Panamá: cuando el desarrollo se impone por la fuerza

Por Mauricio Álvarez Mora.

Lo ocurrido recientemente en Panamá, donde unidades policiales dispararon contra manifestantes obreros que exigían condiciones básicas de seguridad laboral, no puede entenderse como un hecho aislado. La muerte de un trabajador y las múltiples personas heridas frente a cientos de testigos no solo evidencian un uso desproporcionado de la fuerza, sino que revelan algo más profundo: una peligrosa deriva autoritaria en la forma en que se está imponiendo un modelo de desarrollo en el país.

Desde hace meses, organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas vienen alertando sobre el avance de proyectos que priorizan la rentabilidad económica sobre la vida, los territorios y los derechos humanos. Lo que hoy vemos es la confirmación de esos temores: cuando el diálogo se sustituye por la represión, y cuando la institucionalidad se pone al servicio de intereses corporativos, el conflicto social deja de ser una excepción para convertirse en regla.

Las comunidades indígenas en Bocas del Toro, afectadas por proyectos hidroeléctricos, así como los movimientos antimineros en la comarca Ngäbe-Buglé y en Petaquilla,
conocen bien esta realidad. No solo enfrentan el impacto ambiental de estos proyectos, sino también el hostigamiento, la división interna promovida desde fuera y campañas que buscan legitimar lo que en esencia es un modelo depredador.

A ello se suman sofisticadas estrategias de comunicación que intentan “limpiar” la imagen de proyectos altamente cuestionados, mientras se invisibiliza a quienes resisten. Pero la realidad se impone: no hay campaña publicitaria capaz de ocultar la violencia cuando esta se ejerce de forma tan abierta, ni de justificar la criminalización de quienes defienden sus derechos.

Lo más preocupante es que este clima represivo emerge en un momento en que diversos sectores sociales se preparan para ejercer su derecho legítimo a la protesta y a la denuncia. La pregunta es inevitable: ¿se pretende gobernar a través del miedo? ¿Se busca desmovilizar a la ciudadanía mediante la intimidación?

Panamá enfrenta hoy una encrucijada. Persistir en un modelo de desarrollo impuesto, que ignora los límites ecológicos y vulnera derechos fundamentales, solo profundizará los conflictos y la fractura social. Por el contrario, abrir espacios reales de diálogo, fortalecer la institucionalidad democrática y reconocer a las comunidades como actores legítimos no es solo deseable, sino urgente.

La historia latinoamericana ha demostrado que los proyectos impuestos por la fuerza rara vez traen bienestar duradero. Más bien dejan tras de sí territorios degradados, comunidades fracturadas y democracias debilitadas.

Por eso, el llamado no es únicamente al gobierno panameño, sino también a la comunidad internacional y a los movimientos sociales: guardar silencio ante estos hechos es, en cierta forma, permitir que se repitan. La solidaridad y la denuncia siguen siendo herramientas fundamentales para frenar la violencia y abrir caminos hacia la justicia.

Hoy más que nunca, frente a un modelo basado en el egoísmo y la depredación, la resistencia comunitaria no es solo legítima: es necesaria.