Extractivismo minero en Mesoamérica: una disputa por los territorios, la democracia y la vida

Por Mauricio Álvarez Mora.

Centroamérica atraviesa un nuevo ciclo de expansión minera impulsado por el aumento global en la demanda de minerales, especialmente el oro, el cobre y otros considerados estratégicos para la llamada transición energética. En un contexto de incertidumbre económica y conflictos internacionales, el oro vuelve a posicionarse como un activo de refugio para los mercados financieros, mientras las grandes economías buscan asegurar el acceso a minerales críticos. Esta dinámica global está intensificando la presión extractiva sobre los territorios mesoamericanos y reconfigurando viejos conflictos por el control de la naturaleza.

Los datos muestran la dimensión de este fenómeno. Aunque la minería apenas representa entre un uno y un tres por ciento del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países centroamericanos, su huella territorial es enorme. Más de 4,5 millones de hectáreas se encuentran bajo solicitud de concesión minera en la región, una superficie equivalente a casi todo el territorio de Costa Rica. Buena parte de estas concesiones se ubican en territorios indígenas, bosques, áreas protegidas y zonas estratégicas para la producción y recarga de agua.

La narrativa oficial insiste en presentar la minería como una vía para atraer inversión, generar empleo y resolver los problemas económicos de la región. Sin embargo, la experiencia centroamericana demuestra que detrás de esa promesa suelen aparecer conflictos sociales, contaminación de fuentes de agua, deforestación, pérdida de biodiversidad y profundización de las desigualdades territoriales. Los beneficios económicos se concentran en pocas manos, mientras las comunidades asumen los costos ambientales y sociales durante décadas.

Los casos de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador muestran distintas expresiones de un mismo modelo. En El Salvador, donde más del noventa por ciento de las aguas superficiales ya presentan algún grado de contaminación, la decisión de revertir la histórica prohibición de la minería metálica vuelve a poner en riesgo la cuenca del río Lempa, principal fuente de agua para más de la mitad de la población. En Honduras continúan expandiéndose las concesiones en territorios con fuerte estrés hídrico; Guatemala concentra miles de hectáreas concesionadas en zonas de alta vulnerabilidad climática; mientras que Nicaragua ha convertido el oro en su principal producto de exportación mediante una acelerada expansión de concesiones, incluso dentro de áreas protegidas.

Pero reducir esta discusión únicamente a los impactos ambientales sería un error. La expansión del extractivismo también implica transformaciones profundas en la forma en que se ejerce el poder. En distintos países de la región, el avance de la minería ha estado acompañado por procesos de concentración política, debilitamiento de los controles institucionales, reformas legales favorables a las empresas extractivas y crecientes restricciones a la participación ciudadana. El modelo extractivo necesita, con frecuencia, instituciones menos capaces de controlar, fiscalizar y garantizar derechos.

No es casual que muchas de las personas que hoy lideran la defensa del agua y de los territorios enfrenten procesos de criminalización, persecución judicial, amenazas o exilio. Defender un río, un bosque o una comunidad se ha convertido, en muchos casos, en una actividad de alto riesgo. Quienes cuestionan los proyectos extractivos suelen ser presentados como enemigos del desarrollo, obstaculizadores de la inversión o actores políticos incómodos para gobiernos cada vez más autoritarios.

Este vínculo entre extractivismo y autoritarismo quedó claramente reflejado en el reciente programa Voces y Política, donde participaron Amaru Ruiz Alemán, biólogo, investigador y activista nicaragüense de la Fundación del Río, y Amalia López, ecofeminista y defensora de derechos humanos de El Salvador. Ambos conversaron desde Costa Rica, país donde hoy viven en condición de exilio debido a la persecución política que han enfrentado en sus respectivos países. Su presencia constituye, por sí misma, un testimonio de que la defensa del ambiente en Centroamérica ya no solo implica enfrentar empresas extractivas, sino también regímenes políticos que restringen libertades y criminalizan la organización social.

Costa Rica tampoco permanece al margen de estas presiones. Aunque desde 2010 la minería metálica a cielo abierto está prohibida, el caso de Crucitas ha reabierto un debate que ya se ha vivido en otros países de la región. Los argumentos sobre empleo, desarrollo, control de la minería ilegal o aprovechamiento de los altos precios del oro son muy similares a los utilizados en Nicaragua, Panamá o El Salvador. Por ello, mirar la experiencia centroamericana no significa observar problemas ajenos, sino anticipar escenarios que podrían profundizarse también en nuestro país.

La principal lección que deja Mesoamérica es que el extractivismo no puede analizarse únicamente desde la economía o la geología minera. Se trata de una disputa por el agua, los territorios, la democracia y los derechos humanos. Allí donde avanza la minería sin controles efectivos, suelen retroceder la participación ciudadana, la protección ambiental y las garantías para quienes defienden los bienes comunes.

Para quienes deseen profundizar en este debate, el programa completo de Voces y Política reúne las reflexiones de Amaru Ruiz Alemán y Amalia López sobre el avance de la minería en la región, las resistencias comunitarias y la relación cada vez más evidente entre extractivismo, autoritarismo y criminalización de las personas defensoras ambientales. Sus testimonios ofrecen una mirada imprescindible para comprender hacia dónde podría dirigirse Centroamérica si continúa profundizando este modelo de desarrollo.