Por Mauricio Álvarez Mora.
En abril del 2002, una comisión legislativa investigadora puso sobre la mesa una de las críticas más contundentes al manejo del sector eléctrico en Costa Rica. El señalamiento central resulta difícil de ignorar: el Instituto Costarricense de Electricidad se vio obligado a comprar energía a generadores privados, a pesar de tener en sus propias plantas una disponibilidad que superaba las necesidades del país.
La comisión fue instalada para indagar los contratos de compra de energía suscritos por el ICE con generadores privados. Estuvo integrada por los exdiputados Luis Fishman, Carlos Salas, José Merino del Río, Guillermo Cónstenla y Juvenal Cambronero. Durante su labor, escuchó las declaraciones de 39 personas y analizó diversos documentos, construyendo un panorama detallado de las decisiones que marcaron la relación entre el instituto y las empresas privadas.
Entre las principales denuncias se encuentra la planteada por José Merino del Río sobre un sobreprecio de 9.500 millones de colones pagado por el ICE en favor de empresas hidroeléctricas privadas. A esto se suma la señalada complacencia de autoridades estatales, directivos del propio instituto y el posible tráfico de influencias de un expresidente de la República. Según el informe, ese monto adicional fue pagado entre 1993 y el 2000 a empresas cogeneradoras eléctricas, con base en datos del propio ICE, líderes sindicales y la Contraloría General de la República.
Las cifras resultan reveladoras. El ICE pagó 53.832 millones de colones a 29 empresas privadas de generación eléctrica, dentro de los cuales se identificó un sobreprecio que representa el 17,5% del total. Sin embargo, el propio informe advierte que no se logró cuantificar otros posibles sobreprecios derivados de irregularidades como errores en el cálculo del costo evitado entre 1990 y 1995, aumentos autorizados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos superiores a los solicitados por el ICE, o los privilegios del consorcio CONELECTRICAS, que vende electricidad cara y luego la adquiere del instituto a un precio casi 50% menor.
Uno de los elementos más críticos señalados por la comisión es la eliminación de la llamada cláusula nocturna, que permitía al ICE decidir si compraba energía a productores privados durante la noche, entre agosto y noviembre de cada año. Esta cláusula fue derogada por la Junta Directiva del Servicio Nacional de Electricidad, en una decisión que, según los diputados, representó un golpe directo a la institución.
La Contraloría General de la República fue clara al respecto. Indicó que esta situación provocó que, durante la madrugada de los meses lluviosos de 1996, el ICE vertiera agua sin turbinar proveniente de sus embalses, mientras compraba energía a generadores privados, aun cuando contaba con suficiente capacidad instalada. Es decir, se desaprovecharon recursos propios mientras se adquiría energía externa en condiciones menos favorables.
El informe también profundiza en el papel de las cooperativas eléctricas y su relación con el ICE. Un consorcio de tres cooperativas, junto con COOPELESCA R.L., vende energía al instituto a un precio promedio de 0.06 dólares por kilovatio hora. Sin embargo, estas cooperativas no producen energía, sino que la compran al propio ICE para distribuirla en regiones como Los Santos, Alfaro Ruiz y varios cantones de Guanacaste. Durante su comparecencia, representantes de cooperativas como COOPESANTOS, COOPEGUANACASTE y COOPEGUALFARO indicaron que compran energía al ICE a un precio menor, mientras participan en esquemas donde los precios de venta resultan significativamente más altos.
Los datos del propio ICE refuerzan esta contradicción. En el año 2000, la institución compró energía a CONELECTRICAS a 21.89 colones por kilovatio hora, mientras la vendía a cooperativas a 10.89 colones. En 2001, el precio de compra fue de 27.47 colones y el de venta de 16.61. Además, entre 1997 y el 2000, la planta San Lorenzo de CONELECTRICAS vendió energía al ICE por más de 5.500 millones de colones.
Ante este panorama, el legislador José Merino del Río solicitó sanciones políticas contra figuras clave como Hernán Bravo, exministro de Energía y Minas; Hernán Fournier y Teófilo de la Torre, expresidentes ejecutivos del ICE; y Leonel Fonseca, exdirector del Servicio Nacional de Electricidad y posteriormente regulador general de ARESEP. Las responsabilidades señaladas incluyen la aprobación de contratos tipo, la ratificación de fórmulas de ajuste tarifario y la falta de acciones para corregir errores en la estimación del costo evitado.
Asimismo, se plantea la necesidad de llamar la atención al expresidente José María Figueres Olsen por gestiones orientadas a favorecer cambios en la fórmula de ajuste tarifario de proyectos hidroeléctricos como Don Pedro y Volcán, en función de las necesidades financieras de las empresas y no conforme a la ley.
Lo que expone este informe no es únicamente un conjunto de irregularidades técnicas, sino una estructura de decisiones que terminó debilitando al ICE. La paradoja de tener capacidad suficiente y aun así comprar energía más cara a privados resume el problema de fondo. Este episodio deja una lección clara sobre la importancia de resguardar el interés público en la gestión de recursos estratégicos y de evitar que decisiones políticas o administrativas desvirtúen el papel de una institución clave para el país.
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