Por Mauricio Álvarez Mora.
Lo que ocurre en Yuwi Senaglö, en el territorio Cabécar de China Kichá, no es un hecho aislado ni un simple conflicto legal por la tenencia de la tierra. Es, más bien, una expresión clara de una contradicción profunda: un Estado que, en el papel, reconoce derechos territoriales indígenas, pero que en la práctica actúa en su contra.
Las familias cabécares que iniciaron el proceso de recuperación en setiembre de 2020 no lo hicieron por capricho. Lo hicieron en el marco de un derecho histórico, cultural y jurídico: el derecho colectivo a la tierra territorio. Este derecho no solo está respaldado por la legislación nacional, sino también por instrumentos internacionales que Costa Rica ha suscrito. Sin embargo, frente a esta legitimidad, el aparato institucional responde con medidas cautelares, órdenes de desalojo y silencios administrativos.
Resulta particularmente preocupante que el sistema judicial insista en desalojar a quienes recuperan su propio territorio, mientras se tolera e incluso se protege la presencia de personas no indígenas que lo ocupan ilegalmente. La imagen de una casa resguardada por la Fuerza Pública, donde permanece atrincherado un ocupante no indígena, sintetiza esta inversión de la justicia: el resguardo estatal no protege derechos históricos, sino hechos consumados.
A esto se suman irregularidades procesales que no pueden pasarse por alto. Notificaciones incompletas, incidentes de nulidad sin resolver, y cuestionamientos sobre la imparcialidad del juzgador dibujan un escenario donde el debido proceso parece diluirse. No se trata solo de un conflicto territorial, sino de una crisis de confianza en las instituciones encargadas de garantizar justicia.
El papel del Poder Ejecutivo tampoco escapa a la crítica. La reiterada solicitud de declarar la vulnerabilidad social del desalojo, un mecanismo previsto precisamente para evitar daños irreparables en contextos sensibles, ha sido ignorada o dilatada. Tres meses de espera no son un simple trámite burocrático: son tiempo en el que crece la incertidumbre, el riesgo y la tensión en una comunidad históricamente vulnerabilizada.
Lo más grave es que este caso refleja una lógica estructural. Cuando el Estado no actúa para sanear territorios indígenas, cuando no ejecuta desalojos administrativos contra ocupantes ilegales, y cuando responde con fuerza a quienes ejercen procesos de recuperación, lo que se consolida es un mensaje peligroso: los derechos indígenas existen, pero no se garantizan.
Yuwi Senaglö interpela directamente al modelo democrático costarricense. ¿Qué significa hablar de Estado de derecho cuando los pueblos originarios deben recurrir a la recuperación territorial para hacer efectivos sus derechos? ¿Qué tipo de legalidad se defiende cuando se prioriza la propiedad de facto sobre la justicia histórica?
La paz social que se invoca no puede construirse sobre desalojos injustos ni sobre la negación de derechos. Requiere decisiones políticas claras: garantizar la integridad territorial indígena, actuar contra la ocupación ilegal y asegurar procesos judiciales transparentes e imparciales.
Lo que está en juego en Yuwi Senaglö no es solo un territorio. Es la credibilidad del Estado frente a los pueblos indígenas, y la posibilidad de construir una justicia que no sea selectiva, sino verdaderamente inclusiva.
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