Por Mauricio Álvarez Mora.*
Durante el período comprendido entre octubre de 2008 y marzo de 2009, Centroamérica experimentó una serie de transformaciones en materia económica, energética y ambiental que evidencian una tendencia común: la profundización de un modelo extractivo acompañado de un debilitamiento de los marcos sociales y ambientales.
Uno de los factores clave en este proceso ha sido la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), que ha ampliado significativamente los derechos de las empresas transnacionales en la región. Este contexto ha contribuido, además, a la desarticulación de sectores organizados de la sociedad civil, debilitando su capacidad de incidencia. La situación se vuelve aún más compleja ante las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en un escenario donde no existe un contrapeso social fuerte que permita mejorar las condiciones de estos acuerdos.
Paralelamente, se han multiplicado las disputas internacionales en instancias como el CIADI del Banco Mundial, lo que refleja un aumento en los conflictos entre Estados y corporaciones. A esto se suma la aprobación de nuevas legislaciones que profundizan la apertura económica y favorecen actividades extractivas, muchas veces en detrimento de normativas ambientales y sociales que muestran signos de debilitamiento.
Proyectos petroleros y dinámicas nacionales. En este contexto regional, los avances en proyectos petroleros y energéticos presentan matices según cada país, aunque comparten una orientación común hacia la expansión extractiva.
En Panamá, el cambio de gobierno ha generado incertidumbre en torno al proyecto denominado “hub energético de las Américas”. Este contempla una amplia red de infraestructura que atravesaría el país, incluyendo una autopista energética, múltiples megarefinerías, exploraciones de gas en la frontera con Colombia y proyectos en el Golfo de Panamá. Sin embargo, la falta de claridad política mantiene estos planes en una fase incierta.
En Costa Rica, pese a señales contradictorias, el gobierno reafirmó la moratoria petrolera, aunque decidió continuar con la minería de oro a cielo abierto. Denuncias de corrupción y presión social derivaron en la salida del ministro de Ambiente, quien mantenía posiciones enfrentadas con el movimiento ambientalista. Al mismo tiempo, el país ha impulsado nuevas relaciones con China en torno a la refinería nacional, y ha posicionado el tema del cambio climático como eje central, proponiendo convertirse en una nación carbono neutral mediante la implementación de mecanismos como el mercado de carbono.
En Nicaragua, el cambio de gobierno no implicó transformaciones sustantivas en la política energética. Por el contrario, se han reactivado concesiones petroleras, muchas de ellas otorgadas en medio de denuncias de corrupción a nivel local. No obstante, la resistencia social ha logrado frenar el inicio de exploraciones, generando un escenario de tensión en el que las empresas evitan avanzar sin garantías frente a la oposición comunitaria.
En Guatemala, se mantiene la moratoria en la región de Salinas Nueve Cerros, y el gobierno no ha logrado atraer nuevas empresas para la exploración. Sin embargo, el debate sobre el marco regulatorio de las industrias extractivas, especialmente la minería, ha cobrado fuerza en el Congreso. En este contexto, se aprobó el Fondo de Petróleo (FONPETROL), una medida ampliamente cuestionada por organizaciones sociales y ambientales, incluyendo Oilwatch Guatemala.
En Honduras, la concesión otorgada a la empresa Texas Oil, respaldada por un acuerdo con un líder de la Mosquitia, ha generado rechazo por parte de las comunidades locales. Estas han iniciado procesos de movilización para desconocer el acuerdo y exigir consultas adecuadas sobre los impactos del proyecto petrolero.
Belice se ha consolidado como uno de los países con mayor expansión petrolera en la región, favorecida por condiciones de desregulación. Al mismo tiempo, continúan las acciones legales impulsadas por comunidades indígenas Q’eqchi’ en defensa de sus derechos territoriales en zonas como Punta Gorda y el territorio Sarstoon-Temash.
En México, la consolidación de la reforma energética ha sido interpretada por diversos sectores como un proceso de apertura o privatización del sector petrolero. A su vez, la empresa estatal PEMEX ha enfrentado múltiples cuestionamientos por casos de corrupción, lo que ha intensificado el escrutinio público.
Integración energética y reconfiguración política. Los proyectos de integración energética regional han sufrido retrasos significativos, en gran medida debido a la crisis económica global y a los cambios políticos en varios países. Se observa además una reconfiguración de alianzas geopolíticas, con un bloque de países alineados con Venezuela —incluyendo a El Salvador y Honduras— y otro más cercano a Estados Unidos, en el que se ubica Panamá.
Este nuevo escenario ha generado incertidumbre sobre el futuro de las iniciativas regionales, que permanecen en suspenso mientras se redefine el equilibrio político en Centroamérica.
Un escenario en disputa. En conjunto, el panorama regional evidencia una tensión creciente entre la expansión de proyectos extractivos y las resistencias sociales que buscan defender territorios, derechos y formas de vida. La falta de mecanismos efectivos de participación, el debilitamiento institucional y la presión de intereses transnacionales configuran un escenario complejo, donde el rumbo del desarrollo en la región sigue siendo objeto de disputa.
* Facilitador de la red Oilwatch- Mesoamérica
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