Harken en Panamá: antecedentes que encienden las alarmas en la región

Por Mauricio Álvarez Mora.

La reciente oficialización del contrato entre la empresa Harken Panamá y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para la exploración y eventual explotación petrolera en el Golfo de San Miguel ha reactivado las alertas en Mesoamérica. Diversas organizaciones ecologistas, articuladas en la red Oilwatch, advierten que esta compañía arrastra un historial cuestionado en materia ambiental, social y política, que no puede ser ignorado por la sociedad panameña.

La preocupación no es menor. Según Oilwatch Mesoamérica, Harken no puede ser considerada una empresa limpia. Sus antecedentes en distintos países evidencian patrones de actuación que incluyen conflictos socioambientales, presiones políticas y cuestionamientos éticos de alto nivel. Por ello, la organización ha iniciado un proceso de difusión para dar a conocer el historial de la empresa y advertir sobre los posibles impactos de su presencia en Panamá.

El caso de Costa Rica resulta especialmente ilustrativo. Entre 1999 y 2002, Harken intentó desarrollar un proyecto petrolero en la costa caribe del país, mediante una concesión que abarcaba aproximadamente 5.600 kilómetros cuadrados. Este proceso generó una fuerte oposición social, articulada por organizaciones comunitarias, ambientales y redes nacionales como Acción de Lucha Antipetrolera (ADELA), Oilwatch Costa Rica y la Coordinadora Nacional Antipetrolera.

Durante varios años, estas organizaciones impulsaron campañas de información y denuncia sobre los posibles impactos del proyecto, tanto en los ecosistemas como en las formas de vida de las comunidades locales. También cuestionaron los limitados beneficios económicos que el contrato ofrecía al país. Finalmente, en 2002, la concesión fue anulada, principalmente porque la empresa no logró demostrar la viabilidad ambiental de su proyecto ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), particularmente en lo relativo a la perforación de un pozo exploratorio cercano a la costa caribeña.

Este fallo marcó un punto de inflexión en la política ambiental costarricense. Ese mismo año, el gobierno declaró una moratoria a la exploración petrolera, bajo el principio de “Paz con la Naturaleza”, consolidando un modelo que prioriza la conservación y el ecoturismo sobre la industria extractiva.

La reacción de Harken no se hizo esperar. En 2003, la empresa presentó una demanda contra el Estado costarricense por una suma equivalente a 57.000 millones de dólares, alegando ganancias no percibidas durante los 26 años de concesión. Este monto representaba, en ese momento, múltiples veces el presupuesto nacional del país, lo que fue interpretado por sectores críticos como una forma de presión desproporcionada. Aunque Costa Rica logró evitar el arbitraje internacional en ese momento, el conflicto continuó en instancias judiciales nacionales.

Otro elemento relevante del caso costarricense fue la defensa del derecho de participación de comunidades y organizaciones ambientales en los procesos judiciales. A pesar de los intentos de la empresa por excluirlas, la Sala Constitucional reconoció el carácter de interés público del caso, reafirmando la importancia de la participación ciudadana en conflictos socioambientales.

Más allá de Costa Rica, las operaciones de Harken en Colombia también han sido objeto de cuestionamientos. En el departamento de Santander, se ha señalado que sus actividades han contado con protección de fuerzas militares y, según denuncias, de grupos paramilitares. En un contexto marcado por el conflicto armado, estas condiciones han generado preocupación sobre posibles violaciones a derechos humanos, particularmente en territorios habitados por comunidades rurales.

A esto se suma el vínculo histórico de la empresa con figuras políticas de alto perfil en Estados Unidos. Harken es conocida por la participación de George W. Bush como director ejecutivo en una etapa previa a la Guerra del Golfo. Investigaciones del Congreso estadounidense señalaron posibles irregularidades en la venta de acciones por parte de Bush antes del estallido del conflicto, lo que le permitió evitar pérdidas millonarias. Este episodio convirtió a la empresa en objeto de escrutinio público y mediático en su país de origen.

En este contexto, organizaciones ecologistas de la región consideran que la llegada de Harken a Panamá no puede analizarse de forma aislada. Por el contrario, debe evaluarse a la luz de su historial y de los riesgos que implica la expansión de la industria petrolera en ecosistemas frágiles y territorios con alta dependencia de recursos naturales.

La experiencia regional demuestra que este tipo de proyectos no solo plantean desafíos ambientales, sino también sociales, económicos y políticos. Por ello, el llamado es a fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones, antes de que se consoliden procesos que podrían tener consecuencias irreversibles.

En definitiva, el caso Harken plantea una pregunta de fondo para Panamá y la región: ¿qué modelo de desarrollo se quiere impulsar y a qué costo? La respuesta no puede construirse sin memoria, sin información y sin la voz de las comunidades que podrían verse directamente afect