Análisis crítico plan nacional de descarbonización 2018-2050
Mauricio Álvarez y otros
La narrativa del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, presentado por el gobierno de Costa Rica es atractiva y logra vender un buen verso. Está cargado de anglicismos tecnocráticos que hablan a la cooperación internacional, en vez de ayudar a que sea un plan didáctico; y de conceptos como “co-creación”, cuando en realidad es una propuesta muy vertical.
Este artículo se deriva del estudio del Plan Nacional de Descarbonización, como parte del curso “Ambiente y Ecosistemas Culturales”, de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del IDELA de la Universidad Nacional, realizado y escrito por el profesor Mauricio Álvarez Mora y las y los estudiantes Maité Cristina Loría López, Francisco Javier Rodríguez Víquez, Gabriela Segura Umaña, Juan Andrey Morales Méndez, Dianela Ramírez Quesada,Cinthya Soto Calvo, Allan Vargas Carranza, Melissa Mendiola Vásquez y Luis Delgado Hernández.
Conceptualmente, en el plan no hay una definición de la descarbonización; pero se entiende que solo interesa en términos de emisiones, sin incluir deuda ecológica, justicia climática, huella ecológica, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y tantos otros principios que debería contener las soluciones integrales para la crisis sistémica. Un ejemplo de lo anterior es que cuando se habla de efectos externos negativos se aplica solo para las emisiones; pero éstas no son las únicas externalidades que sostienen el lucro y la acumulación capitalista.
El “capitalismo verde” “surge como una nueva y sofisticada ofensiva para afrontar la crisis civilizatoria endémica del patrón civilizatorio hegemónico, sin poner en cuestión las relaciones económicas y políticas dominantes” (1). Como bien se señala, es una apuesta a un cambio que se ejerce desde un nivel discursivo e ideológico, que tiene como entre-texto lo que en el campo de la psicología se denomina: la transferencia de poderes mágicos al terapeuta, al cual se le solicita que “cambie todo, pero sin cambiar nada”.
Por eso no nos extraña que la puesta en escena de psicomagia moderna para la presentación del plan sea más importante en la estética y en la forma que el contenido y alcance real del plan.
Deuda de legitimidad. El gobierno presenta un refrito de la Carbono Neutralidad, Paz para la Naturaleza, Mecanismo de Desarrollo Limpio, Mercado de Carbono, Capital Natural en las cuentas Nacionales, Fondo de Biodiversidad, Sin Ingredientes Artificiales y tantas otras narrativas, que ponen la atención en el síntoma y no en la raíz del problema. Tratan de atender las consecuencias y no las causas estructurales.
¿Cuál es el “capital” ético-moral del gobierno para presentar esto? Más aún, ¿con qué legitimidad y con qué proceso participativo, inclusivo y proporcional a los alcances del plan, pretende llevar adelante esta propuesta?
Tómese en cuenta que la pretensión del plan va de 2018 al 2050; es decir, involucra a siete futuros gobiernos, y, en teoría, a toda la sociedad. El gobierno está endosando a las futuras generaciones el problema generado por ésta y la anterior. ¿Cómo se puede entender la intergeneracionalidad sin un amplio proceso social de consenso?
Mejor dicho, ¿Cómo después de fracturar la sociedad imponiendo a toda costa el Plan Fiscal, sale de la nada con una propuesta que nace sin mayor participación ni consenso social?. Todo es como una puesta en escena para desviar la atención e ir abonando al fetiche del bicentenario y paso obligado de página del manejo autoritario y arrogante de la huelga nacional por el tema fiscal en 2018.
Ser “verde” o vender “verde”. El Plan de Descarbonización carece de un diagnóstico amplio, que justifique los resultados de más de 22 años de políticas de economía verde, implementadas por el Estado costarricense. Estos mecanismos han sido implementados más para vender “verde”, que para ser “verde”. ¿Quiénes se han beneficiado de todos estos negocios “verdes” y que impactos han tenido, más allá de la cooperación externa y el endeudamiento, un jet set de ambientalistas de avión y cumbres enfocadas en métricas de emisiones de carbono, certificaciones, consultorías, tramas y negocios a partir del carbono? Nos convertimos en un laboratorio de legitimación de mecanismos para “cambiar sin cambiar”, para hacer negocios a partir de la crisis y la neocolonización climática.
“¿Tiene una central nuclear o una planta de carbón que da energía barata a los consumidores de un país rico? No se preocupe por sus emisiones; nosotros le vendemos ‘indultos carbónicos’ baratos para que usted siga lucrando y contaminando; eso sí, con la conciencia muy verde y tranquila”.
Nosotros nos ofrecemos de “patio trasero” para los gobiernos y empresas que extraen recursos y dejan la contaminación atmosférica. Les ayudamos para que sigan manteniendo en su casa la sobreproducción y el hiper consumismo de las economías ricas, mediante las plantaciones, represas hidroeléctricas y las especulaciones de mercado. En este nuevo orden internacional somos proveedores de materias primas (extractivismos) y ahora basureros de carbono para que nadie tenga que dejar de seguir lucrando hasta el colapso total y definitivo.
Deuda y huella ecológica. En el Plan de Descarbonización se dice que hemos logrado “una red eléctrica en más de un 95% libre de emisiones y muy bajas tasas de deforestación, con una cobertura boscosa que supera el 52% del territorio”. Sin embargo, no habla de la huella y de la deuda ecológica de estos dos “logros”, que son destruir ríos o cambiar bosques por plantaciones, que terminan siendo tarimas para exportar piña y banano. Tampoco menciona las más de 5.000 mil hectáreas de bosque que perdimos por la producción de piña entre 2000- 2015 (2). Y en muchos casos se trata de piña que está certificada como carbono neutral. Tampoco nos habla de que para descarbonizar la economía tendremos que usar carbón, gas y petróleo para producir los autos eléctricos y los paneles solares, y triplicar o cuadriplicar la producción eléctrica en base a energías como hidroeléctricas, eólicas o solares, que tienen una huella y una deuda ecológica importante.
Para ponerlo en su lenguaje ¿Cuál es la huella energética del plan?, ¿De dónde saldrá la energía eléctrica para este plan? será de la geotermia en Parques Nacionales o de los ríos de los territorios indígenas, que es de lo que podemos echar mano para tener hidro-electricidad barata. No se menciona el cómo ni de dónde se sacará la energía para electrificar el transporte? Quedan pocas dudas de que toda la producción energética será privada.
El plan se orienta a sustituir todo lo que tenemos y creceremos con el adjetivo de “baja emisión”. Ya ni siquiera se le arrima la muletilla de “limpio”, pues “bajo en emisiones” no significa que sea limpio, y lo que se dice “limpio” está lejos de ser sustentable. Por ejemplo, se afirma de forma muy liviana que las represas hidroeléctricas son limpias; sin tomar en cuenta el impacto socio ambiental y la conflictividad que arrastran. Jamás pueden ser limpias energías que se construyen sobre los derechos de los pueblos y matan los ríos. Empobrecer los ecosistemas es sinónimo de socializar los impactos y privatizar las muchas ganancias económicas.
El hecho de sustituir es similar a la lógica de compensar, equiparar o “rezar y empatar”. Significa que se puede seguir el sistema capitalista con algún barniz y diluyente, usando un buen discurso cargado de conceptos de punta importados y maquillados. Entonces todo se valora por emisiones de carbono, para tratar de darle coherencia a un plan que disuelve las diferencias entre quienes causaron la crisis climática y quienes pagamos los platos rotos.
Pareciera que el único límite para tener acceso a uno de los autos que vimos en el show de la presentación de las placas color verde agua, será el pequeño detalle de poder pagar los miles de dólares que cuestan o, en su defecto, ser parte de esta nueva élite de consultores descarbonizados.
Ninguna política que legitime el capitalismo patriarcal puede considerarse con “respeto por los derechos humanos y la equidad de género” pues está lleno de externalidades ambientales, violencia y trabajo fantasma (3), el cual realizan -por lo general- mujeres sin pago o migrantes en las plantaciones de piña o banano certificadas con el sello “carbono neutral”.
La centralidad del poder. Cuando leemos el Plan no podemos dejar de ver el sesgo de clase y la centralidad urbana del mismo. En el sector movilidad, el transporte está pensado para gestionar el caos metropolitano con tren y carros particulares. También se habla de residuos y áreas de recreación para la GAM. De hecho, se invertirán 6.500 millones de dólares en el tren metropolitano; es decir, pensando que Costa Rica abarca más o menos de Barrio Escalante a Santa Ana.
Mientras, lo rural es mencionado por descarte como un lugar de paso de las cargas, y como un espacio para el extractivismo retocado como de “bajas emisiones”: proyectos energéticos y agroexportación facilitada por un tren de transporte de carga.
La ruralidad está compuesta por espacios donde la política pública se da por omisión, donde el mercado ordena. Si de por sí la institucionalidad no sirve en la urbe, en la ruralidad es una promesa de modernidad y progreso. En el campo el gamonal y la transnacional disponen de la gente y del ambiente.
Asimismo, el modelo de ciudad no cambia en nada la especulación ni afecta al sector inmobiliario y de construcción, que en este gobierno aumentó su poder de vetar y acomodar la política ambiental a sus intereses. Esto se ejemplifica con las alineaciones y las flexibilizaciones que han hecho en SETENA y SENARA para seguir la expansión inmobiliaria, con adornos como ciudad “compacta” “inteligente” y “eficiente”.
El estado como una certificadora. En el Plan, el Estado pasa a ser una especie de certificadora de servicios y etiquetas verdes, fomentado esta visión neoliberal de dejar “hacer y dejar pasar” los negocios a partir de la crisis climática. Otro papel visible de Estado sería convertirse en una especie de policía o contralor del carbono, que perseguirá todas aquellas tecnologías que no contribuyan a la lógica del Plan de Descarbonización.
Se hace énfasis en una serie de certificaciones que se vienen implementando, como las “ISOs”. Sin embargo, las piñeras y empresas de alto impacto ambiental están llenas de éstas y tantas otras, por lo cual deberían evaluarse más integralmente los procesos, pues de etiquetas y certificaciones está lleno el camino al infierno climático.
Agro extractivismo “bajo en emisiones”. Empresas como Dole-Standard Fruit son carbono neutral y venden sus piñas con dicha certificación. No obstante, la certificación considera el transporte y las plantas empacadoras; pero no el proceso de producción, que pudo incluir deforestación y un gran uso de agroquímicos. A esto se le suman otras externalidades como la contaminación de acuíferos, y daños a la salud de sus trabajadores y de comunidades vecinas a las plantaciones.
Nos surgen las siguientes preguntas: ¿Ser el principal consumidor de plaguicidas o fertilizantes (en base a petróleo) en el mundo no tiene nada que ver con la descarbonización de los agro negocios? En otras palabras: no se puede “descarbonizar” la sociedad sin dejar de privilegiar a los monocultivos y a los agronegocios.
Es poco razonable seguir apoyando la ganadería aunque se le apellide diferente, sobre todo en regiones como el Pacífico Norte, donde la deuda ecológica de esta actividad implicó gran deforestación para producir carne para la exportación, “hamburguerizar” el bosque seco y la desertificación- hoy además se le suma megaproyectos como PACUME que a cualquier costo ambiental quiere seguir una actividad que aumenta la deuda ecológica y cambio climático.
Institucionalidad. Este gobierno ha apostado a desregular y flexibilizar SETENA, SENARA y a debilitar toda la institucionalidad pública: universidades, ICE, RECOPE, JAPDEVA. Por acción, omisión o complacencia se están creando condiciones, a partir del discurso fiscal, para cerrar instituciones, y recortar y privatizar lo que sobreviva al embate neoliberal.
En ese contexto, el Plan incluye políticas transversales que hablan de la institucionalidad del Bicentenario, de una “reforma fiscal verde”, y de crear un mercado de carbono para seguir premiando a los sectores evasores con nuevas oportunidades de negocio, privilegios e indultos a partir de los bienes comunes y públicos. Esto no puede generar más que alerta o duda.
Algunas buenas ideas del plan serían más efectivas si tuviéramos ingresos de primer mundo y no estuviéramos en el top de la desigualdad social mundial. Se sigue fetichizando la digitalización como si fuera un fin en sí mismo y fuera más importante que la participación ciudadana en sí.
Tratar el consumismo; no los residuos ¿Con qué moral pueden hablar de un sistema de gestión de residuos cuando están tratando de legalizar por decreto la importación de desechos peligrosos, pasando por encima de la Ley de Residuos Sólidos? El gobierno pasado legalizó la incineración y ahora hablan de un modelo de negocios “cuna tumba”. La maltrecha ley de residuos tiene como principio “la responsabilidad extendida del producto” y nunca se cumplió nada al respecto. Poco va a cambiar ahora con menos institucionalidad pública, con un poder judicial en crisis y, por ende, con una impunidad ambiental, y con una ley que es de uso discrecional para el gobierno y los empresarios.
Hay que tratar el consumo; no los residuos, pues es desde las desigualdades en el acceso a los recursos que podemos empezar a caminar hacia una economía de los bienes comunes.
A manera de conclusión. El Plan de Descarbonización carece de un diagnóstico, la cual es una de las razones por las que fracasan o se desfasan tan rápido los tímidos ejercicios de planificación en nuestro país. Se quiere imponer un imperio neoliberal y después, sin sonrojarse, hablar de institucionalidad del bicentenario, al mismo tiempo que se presagian despidos masivos y cierre de instituciones.
El país está ayuno de procesos de planificación inclusivos y, por ende, exitosos. Lo que se propone como proceso de “planificación para la descarbonización” es más de lo mismo Se enfocan en ordenar, sin tocar ni cambiar situaciones estructurales, con una visión economicista y con una falta de legitimidad. Se hace desde un Estado cada día más debilitado, con el fin de regular nada y con intereses particulares que terminan bloqueando cualquier posibilidad de cambio.
Se confía en un optimismo tecnológico, que sería finalmente definido por el mercado y no por una urgencia de cambio ni por la política pública.
Siguiendo este supuesto sin cambio tecnológico, no habría ningún cambio más profundo. Todo depende de la velocidad y de los intereses del mercado y como finalmente hay una variable de tiempo, es posible que los cambios lleguen en un punto de no retorno de la crisis climática. Esto implica que solo veremos cambios sustantivos hasta que sea rentable para el mercado.
Seguir dependiendo del mercado para resolver problemas esencialmente políticos es lo que nos llevó hasta donde estamos: a pocos años del colapso climático.
Referencias:
(1) Lohmann, Larry. 2012. Economía Verde. En Capitalismo Verde del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Págs. 9-44.
(2) Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD), 2017. Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP) de Costa Rica. Recuperado a partir de:
(3) Werlhof, C. (2015). ¡Madre tierra o Muerte! Reflexiones para una Teoría Crítica del Patriarcado.
México. Palapa Editorial.
Caffentzis, George y Federici Silvia Federici, 2015. Comunes contra y más allá del capitalismo. En
Revista El Aplante I. Recuperado a partir de:
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