Cuando el agua se vuelve negocio: la disputa por los ríos en Costa Rica

Por Mauricio Álvarez Mora.

Hay conflictos que revelan, sin maquillaje, las tensiones más profundas de un país. En Costa Rica, el agua se ha convertido en uno de ellos. No solo como fuente de vida, sino como territorio en disputa. No solo como derecho, sino como mercancía en manos de intereses cada vez más visibles.

Durante años, el país ha sostenido una narrativa verde, una identidad construida alrededor de la sostenibilidad y la protección ambiental. Pero basta mirar hacia los ríos para notar las fisuras. Hoy, cerca del setenta por ciento de la electricidad nacional proviene de la generación hidroeléctrica. Y detrás de ese dato, que muchas veces se celebra, hay preguntas que no siempre se quieren hacer: ¿a qué costo?, ¿para quién?, ¿bajo qué modelo?

La discusión sobre la apertura a la generación eléctrica privada ha intensificado esas preguntas. Lo que está en juego no es únicamente un modelo energético, sino una forma de entender los bienes comunes. La construcción de infraestructura hidroeléctrica en los cauces de los ríos no es una intervención menor. Transforma ecosistemas, altera dinámicas comunitarias y redefine la relación entre las personas y el territorio.

En los últimos meses, la presión por ampliar los márgenes del negocio energético privado ha crecido. Sectores empresariales han planteado distintos escenarios para continuar y expandir sus operaciones: vender energía al Instituto Costarricense de Electricidad, negociar con otras distribuidoras, generar para autoconsumo o exportar electricidad al mercado regional. Esta última opción, impulsada desde el gobierno mediante un proyecto de ley, ha encendido las alertas en comunidades y organizaciones sociales.

La preocupación no es abstracta. Tiene rostro, historia y memoria. En distintos territorios del país, las comunidades han aprendido a reconocer los impactos de estos proyectos. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Ríos fragmentados, caudales alterados, biodiversidad afectada, y una sensación persistente de que las decisiones se toman lejos de quienes habitan esos espacios.

Las voces comunitarias han sido claras. Hay un cansancio acumulado frente a un discurso que insiste en llamar “energía limpia” a procesos que dejan huellas profundas en los territorios. También hay una crítica directa a la lógica de expansión: contratos que tenían plazos definidos ahora se convierten en plataformas para exigir nuevas condiciones, nuevas oportunidades de negocio, nuevas concesiones.

Pero quizá la tensión más evidente es la contradicción que atraviesa todo el debate. Por un lado, se afirma que el país tiene cubierta su demanda energética. Por otro, se insiste en la necesidad de seguir construyendo proyectos, incluso con fines de exportación. Entonces la pregunta se vuelve inevitable: si no es para garantizar el acceso de la población, ¿para qué se quiere más energía?

Las comunidades del sur del país conocen bien esa historia. Durante años enfrentaron lo que ellas mismas describieron como un “enjambre hidroeléctrico”: decenas de proyectos que amenazaban con transformar irreversiblemente sus ríos. Aquella resistencia no fue sencilla, pero logró frenar una expansión que parecía inevitable. Hoy, ese recuerdo alimenta una nueva alerta. Porque lo que está en discusión no es solo un proyecto de ley, sino la posibilidad de reabrir un modelo que ya ha demostrado sus impactos.

A esto se suma otra realidad que suele quedar al margen del discurso oficial: los territorios no son espacios vacíos. En ellos ya existen otras presiones, como la expansión de monocultivos que consumen grandes cantidades de agua. Pensar en más proyectos hidroeléctricos, en ese contexto, no es una decisión neutra. Es una acumulación de impactos sobre los mismos cuerpos de agua.

Detrás de todo esto hay un conflicto más profundo. No es únicamente técnico ni económico. Es un conflicto entre visiones de país. Por un lado, una lógica que ve en el agua una oportunidad de negocio. Por otro, comunidades que la entienden como un bien común, inseparable de la vida.

Las organizaciones que han defendido los ríos en Costa Rica han cumplido un papel fundamental en hacer visible esta tensión. Han sido, muchas veces, el único contrapeso frente a proyectos que avanzan con rapidez institucional, pero con escasa consulta real. Gracias a esas resistencias, hoy existe una conciencia más amplia sobre lo que está en juego.

Sin embargo, la discusión no puede quedarse solo en los territorios directamente afectados. Es un debate que interpela a toda la sociedad. Porque lo que se decide sobre los ríos no se queda en los ríos. Define el modelo energético, pero también el modelo de desarrollo.

Aceptar sin cuestionar la expansión de la generación hidroeléctrica privada implica asumir que los bienes comunes pueden ser gestionados bajo lógicas de mercado, incluso cuando eso implique costos ambientales y sociales significativos. Resistirlo, en cambio, implica defender una idea distinta: que hay límites, que no todo puede ni debe convertirse en negocio.

En un país que se reconoce a sí mismo como ambientalmente responsable, este debate es inevitable. No se trata de estar en contra de la energía, ni de negar la necesidad de un sistema eléctrico robusto. Se trata de preguntarse con honestidad qué tipo de energía se quiere, para quién y a costa de qué.

Porque al final, la disputa por los ríos es también una disputa por el futuro. Y en esa disputa, el agua no debería ser la que termine pagando el precio.