Por Mauricio Álvarez Mora.
El informe del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, presentado en octubre del 2002, advierte sobre un impacto directo en la inversión eléctrica del país producto de los pagos a generadores privados. Según la investigación, entre 1999 y 2010 el Instituto Costarricense de Electricidad habrá pagado a estos generadores alrededor de ¢484.500 millones, una cifra que compromete de manera significativa la estructura financiera del sector eléctrico nacional.
El documento señala que el sistema eléctrico cuenta con una capacidad instalada efectiva de 1.689,11 megavatios, de los cuales un 75% corresponde a plantas hidroeléctricas, un 14% a térmicas, un 9% a geotérmicas y un 3% a eólicas. De esa capacidad, el Instituto Costarricense de Electricidad opera el 81,2%, mientras que los generadores privados participan con un 13,2% y el resto corresponde a empresas distribuidoras.
A pesar de esta predominancia institucional en la generación, el informe destaca el peso creciente de los pagos a privados dentro de las finanzas del Instituto. Para el año 2001, el total de ingresos de operación proyectado alcanza ¢106.160,6 millones, mientras que los costos y gastos de operación suman ¢179.180,8 millones. En ese mismo año, el pago a generadores privados se proyecta en ¢26.921,9 millones, lo que representa un 26% de los ingresos y un 30% de los costos y gastos totales.
Estas cifras colocan a la estructura financiera del sector eléctrico en una condición comprometida. El informe indica que los principales indicadores financieros muestran pérdidas en los últimos años, debido a que las tarifas no han crecido en la misma proporción que los costos. Esta situación se agrava a partir de 1999, cuando se incorporan a la estructura de costos las compras de combustible, lubricantes y energía a generadores privados, junto con la derogación del factor térmico.
Durante los primeros cuatro meses del año analizado, el Instituto destina el 36% de sus ingresos al pago de generadores privados, equivalente a ¢14.016,8 millones. Las proyecciones indican que en ese mismo año estos pagos podrían alcanzar los ¢30.000 millones, profundizando la presión sobre las finanzas institucionales.
El informe sostiene que el sector eléctrico fue orientado hacia un modelo que estimula la compra de energía privada, lo que ha generado una estructura financiera compleja y difícil de sostener. Se describe la generación privada como un esquema de inversión de corto plazo, entre diez y veinte años, que requiere recuperar rápidamente la inversión, condición que incide directamente en la liquidez del sistema eléctrico público.
Asimismo, se plantea que la descapitalización del Instituto Costarricense de Electricidad ha sido un proceso gradual. Entre 1995 y 2000 se produce un aplanamiento tarifario y se elimina el cobro del factor térmico, lo que reduce una fuente importante de respaldo financiero. A esto se suma un rezago tarifario que se mantiene en el tiempo.
La investigación también señala que, ante la falta de recursos, la mayor parte de las inversiones del Instituto se financia mediante créditos con bancos internacionales. Sin embargo, las restricciones para obtener nuevos préstamos han reducido el nivel de endeudamiento, lo que provoca que entre 1999 y 2000 las inversiones dependan principalmente de fondos propios. Esta situación, combinada con la disminución del excedente neto de operación, obliga a financiar inversiones con capital de trabajo, reduciendo el índice de liquidez de la institución.
Finalmente, el informe advierte que, según estimaciones institucionales, para mejorar la cobertura de transmisión y aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico durante un período de seis años, se requieren aproximadamente 130 millones de dólares. A esto se suman las inversiones necesarias en plantas de generación, lo que evidencia la magnitud de los desafíos financieros que enfrenta el Instituto Costarricense de Electricidad en el contexto del modelo vigente.
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