Represas privadas en Guácimo: cuando la generación eléctrica amenaza una de las reservas hídricas estratégicas de Costa Rica
La discusión sobre el desarrollo hidroeléctrico en Costa Rica suele presentarse como un debate entre producción energética y protección ambiental. Sin embargo, en territorios donde se encuentran las principales zonas de recarga acuífera del país, la pregunta fundamental no debería ser únicamente cuánta electricidad puede producir un proyecto, sino cuáles son los costos ecológicos, sociales y territoriales asociados a intervenir sistemas hídricos estratégicos.
El Proyecto Hidroeléctrico Parismina representa nuevamente esta tensión en el cantón de Guácimo, Limón. La iniciativa privada plantea la construcción de dos presas, una sobre el río Parismina y otra sobre el río Parisminita, con un sistema de captación y conducción de aguas hacia un embalse y posteriormente hacia una casa de máquinas mediante tuberías. Además, requiere caminos de acceso, líneas de transmisión eléctrica y una subestación. Aunque el proyecto cuenta con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), su desarrollo ha generado una fuerte oposición comunitaria debido a sus posibles impactos sobre una zona considerada estratégica para la seguridad hídrica nacional (SETENA, expediente N.° 474-98).
El conflicto alrededor del Proyecto Hidroeléctrico Parismina no es reciente. Durante más de dos décadas, distintas iniciativas hidroeléctricas han intentado instalarse en esta región, enfrentando oposición comunitaria, acuerdos municipales y cuestionamientos sobre la compatibilidad entre este tipo de proyectos y la protección de los acuíferos de Guácimo y Pococí.
La historia de este territorio demuestra que la defensa del agua no responde a una oposición general al desarrollo, sino a una visión distinta sobre el futuro de la región: una donde la conservación de las fuentes hídricas, los ecosistemas y las actividades económicas locales tengan prioridad frente a proyectos extractivos de corto plazo.
Guácimo: una reserva estratégica de agua para Costa Rica
La importancia ambiental de esta zona radica en su función como área de recarga acuífera. Según estudios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la región ubicada al sur de la carretera nacional N.° 32, entre Río Frío y Siquirres, constituye potencialmente la segunda zona de mayor producción de agua del país y una reserva estratégica actual y futura para el abastecimiento hídrico nacional (Bermúdez, 2004).
Esta condición explica por qué muchas de las principales luchas socioambientales de Guácimo y Pococí han estado relacionadas con la defensa del agua frente a actividades que podrían comprometer su calidad, cantidad y continuidad. La protección de esta zona no responde únicamente a intereses locales, sino a la necesidad nacional de preservar uno de los principales sistemas de abastecimiento hídrico del país.
Ante esta realidad, diferentes instituciones y organizaciones han impulsado mecanismos de protección territorial. La Municipalidad de Guácimo promovió un Plan Regulador —aún pendiente de aprobación— que excluye los proyectos hidroeléctricos en determinadas zonas sensibles. Además, el Estado estableció diferentes figuras de protección mediante decretos ejecutivos, entre ellos la creación de áreas protectoras asociadas a la Cordillera Volcánica y la Zona Protectora Acuíferos de Guácimo y Pococí (Decreto Ejecutivo N.° 4961-A; Decreto Ejecutivo N.° 17390-MAG; Decreto Ejecutivo N.° 18075-MAG-MIRENEM).
Estas medidas reflejan un reconocimiento institucional de que existen territorios donde la prioridad debe ser garantizar la protección del recurso hídrico antes que promover nuevas formas de aprovechamiento económico.
La voz ciudadana: un plebiscito que marcó la defensa del territorio
Uno de los elementos más importantes en esta historia es la participación ciudadana. En octubre de 2001, la Municipalidad de Guácimo convocó a un plebiscito, amparado en el Código Municipal y organizado con participación del Tribunal Supremo de Elecciones, para consultar a la población sobre la posibilidad de permitir actividades como proyectos hidroeléctricos, minería, tajos, canteras, quebradores y otras actividades económicas dentro de la Zona Protectora de los Acuíferos de Guácimo (Municipalidad de Guácimo, 2001).
La respuesta ciudadana fue contundente: de las 4.639 personas participantes, un 97,3 % votó en contra de permitir este tipo de actividades dentro de la zona protegida, mientras solamente un 2,7 % votó a favor (Municipalidad de Guácimo, 2001).
Este resultado se convirtió en un mandato político local y fue utilizado posteriormente por la Municipalidad para negar permisos relacionados con proyectos hidroeléctricos, incluyendo la iniciativa Hidroverde. Más allá del resultado electoral, el plebiscito expresó una concepción colectiva del territorio: el agua debía entenderse como un patrimonio común y no únicamente como un recurso económico susceptible de explotación.
Moratoria y planificación territorial: una decisión basada en estudios técnicos
La posición de la Municipalidad de Guácimo no se limitó al plebiscito. Posteriormente, el Concejo Municipal aprobó acuerdos orientados a restringir actividades consideradas incompatibles con la protección del acuífero. Entre ellos destaca el acuerdo municipal de moratoria vigente desde 2008 y ratificado posteriormente, basado en estudios técnicos que advertían sobre la fragilidad y vulnerabilidad de la zona ante actividades como monocultivos intensivos y proyectos hidroeléctricos (Municipalidad de Guácimo, 2012).
La moratoria estableció restricciones para la expansión piñera y para proyectos hidroeléctricos sobre cauces de ríos y quebradas en la parte sur del cantón, particularmente en zonas ubicadas más allá de un kilómetro de la Ruta Nacional N.° 32 (Municipalidad de Guácimo, 2012).
Estas decisiones municipales evidencian un conflicto entre dos modelos de desarrollo. Por un lado, una visión que concibe los territorios rurales como espacios disponibles para nuevos proyectos productivos; por otro, una visión territorial que reconoce la importancia ecológica estratégica de determinados lugares y establece límites al aprovechamiento económico.
Una zona de protección hídrica incompatible con actividades de alto impacto
La discusión sobre el Proyecto Hidroeléctrico Parismina no puede separarse de los antecedentes institucionales que han reconocido la particular fragilidad ecológica de esta región. En una investigación desarrollada por la Defensoría de los Habitantes sobre proyectos hidroeléctricos dentro de zonas de recarga acuífera, se concluyó que las características ambientales de la Zona Protectora Acuíferos de Guácimo y Pococí resultaban incompatibles con actividades que generaran impactos capaces de poner en riesgo la cantidad y calidad del recurso hídrico.
La Defensoría señaló que, dadas las condiciones ecológicas del territorio, no resultaba viable promover actividades de uso directo o indirecto que pudieran comprometer la integridad de los sistemas acuíferos y la disponibilidad futura del agua (Defensoría de los Habitantes, 2001). Este criterio resulta fundamental porque plantea una discusión que trasciende el análisis puntual de cada proyecto: existen territorios donde la protección ambiental no debe entenderse como una medida complementaria, sino como la condición principal para cualquier decisión de desarrollo.
En este sentido, el debate sobre el Proyecto Hidroeléctrico Parismina no debería reducirse a determinar si técnicamente puede implementarse una serie de medidas de mitigación. La pregunta central es si un proyecto de esta naturaleza es compatible con la función ecológica estratégica que cumple este territorio.
El regreso de la generación privada y la disputa por el modelo energético
El conflicto alrededor del Proyecto Hidroeléctrico Parismina ocurre en un contexto más amplio: la reactivación de la generación privada de electricidad en Costa Rica. Durante años, distintos sectores institucionales y sociales han cuestionado los efectos de ampliar la participación privada en la generación eléctrica, especialmente cuando esta expansión ocurre sin una planificación integral del uso del agua y sin resolver las tensiones existentes entre producción energética y protección de cuencas.
El Programa Estado de la Nación advertía que uno de los principales desafíos ambientales del país era precisamente la falta de una adecuada planificación territorial y de mecanismos efectivos para ordenar los usos del agua frente a diferentes demandas económicas (Programa Estado de la Nación, 2004). Esta problemática continúa vigente: los conflictos por el acceso y uso del recurso hídrico han aumentado en diferentes regiones del país, particularmente cuando proyectos productivos compiten con necesidades comunitarias de abastecimiento y conservación.
La discusión energética no puede limitarse a la cantidad de megavatios producidos. Una política energética sostenible debe considerar dónde se generan esos recursos, cuáles ecosistemas son intervenidos y quiénes asumen los costos ambientales y sociales de esas decisiones.
La Universidad de Costa Rica ha señalado preocupaciones similares frente a iniciativas legislativas orientadas a aumentar la participación privada en generación eléctrica. En sus análisis, la institución cuestionó que estos procesos pudieran reducir el papel estratégico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sin resolver aspectos fundamentales relacionados con tarifas, costos y planificación energética (Universidad de Costa Rica, 2011).
Además, la UCR señaló que pequeños proyectos privados no necesariamente constituyen una solución estructural para la seguridad energética del país, debido a que Costa Rica requiere fuentes firmes de generación capaces de garantizar electricidad durante todo el año, no únicamente en períodos específicos de disponibilidad hídrica (Universidad de Costa Rica, 2011).
Desde esta perspectiva, la construcción de nuevas represas privadas en zonas ambientalmente sensibles plantea una pregunta fundamental: ¿estamos resolviendo una necesidad energética nacional o trasladando los costos ambientales a territorios rurales con alta importancia ecológica?
La ausencia de participación comunitaria: una deuda del proceso ambiental
Uno de los principales cuestionamientos planteados por las comunidades alrededor del Proyecto Hidroeléctrico Parismina fue la falta de participación efectiva durante el proceso de evaluación ambiental.
Aunque la SETENA aprobó la viabilidad ambiental del proyecto, las comunidades señalaron que no se realizó una audiencia pública con las personas potencialmente afectadas. Para los habitantes, esto representó una limitación importante, considerando que el proyecto tendría efectos directos sobre ríos utilizados por comunidades locales, acueductos rurales y actividades económicas vinculadas al turismo (SETENA, expediente N.° 474-98).
En reuniones realizadas en las comunidades de La Colina y en la Municipalidad de Guácimo en octubre de 2012, vecinos, organizaciones ambientales, grupos de mujeres, asociaciones de desarrollo, representantes de acueductos comunales (ASADAS), microempresas turísticas y representantes municipales expresaron su oposición al proyecto.
Los argumentos presentados se fundamentaron en varios elementos:
- el resultado vinculante del plebiscito municipal;
- los acuerdos de protección del recurso hídrico;
- la zonificación propuesta en el Plan Regulador;
- la importancia ecológica de los ríos Parismina y Parisminita;
- y la voluntad comunitaria de proteger el agua para las futuras generaciones.
Las organizaciones comunitarias cuestionaron además que durante aproximadamente 15 años de gestión del proyecto no se hubiera realizado un proceso de diálogo previo con las poblaciones afectadas. Según una carta enviada a SETENA por representantes comunales, la comunidad fue informada cuando el proyecto ya contaba con viabilidad ambiental aprobada y cuando sus promotores indicaban que estaban listos para iniciar las obras (Representantes comunales de Guácimo, 2012).
Este tipo de situaciones evidencia una limitación frecuente de los procesos de evaluación ambiental: la participación ciudadana suele aparecer como una etapa posterior, cuando muchas decisiones fundamentales ya han sido tomadas.
Impactos ambientales: transformar un río no es solamente producir electricidad
El propio expediente ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Parismina reconoce una serie de impactos potenciales asociados a la construcción y operación de la infraestructura. Entre ellos se incluyen:
- contaminación atmosférica por ruido;
- generación de polvo y alteración de la calidad del aire;
- compactación del suelo y disminución potencial de procesos de infiltración y recarga;
- cambios en el uso del suelo;
- modificación del paisaje;
- eliminación de vegetación y pérdida de hábitats terrestres;
- afectación de especies acuáticas;
- migración de fauna terrestre y acuática;
- afectación del patrimonio arqueológico;
- impactos sobre actividades turísticas asociadas a los ríos;
- y riesgos asociados al funcionamiento del embalse aguas abajo.
Fuente: (SETENA, expediente N.° 474-98).
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por habitantes de la zona fue la reducción del caudal de los ríos. Según información presentada por la propia empresa desarrolladora ante SETENA, algunos sectores de los cauces podrían permanecer secos durante más de la mitad del año debido al aprovechamiento hidroeléctrico proyectado (SETENA, expediente N.° 474-98).
Esta situación genera interrogantes fundamentales: ¿qué ocurrirá con los ecosistemas acuáticos que dependen del flujo permanente del río?, ¿cómo afectará esta reducción a las especies que habitan estos ecosistemas?, ¿qué consecuencias tendrá sobre la erosión, la sedimentación y la dinámica natural del cauce?, ¿qué impacto tendrá sobre las comunidades que dependen de estos ríos?
Un río no es únicamente un volumen de agua disponible para generar electricidad. Es un sistema vivo que sostiene biodiversidad, paisajes, actividades económicas, cultura y formas de vida comunitarias.
El agua como decisión colectiva
El conflicto alrededor del Proyecto Hidroeléctrico Parismina representa una discusión mucho más profunda que la aprobación o rechazo de una infraestructura energética. Lo que está en juego es la forma en que Costa Rica decide administrar sus territorios estratégicos.
Guácimo ha construido durante décadas una visión colectiva de protección del agua basada en participación ciudadana, acuerdos municipales, estudios técnicos y reconocimiento institucional de la importancia ecológica de sus acuíferos. El plebiscito de 2001, las moratorias municipales y las figuras de protección ambiental expresan una voluntad social clara: el agua debe ser considerada un bien común cuya protección debe prevalecer frente a proyectos que puedan comprometer su disponibilidad futura.
Esto no significa negar la importancia de la generación eléctrica ni rechazar cualquier forma de aprovechamiento energético. Significa reconocer que no todos los territorios tienen la misma capacidad de soportar transformaciones y que existen lugares donde los límites ambientales deben orientar las decisiones económicas.
La experiencia de Guácimo plantea una pregunta clave para el futuro energético y ambiental del país: ¿quién decide sobre el uso de los ríos y cuáles intereses deben prevalecer cuando está en juego una reserva estratégica de agua?
La respuesta no puede construirse únicamente desde oficinas técnicas o expedientes administrativos. Debe incorporar la voz de las comunidades que habitan esos territorios y que han protegido durante años los ecosistemas que garantizan el agua para las generaciones presentes y futuras.
Referencias
Bermúdez, M. (2004). Memoria del seminario “El Acuífero es de Todos: Una Agenda Común”. Proyecto COBODES – Unión Europea.
Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. (2001). Expediente N.° 09728-23-2000. Oficio N.° 02425-2001-DHR sobre el Proyecto Hidroeléctrico Jiménez y la Zona Protectora Acuíferos de Guácimo y Pococí.
Municipalidad de Guácimo. (2001). Resultados del plebiscito sobre actividades humanas y económicas dentro de la Zona Protectora de los Acuíferos de Guácimo. Guácimo, Costa Rica.
Municipalidad de Guácimo. (2012). Acuerdo municipal de moratoria para proyectos hidroeléctricos y actividades agroindustriales en zonas de protección hídrica. Sesión Ordinaria N.° 17-12. Publicado en La Gaceta, N.° 107.
Programa Estado de la Nación. (2004). Décimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Capítulo 4: Armonía con la naturaleza. San José, Costa Rica.
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). (s. f.). Expediente administrativo N.° 474-98: Proyecto Hidroeléctrico Parismina. Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica.
Universidad de Costa Rica. (2011). Criterio institucional sobre el Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica, expediente legislativo N.° 18.093. Universidad de Costa Rica.
Representantes comunales de Guácimo. (2012). Carta presentada ante SETENA sobre observaciones comunitarias al Proyecto Hidroeléctrico Parismina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario