Por Mauricio Álvarez Mora, Docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales en la UCR y IDELA-UNA
La reciente aprobación de una moratoria municipal sobre la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal marca un paso importante en la defensa ambiental del cantón de Puntarenas. La decisión, adoptada de forma unánime por el Concejo Municipal, surge como respuesta a la creciente presión extractiva sobre la cuenca y a las preocupaciones expresadas por comunidades organizadas, que han advertido sobre los posibles impactos en el recurso hídrico, la biodiversidad y los medios de vida. Sin embargo, se trata de una medida que apenas inicia su recorrido institucional, ya que deberá someterse a consulta pública y posteriormente ser ratificada, por lo que no constituye aún una resolución definitiva.
El 27 de abril de 2026, en la sesión
extraordinaria N.° 171, el Concejo Municipal Puntarenense aprobó la moción
que plantea la declaratoria de moratoria sobre la extracción mecanizada de
material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes dentro del cantón
central.
Esta solicitud había sido presentada
desde noviembre anterior por comunidades vinculadas al Corredor Biológico Pájaro Campana, junto con
organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS.
Estos actores han insistido en la necesidad de tomar medidas preventivas ante
el avance de las actividades extractivas en la zona.
La iniciativa establece que se trata de una
medida preventiva de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y tutela
ambiental, fundamentada en la existencia de un riesgo razonable de daños graves
o irreversibles al ambiente, al agua, a la salud pública y a los medios de vida
de las comunidades. En consecuencia, se dispone la suspensión inmediata de
cualquier trámite municipal relacionado con permisos, concesiones o
autorizaciones para este tipo de extracción, mientras la moratoria se mantenga
vigente.
No obstante, por tratarse de una disposición de
carácter general, deberá seguir el procedimiento de consulta pública
establecido en el artículo 43 del Código Municipal. Esto implica una primera
publicación en el diario oficial La Gaceta, tras la cual se abrirá un plazo de
diez días hábiles para recibir observaciones de personas y organizaciones
interesadas. Posteriormente, estas serán analizadas por la Comisión Municipal
de Ambiente, que deberá emitir un criterio técnico y jurídico.
Una vez concluido este proceso, se realizará una
segunda publicación y el Concejo Municipal deberá decidir si ratifica la
medida. De aprobarse de forma definitiva, la moratoria tendría una vigencia de
24 meses, con posibilidad de prórroga, y solo podría levantarse si existen
estudios técnicos que demuestren la ausencia de daños graves, junto con
garantías claras de protección del recurso hídrico y del bienestar de las
comunidades.
La moción contempla excepciones en casos de
emergencia, cuando la extracción de material sea necesaria para atender
situaciones de riesgo inmediato, siempre que exista justificación técnica y se
apliquen medidas de mitigación ambiental.
Además, se solicitó a la Alcaldía Municipal la
elaboración de un informe técnico en un plazo máximo de dos meses, cuyos
resultados deberán ponerse a disposición del Concejo y del público.
El regidor Mario Rodríguez Morales indicó que la
propuesta responde directamente a una solicitud de las comunidades y que cuenta
con respaldo jurídico. También señaló la importancia de promover un uso más
responsable del recurso hídrico y aseguró que los derechos de las personas que
puedan verse afectadas serán considerados dentro del proceso de consulta
pública.
Durante la misma sesión se discutió una segunda
moción, presentada por el regidor Gerardo Zúñiga Zúñiga, orientada a fortalecer
la regulación y planificación de la extracción de materiales en cauces de
dominio público.
Esta propuesta plantea que la Municipalidad no
promueva nuevas extracciones sin contar previamente con estudios técnicos sobre
la capacidad de carga ambiental e hidráulica. Asimismo, instruye la elaboración
de un inventario cantonal actualizado que detalle los cauces, su ubicación, los
materiales extraídos, los volúmenes autorizados y el estado de cumplimiento de
las concesiones.
También establece que cualquier nueva solicitud
deberá contar con estudios de viabilidad y coordinación con las instancias
técnicas correspondientes, además de reforzar la fiscalización mediante
inspecciones periódicas.
El alcalde Randall Chavarría Matarrita señaló que
estas acciones responden a una preocupación institucional por la explotación
excesiva en varios ríos del cantón. En ese sentido, se ordenó supervisar las
concesiones existentes en los ríos Barranca, Aranjuez y Seco.
La cuenca del río Guacimal enfrenta actualmente
una fuerte presión por actividades extractivas. Existen unas once solicitudes
de concesión minera en cauce para la extracción de piedra y arena entre los
sectores de Guacimal y Chomes. De estas, dos ya están en operación y el resto
se encuentra en trámite, lo que implicaría cerca de 20 kilómetros de extracción
casi continua, es decir, más de la mitad del río.
A esta situación se suma un proyecto impulsado
por la empresa WSP Constructora S.A., que busca instalar un quebrador y una
planta de concreto en una finca cercana al río, además de gestionar una
concesión para extraer material del cauce. Este proyecto ha generado
preocupación en las comunidades, que
recientemente solicitaron la anulación de su viabilidad ambiental por
posibles inconsistencias técnicas.
El río Guacimal es fundamental para la seguridad
hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, ya que muchas
fuentes y pozos dependen directamente de este sistema. Además, su cuenca forma
parte de un corredor biológico estratégico que conecta ecosistemas de montaña
con manglares costeros, lo que favorece la biodiversidad y la movilidad de
especies, algunas de ellas en condición de amenaza.
También cumple un papel importante en la economía
local y en el equilibrio ecológico del Golfo de Nicoya, por lo que cualquier
intervención en su cauce puede generar efectos acumulativos en todo el sistema.
Más allá de su carácter temporal y del proceso
que aún debe completarse, esta moratoria abre una discusión necesaria sobre los
límites de la explotación de los bienes naturales y sobre cómo se toman las
decisiones en territorios ambientalmente sensibles. En una región donde los
ríos sostienen tanto ecosistemas como comunidades, el desafío será que este
proceso en curso se traduzca en decisiones informadas y en políticas sostenidas
que garanticen la protección del agua y de espacios clave como el Corredor Biológico Pájaro Campana, frente a
presiones que siguen creciendo.
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