Por Mauricio Álvarez Mora.
En abril del 2002, una comisión legislativa investigadora puso sobre la mesa una de las críticas más contundentes al manejo del sector eléctrico en Costa Rica. El señalamiento central resulta difícil de ignorar: el Instituto Costarricense de Electricidad se vio obligado a comprar energía a generadores privados, a pesar de tener en sus propias plantas una disponibilidad que superaba las necesidades del país.
La comisión fue instalada para indagar los contratos de compra de energía suscritos por el ICE con generadores privados. Estuvo integrada por los exdiputados Luis Fishman, Carlos Salas, José Merino del Río, Guillermo Cónstenla y Juvenal Cambronero. Durante su labor, escuchó las declaraciones de 39 personas y analizó diversos documentos, construyendo un panorama detallado de las decisiones que marcaron la relación entre el instituto y las empresas privadas.
