Por Mauricio Álvarez Mora.
Lo que ocurre en Yuwi Senaglö, en el territorio Cabécar de China Kichá, no es un hecho aislado ni un simple conflicto legal por la tenencia de la tierra. Es, más bien, una expresión clara de una contradicción profunda: un Estado que, en el papel, reconoce derechos territoriales indígenas, pero que en la práctica actúa en su contra.
Las familias cabécares que iniciaron el proceso de recuperación en setiembre de 2020 no lo hicieron por capricho. Lo hicieron en el marco de un derecho histórico, cultural y jurídico: el derecho colectivo a la tierra territorio. Este derecho no solo está respaldado por la legislación nacional, sino también por instrumentos internacionales que Costa Rica ha suscrito. Sin embargo, frente a esta legitimidad, el aparato institucional responde con medidas cautelares, órdenes de desalojo y silencios administrativos.