El sector piñero y el Gobierno deben explicaciones a la sociedad costarricense
Ninguna otra actividad es tan rentable como la piñería –minería de suelos, explotación de trabajadores y contaminación–. Sus ventas generaron $743 millones de dólares en 2011 y emplea a 20.000 personas. La pregunta obligada es: ¿adónde va esta riqueza? ¿Cuáles son sus impuestos y quién está soportando los impactos o externalidades ?
Origen de una moratoria para defender el territorio
Durante las últimas tres décadas, el cultivo industrial de la piña se consolidó como uno de los principales motores de las exportaciones agrícolas de Costa Rica. Este crecimiento estuvo acompañado por una rápida expansión territorial, particularmente en la Región Huetar Caribe, donde amplias superficies destinadas anteriormente a bosques secundarios, pastizales y otros usos agropecuarios fueron transformadas en monocultivos intensivos. Aunque esta actividad generó importantes ingresos económicos para el país, también produjo crecientes conflictos socioambientales relacionados con el uso intensivo de agroquímicos, la contaminación de fuentes de agua, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y los impactos sobre la salud de las comunidades vecinas (Consejo Universitario, 2008).
El gobierno anunció recientemente la des-nacionalización del Diquís al “recomendar” otro esquema de inversión. Luego de invertir un 4,5% del valor de total de la obra –unos 100 millones de dólares- aprovecharon la coyuntura de crisis para desinflarle la nacionalidad al proyecto.
La discusión sobre el desarrollo hidroeléctrico en Costa Rica suele presentarse como un debate entre producción energética y protección ambiental. Sin embargo, en territorios donde se encuentran las principales zonas de recarga acuífera del país, la pregunta fundamental no debería ser únicamente cuánta electricidad puede producir un proyecto, sino cuáles son los costos ecológicos, sociales y territoriales asociados a intervenir sistemas hídricos estratégicos.
El caso de la Urbanización La Perla, evaluado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) bajo el expediente D1-8223-12, permite reflexionar sobre los límites del actual modelo de evaluación ambiental en Costa Rica y sobre la forma en que se entiende el desarrollo de viviendas. Según el expediente, el proyecto fue presentado por la empresa Constructora ECKSTROM S.A., con el objetivo de construir 76 viviendas en un terreno de aproximadamente 24.235 metros cuadrados.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
