mar e istmo, y nuestras costas representan una riqueza natural y cultural incalculable.

Sin embargo, nuestras dos costas —Pacífico y Caribe— se han convertido en la punta de lanza de un modelo de turismo masivo que se implementó desde finales del siglo pasado. Antes de eso, las comunidades costeras estuvieron sumidas en el olvido, pues los modelos de desarrollo siempre miraron hacia la zona metropolitana y la agroindustria. El mar era concebido solo como un territorio extractivo y como vertedero de aguas y desechos provenientes del continente.

Algunos datos clave

• El 92 % del territorio costarricense es marino.
• Abarcamos alrededor de 6.700 especies marinas, lo que representa el 3,5 % de las especies marinas reportadas a nivel mundial (Cortés y Wehrtmann, 2009).
• Nuestra línea costera se extiende aproximadamente 450 km en el Pacífico y 200 km en el Caribe.
• Costa Rica posee 450 kilómetros de costa en el océano Pacífico y 200 kilómetros en el mar Caribe, donde se sitúan un total de 816 comunidades en altos niveles de vulnerabilidad social (Hernández y Arce, 2022)
• Según el Programa Interdisciplinario Costero PIC-IDESPO-UNA, esas 816 comunidades estan distribuidas en 69 distritos costeros. En el año 2000, estas comunidades albergaban a unas 544.242 personas.
• Según Mario Hernández coordinador del PIC la gestión de estas áreas involucra al menos 45 instancias estatales y más de 50 leyes específicas. Esto incluye instituciones con competencias regulatorias en la franja costera, zonas rurales y urbanas costeras, cuencas en la parte baje y media, infraestructura y servicios. En cuanto a legislaciones incluye leyes del agua, de ordenamiento territorial, conservación ambiental, turismo etc.

La zona marítimo-terrestre (ZMT) está regulada por la Ley N.º 6043 y comprende una franja de 200 metros desde la pleamar, dividida en dos partes: los primeros 50 metros como zona pública y los siguientes 150 como zona restringida. Esta zona constituye parte del patrimonio nacional: es inalienable, imprescriptible y de dominio estatal. Su protección es responsabilidad tanto del Estado como de toda la ciudadanía.

Privatización y presiones sobre las costas

Los intentos de modificar el régimen de la ZMT no son hechos aislados. Desde la aprobación de la Ley 6043, han existido múltiples esfuerzos por debilitar su protección, particularmente en momentos de auge inmobiliario y presión de inversionistas privados. Las propuestas para privatizar islas, restringir el acceso a playas y flexibilizar normativas han sido constantes. En el actual contexto de turistificación acelerada y boom inmobiliario —especialmente en Guanacaste y el Pacífico Central— estas presiones se han intensificado. Esto implica el despojo y el desplazamiento de las poblaciones locales, ancestrales y afrodescendientes.

El inicio de la actividad turística ha representado históricamente una tensión en torno a los bienes comunes: agua, tierra y costas han sido acaparadas y disputadas. Este conflicto ha tenido consecuencias incluso en la imagen internacional del país como destino turístico sostenible. Recordamos, por ejemplo, el premio “Diablo Ecológico” otorgado al exministro de Turismo Luis Manuel Chacón (administración Calderón Guardia, 1990-1994), o cuando en 2015 y 2016 Costa Rica fue excluida de la lista de los 10 destinos turísticos más éticos elaborada por Ethical Traveler, una lista que el país encabezó en otras ocasiones.

En 2010, el Centro para el Viaje Sostenible (CREST) presentó un informe detallado sobre el impacto del desarrollo turístico en la costa pacífica de Costa Rica, analizando el “boom” de turismo residencial y de resorts entre 2002 y 2008, facilitado por inversiones estatales en infraestructura como el aeropuerto de Liberia y el Proyecto Papagayo. Este informe, junto con otro realizado por la UCR y el Museo Nacional, fue clave para frenar proyectos que pretendían "guanacastizar" la Península de Osa.

Desde hace más de 30 años, las regiones costeras —especialmente Guanacaste— han enfrentado un cambio profundo y sostenido: el desplazamiento de actividades tradicionales como la pesca artesanal, la agricultura campesina y la ganadería, en favor de proyectos inmobiliarios de alto valor y el avance del megaturismo. Este modelo excluye a las comunidades locales, invisibiliza la cultura autóctona y obstaculiza alternativas propias de desarrollo.

El intento de privatizar nuestras costas no es nuevo, es tan viejo como la lucha contra ALCOA, pero hoy se presenta con más fuerza, disfrazado de nuevos adjetivos y formas. Mientras tanto, las comunidades costeras resisten con dignidad, defendiendo no solo su derecho al territorio, sino también su forma de vida, sus saberes ancestrales y su relación simbiótica con la naturaleza. La lucha por las costas no se reduce únicamente a la defensa de la arena y el mar: es una batalla por la soberanía, el ambiente, la cultura y las formas de vida que han permitido que permanezca. Fueron las mismas razones las que impulsaron a miles de jóvenes y estudiantes a resistir y a sacar del mapa a ALCOA.

Referencias

Hernández, M., y Mora, P. (2022). Institucionalidad costarricense y capacidad de agencia de liderazgos en zonas costeras: Puntos de partida para su incidencia comunal en la política pública [Ponencia en prensa, presentada en el IV Congreso de Extensión. Universidad Nacional de Costa Rica. 2022. Liberia, Guanacaste].

I. Wehrtmann, J. Cortés (eds.). 2009. Marine Biodiverstiy of Costa Rica, Central América. Monographiae biologicae 86, Springer, ISBN 978-1-4020-8277-1, E 95.