El agua no puede esperar hasta el 2026

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La crisis del clorotalonil en la zona norte de Cartago se ha convertido en una radiografía dolorosa de las prioridades del Estado costarricense. Mientras miles de personas continúan dependiendo de cisternas para acceder a agua potable, las instituciones públicas parecen moverse con una lentitud desesperante, atrapadas entre contradicciones políticas, limitaciones técnicas y una peligrosa tolerancia hacia un modelo agrícola que ha puesto en riesgo las fuentes de agua del país.

La reciente solicitud del AyA para extender hasta el 2026 el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Sala Constitucional revela mucho más que un problema administrativo. Revela un Estado incapaz —o poco dispuesto— a actuar con la urgencia que exige una emergencia ambiental y sanitaria que lleva años afectando a comunidades enteras.

No se trata de un problema nuevo. Desde finales del 2021 comenzaron a aparecer análisis que confirmaban la presencia de metabolitos del clorotalonil en nacientes utilizadas para consumo humano. Posteriormente, el “Informe Técnico Clorotalonil”, elaborado por el Ministerio de Salud, el MINAE y el AyA en abril del 2023, fue contundente al recomendar la prohibición del agroquímico y advertir sobre el riesgo de contaminación asociado a su uso intensivo en zonas de recarga acuífera.

La Sala Constitucional acogió esas conclusiones y ordenó ejecutar las medidas recomendadas. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una respuesta contundente se transformó en una cadena de evasiones institucionales.

Por un lado, el AyA reconoce que el Laboratorio Nacional de Aguas todavía no tiene la capacidad técnica suficiente para detectar de forma adecuada los degradados del clorotalonil. Incluso admite que proyectos clave para fortalecer esa capacidad permanecen estancados por falta de respaldo político y administrativo. Resulta alarmante que un país que presume internacionalmente de liderazgo ambiental no cuente aún con herramientas técnicas robustas para monitorear la calidad del agua que consume su población.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería mantiene un discurso profundamente contradictorio. Primero cuestiona la necesidad de prohibir el clorotalonil y solicita aclaraciones a la sentencia de la Sala Constitucional; después, reconoce públicamente que la prohibición deberá ejecutarse porque así lo ordenó la Sala. Entre ambas posiciones queda atrapada la ciudadanía, expuesta a la incertidumbre y al deterioro ambiental.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué pesa más para las autoridades, la salud pública o los intereses económicos ligados al modelo agroindustrial?

Mientras las instituciones discuten competencias, presupuestos y procedimientos, las comunidades siguen pagando las consecuencias. Miles de personas continúan dependiendo de agua transportada en camiones cisterna. Otras viven con la angustia de no saber desde cuándo estuvieron consumiendo agua contaminada ni cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo sobre su salud.

Además, existe una realidad ambiental imposible de ignorar: mientras el clorotalonil continúe aplicándose en zonas de recarga acuífera, la recuperación de las nacientes simplemente no podrá comenzar. No hay descontaminación posible si la fuente del problema permanece intacta.

El caso de Cipreses ha demostrado también algo más profundo: las comunidades organizadas han tenido que asumir funciones que deberían corresponder al Estado. Han investigado, denunciado, presionado judicialmente y sostenido una lucha desigual frente a instituciones que muchas veces parecen actuar más para contener responsabilidades que para resolver el problema.

Costa Rica enfrenta aquí una disyuntiva histórica. Puede continuar administrando lentamente una crisis ambiental mientras posterga decisiones incómodas, o puede asumir de una vez por todas que el derecho humano al agua y a un ambiente sano debe colocarse por encima de cualquier presión corporativa o cálculo político.

Porque el agua no puede esperar hasta el 2026. Y las comunidades tampoco.