Por Mauricio Álvarez Mora.
El asesinato de Sergio Rojas Ortiz no solo marcó a los pueblos originarios de Costa Rica, sino que dejó al descubierto una herida abierta en el Estado de derecho: la incapacidad de garantizar justicia cuando se trata de quienes defienden la tierra, el territorio y la vida. A casi dos años del crimen, la respuesta no ha sido el esclarecimiento, sino la persistencia de la impunidad.
Frente a este escenario, ha emergido algo que merece ser reconocido con toda su dimensión: un amplio y diverso movimiento social que se niega a aceptar el silencio como respuesta. Un pronunciamiento público respaldado por 67 organizaciones nacionales, 8 organizaciones internacionales y 123 personas evidencia que no se trata de una causa aislada, sino de una preocupación compartida por múltiples sectores de la sociedad.
Este esfuerzo colectivo reúne organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, académicas, feministas, sindicales y comunitarias. Desde territorios indígenas hasta universidades públicas, pasando por colectivos culturales, redes internacionales y movimientos sociales, lo que se expresa es una convergencia poco común en el país. No es únicamente la cantidad lo que llama la atención, sino la diversidad de voces que coinciden en una misma exigencia: justicia.
El caso de Sergio Rojas no puede entenderse fuera de su contexto. Líder bribri, defensor de derechos indígenas y protagonista en los procesos de recuperación de tierras en Salitre, vivía bajo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2015. Su asesinato en 2019, pese a estas medidas, evidenció una falla estructural del Estado para proteger a quienes enfrentan conflictos territoriales profundamente arraigados.
Las advertencias internacionales no se hicieron esperar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como instancias de Naciones Unidas, insistieron en la necesidad de una investigación seria, profunda e imparcial. Sin embargo, el paso del tiempo ha estado marcado por la falta de avances significativos, intentos de archivar el caso y situaciones preocupantes como filtraciones de información judicial.
En este contexto, el pronunciamiento colectivo no solo denuncia la impunidad, sino que también cuestiona el manejo institucional del caso. Señala la existencia de condiciones que podrían favorecer el cierre sin justicia de una investigación que, por su naturaleza, debería ser prioritaria para cualquier Estado que se reclame democrático.
Pero más allá de la denuncia, este movimiento también plantea exigencias concretas. Se demanda el respeto al debido proceso, el esclarecimiento del crimen, la sanción a los responsables materiales e intelectuales y garantías reales de protección para los pueblos originarios. Asimismo, se subraya la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, particularmente los conflictos por la usurpación de territorios indígenas.
Hay un elemento central que no puede pasarse por alto: la articulación lograda. En un país donde muchas luchas suelen fragmentarse, este pronunciamiento muestra una capacidad de convergencia que trasciende sectores, disciplinas y territorios. Es un llamado que conecta la defensa de los derechos humanos con la justicia ambiental, la autonomía de los pueblos indígenas y la credibilidad misma de las instituciones.
La impunidad en el caso de Sergio Rojas no es solo una deuda con su familia o con el pueblo bribri. Es una deuda con la sociedad costarricense en su conjunto. Porque cuando un crimen de esta magnitud no se resuelve, lo que está en juego no es únicamente un expediente judicial, sino la confianza en el sistema de justicia y la vigencia real de los derechos humanos.
Este pronunciamiento, respaldado por decenas de organizaciones y más de un centenar de personas, es también una advertencia: la sociedad está observando. Y está dispuesta a seguir vigilante, exigiendo que la institucionalidad pública actúe conforme a los principios que dice defender.
En un país que ha construido su identidad alrededor de la paz y los derechos, la pregunta que queda abierta es inevitable: ¿qué significa esa identidad cuando la justicia no llega para quienes defienden la vida y el territorio?
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