Por Mauricio Álvarez Mora.
Más de 51 mil personas alrededor del mundo firmaron una petición para exigir la prohibición del clorotalonil en Costa Rica. Podría parecer una cifra más dentro del océano digital de campañas globales, pero detrás de cada firma hay una advertencia incómoda: mientras decenas de países prohíben agroquímicos altamente peligrosos, Costa Rica continúa permitiendo sustancias que ponen en riesgo el agua, la salud y la vida de comunidades enteras.
La petición solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el expediente 23.783 sobre regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo implementar las recomendaciones del Informe Técnico sobre Clorotalonil, incluida su prohibición definitiva. No se trata de un debate abstracto ni ideológico. Se trata de personas que abren el grifo y no pueden beber el agua.
El rostro visible de esta lucha es Isabel Méndez, lideresa comunitaria de Cipreses de Oreamuno, una comunidad cartaginesa que desde hace años vive bajo la sombra de una contaminación silenciosa. Allí, las nacientes y acueductos presentan moléculas degradadas de clorotalonil, un fungicida prohibido en 32 países debido a sus riesgos para la salud humana y el ambiente.
Mientras Europa veta este tipo de sustancias, empresas agroquímicas continúan comercializándolas en países del sur global. La lógica parece brutalmente simple: lo que no se puede vender allá, se vende aquí. Como denuncian las personas firmantes de la petición, Costa Rica y otras naciones latinoamericanas terminan convertidas en destinos para productos químicos rechazados en otros lugares.
Pero las estadísticas adquieren otro peso cuando se traducen en historias concretas. Isabel cuenta que su hija Fiorella tuvo pólipos a los 16 años y perdió el olfato y el gusto. Relata vecinos con cáncer de lengua, personas jóvenes diagnosticadas con cáncer estomacal y una sensación permanente de incertidumbre en una comunidad pequeña donde la enfermedad comenzó a multiplicarse demasiado rápido.
Y aunque ningún dolor humano debería necesitar validación científica para ser escuchado, los estudios llegaron. Los análisis confirmaron la presencia de derivados del clorotalonil en el agua. El gobierno reconoció que las personas no debían consumir agua del grifo. Miles de familias comenzaron a depender de cisternas mientras seguían viviendo rodeadas de cultivos intensivos.
Lo más alarmante es que el problema nunca fue exclusivo de Cipreses. Informes institucionales señalaron que alrededor de 65 mil personas en zonas vecinas de Cartago podrían estar expuestas a condiciones similares debido a la cercanía entre actividades agrícolas y fuentes de agua. La contaminación no aparece como un accidente aislado, sino como el síntoma de un modelo agrícola profundamente dependiente de agroquímicos.
En medio de esta situación, las comunidades defensoras del agua también han debido enfrentar amenazas, intimidaciones y hostigamiento. Isabel denuncia que grupos ligados a intereses agroquímicos han acosado y amenazado de muerte a personas activistas. Defender el agua en Costa Rica parece implicar cada vez más riesgos.
Y aun así continúan. Continúan porque saben que lo que está en juego no es únicamente la situación de un pueblo de Cartago. Es la pregunta sobre qué tipo de país queremos construir. Uno donde el agua limpia sea sacrificada en nombre de la productividad agrícola o uno donde la salud pública tenga prioridad sobre los intereses corporativos.
Costa Rica suele presentarse internacionalmente como una potencia verde, un ejemplo ambiental y un país comprometido con la sostenibilidad. Sin embargo, casos como el del clorotalonil muestran una contradicción profunda entre ese discurso y la realidad de muchas comunidades rurales. No existe verdadera sostenibilidad mientras las nacientes estén contaminadas y las familias tengan miedo de consumir agua.
Las más de 50 mil firmas representan presión internacional, pero también un llamado ético. Porque cuando una comunidad tiene que luchar durante casi una década para que se reconozca que su agua está contaminada, el problema no es solo químico. Es político.
El agua contaminada revela un modelo de desarrollo enfermo, donde las ganancias privadas pesan más que la salud colectiva y donde las comunidades deben convertirse en investigadoras, defensoras y guardianas de su propio derecho a existir.
Por eso la lucha de Cipreses trasciende sus montañas y sus nacientes. Es una lucha por recordar que el agua no debería negociarse, contaminarse ni administrarse según los intereses de las corporaciones. Porque cuando un pueblo pierde la confianza en el agua que bebe, también empieza a resquebrajarse la confianza en las instituciones que debían protegerlo.
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