Por Mauricio Álvarez Mora.
El gobierno anunció recientemente la des-nacionalización del Diquís al “recomendar” otro esquema de inversión. Luego de invertir un 4,5% del valor de total de la obra –unos 100 millones de dólares- aprovecharon la coyuntura de crisis para desinflarle la nacionalidad al proyecto.
La decisión de restringir el endeudamiento no es nueva (Huelga, 2003) ni la intensión de entregar los megaproyectos a las trasnacionales como se intentó en el PH Siquirres (vía Ley N° 8660). Lo nuevo es el contexto de un gobierno sin legitimidad que se apresta a terminar su periodo “electrocutándose” aun más políticamente.
En términos prácticos la decisión sobre PH Diquís significa entregar a las trasnacionales una de las mejores tajadas del proyecto mientras al ICE le tocará la parte “sucia” del trabajo de lidiar con la resistencia social y los impactos ambientales, la consulta a las comunidades indígenas y lograr un consenso nacional.
Al mismo tiempo están creando las condiciones favorables –miedo- para terminar de festinar los restos del sector eléctrico que incluyen los proyectos que en términos de corto plazo son los que requieren más inversión de lenta recuperación pero en el marco de exportar a la región se vuelven muy lucrativos. Para ello políticos-empresarios siguen utilizando la estrategia de crear una crisis-miedo (“la doctrina del Shock”,Naomi Klein. 2007) para aprobar medidas y proyectos de privatización eléctrica en la Asamblea Legislativa.
Para consolidar el escenario -gobierno y los medios de desinformación- comparan la crisis financiera en el ICE con la Seguridad Social para proponer medidas de contingencia como el aumento de la exportación de electricidad y recortes que implica movilidad laboral.
Desde el año pasado intentaron revivir el fantasma de los apagones para luego tratar de vender la Ley de Contingencia Eléctrica (Exp. N°18.093) que aumenta la producción privada a un 50 %. Abriendo un “mercado del gran consumidor” que entregaría a generadores privados los grandes clientes de las cooperativas eléctricas. Mientras la ley de electricidad (Exp. N° 17.812) sustituiría el modelo actual por uno privado, de aparente de libre mercado, a costa del ICE y la inversión nacional de décadas.
Otra acción del gobierno es reactivar -sin ninguna discusión o fundamento sobre la conveniencia socio-económica - un nuevo proceso de selección de proyectos para comprar 140 megavatios (MW) a los generadores privados amparados en la polémica ley 7200 que permitió a políticos-empresarios apoderarse del 15 % del mercado de electricidad con un sobreprecio con el que han venido debilitando al ICE y nuestro bolsillo en los últimos 20 años.
Este gobierno convirtió en el mayor productor de electricidad privado del país a la transnacional española Fenosa al otorgarle nuevamente un proyecto Torito (50 MW) aprovechando la Ley 7508 hecha a la medida de las transnacionales. Que pasó con la investigación (Fiscalía de Delitos Económicos) sobre un “premio” por ¢25 millones recibido por el exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo del exdiputado socialcristiano Gerardo Bolaños, vinculado con el la adjudicación del proyecto hidroeléctrico La Joya en el 2000 a FENOSA.? (Al Día, 2/ 12/2004)
La otra medida sin mayor consenso o discusión es generalizar la exportación de electricidad a gran escala para ello se realizó la mega inversión (US$494 millones) de interconexión eléctrica (SIEPAC) y se habla abiertamente que la exportación como “conveniencia nacional” independientemente de quien lo haga (Costa Rica Hoy, 2/7/2012).
Subyace aún la discusión de como entregar la exportación de electricidad a los generadores privados y disimular la entrega de la inversión nacional del SIEPAC al estilo de las Telecomunicaciones sin un peaje que incluya los costos reales. Según ASDEICE son unos ¢300 mil millones perdidos por el ICE, al dejar estipulado en TLC los peajes de interconexión en precios a “costo base”.
El ambiente y las comunidades correrán con la mayoría de los costos necesarios para la exportación de energía; mientras, las ganancias serán para las empresas trasnacionales como Endesa socia del proyecto SIEPAC y al banca multinacional. Consolidar la exportación de energía, sin una amplia discusión al respecto, ocasionaría graves impactos socio-ambientales y es una amenaza directa a la soberanía energética del país pues explotará cuencas estratégicos en el futuro.
Sin dar el banderazo oficial para la exportación y el aumento de la inversión privada se esta creando todas las condiciones de un mega-conflicto social por el posicionamiento de transnacionales, privados, cooperativas y empresas de Servicios públicos en pequeñas cuencas con proyectos descartados – razones socio-ambientales y económicas- por el ICE en Upala, La Tigra, San Ramón, Guácimo, Parismina, Chachagua, Pococí, Rio Blanco etc.
Los políticos-empresarios están llevando al ICE a un escenario de alto riesgo para su supervivencia. Están poniendo todos los huevos en la misma canasta y se aprestan a patearla. El proyecto Diquís va ser el precedente para abrir a la generación eléctrica a las comunidades indígenas y la inversión de transnacionales en la construcción de otros polémicos proyectos (Pacuare, Savegre,). Pero si por la víspera se saca el día Diquís no vera la luz ya como un proyecto nacional y se apagara al estilo Crucitas!
Publicado en:
https://www.diarioextra.com/2012/agosto/07/opinion8.php
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