Por Mauricio Álvarez Mora.
Una municipalidad debería ser la casa común de un cantón. El lugar donde las personas puedan llegar a preguntar, debatir, cuestionar y participar de las decisiones que afectan su vida cotidiana. Sin embargo, lo ocurrido recientemente en Talamanca alrededor del Plan Regulador Costero revela una preocupante degradación democrática: vecinos y vecinas organizadas fueron tratados como sospechosos, excluidos de espacios públicos y enfrentados con actitudes intimidatorias simplemente por exigir información y participación.
Lo sucedido no es un hecho aislado ni una anécdota menor. Es el reflejo de cómo se ha venido construyendo el proceso del Plan Regulador Costero del Caribe Sur: apresurado, poco transparente, técnicamente cuestionado y profundamente distante de las comunidades que habitan el territorio. La indignación de organizaciones como el Movimiento Cahuita Unida no nace del capricho, sino de la sensación cada vez más extendida de que las decisiones ya fueron tomadas desde arriba y que la participación ciudadana se reduce apenas a un trámite incómodo.
Resulta alarmante que personas vecinas que acudieron al Concejo Municipal para aclarar dudas sobre el plan fueran recibidas con hostilidad y amenazas de intervención policial. Más grave aún es que desde la asesoría legal municipal se llegara a afirmar que las sesiones o reuniones eran “privadas”, como si el gobierno local no tuviera la obligación de rendir cuentas a quienes eligieron a sus autoridades y viven las consecuencias de sus decisiones.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo la ciudadanía necesita permiso especial para entrar a la municipalidad y solicitar información pública? ¿Desde cuándo cuestionar un proyecto urbanístico o ambiental convierte a las personas en potenciales delincuentes?
El conflicto alrededor del Plan Regulador Costero no es únicamente una discusión técnica sobre zonificación. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo del Caribe Sur. Las comunidades han señalado reiteradamente preocupaciones legítimas sobre el acceso al agua, la protección de humedales, los derechos territoriales indígenas y afrodescendientes, la presión inmobiliaria y el impacto del turismo masivo sobre ecosistemas frágiles. También denuncian la ausencia de una participación real en la elaboración del plan.
Y es precisamente ahí donde el problema se vuelve más profundo. Cuando las instituciones cierran espacios de diálogo y responden con arrogancia o intimidación, no solo deterioran la confianza pública: alimentan la conflictividad social. El mensaje que reciben las comunidades es claro y peligroso: sus voces estorban.
El Caribe Sur costarricense no es un territorio vacío esperando ser diseñado desde escritorios técnicos o intereses empresariales. Es una región construida históricamente por comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que han sostenido formas particulares de convivencia con el entorno. Reducirlas a simples observadoras de decisiones tomadas por otros es desconocer esa historia y debilitar la democracia local.
Además, el contexto genera sospechas razonables. Desde el inicio del proceso, distintos grupos comunales han denunciado la falta de acceso a la información, los tiempos insuficientes para analizar documentos complejos y la sensación de que existe una presión institucional para aprobar rápidamente el plan. Todo esto ocurre mientras persisten dudas sobre disponibilidad hídrica, límites territoriales y protección ambiental.
La reacción municipal frente a la crítica parece confirmar esa lógica de premura y cerrazón. Una administración segura de la legitimidad de su proceso no tendría problema en abrir sus puertas, responder preguntas y debatir públicamente. Cuando sucede lo contrario, crece inevitablemente la percepción de que algo se quiere imponer sin suficiente discusión.
Las escenas descritas por las personas asistentes —vehículos saliendo a toda velocidad, presencia policial innecesaria, negativas constantes a dialogar— simbolizan una ruptura preocupante entre gobierno local y ciudadanía. Pareciera que quienes administran temporalmente la municipalidad olvidaron que las instituciones públicas no son propiedad privada ni espacios exclusivos para autoridades y asesores.
El problema de fondo no es únicamente el Plan Regulador Costero. El problema es la normalización de una cultura política donde la participación ciudadana se tolera solo cuando es complaciente. Cuando las comunidades cuestionan, investigan o se organizan, entonces aparecen los obstáculos, los silencios y las puertas cerradas.
Sin embargo, también hay algo esperanzador en lo ocurrido. La organización comunitaria del Caribe Sur ha demostrado una enorme capacidad de articulación y resistencia. Personas jóvenes, adultas mayores, artistas, activistas, profesionales y vecinos han comenzado a encontrarse alrededor de una preocupación común: defender su derecho a decidir sobre el territorio que habitan.
Eso es precisamente lo que debería fortalecer cualquier democracia. No el miedo a la ciudadanía, sino su participación activa.
El Caribe Sur merece un verdadero proceso participativo, transparente y respetuoso. Un plan regulador no puede construirse contra las comunidades ni ignorando las realidades ecológicas y culturales del territorio. Mucho menos puede imponerse desde el autoritarismo administrativo o el desprecio hacia quienes alzan la voz.
Cuando una municipalidad le cierra las puertas a su propio pueblo, lo que está en crisis no es solo un proyecto urbanístico. Lo que entra en disputa es el sentido mismo de lo público y el derecho ciudadano a defender su territorio, su ambiente y su forma de vida.
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