Cipreses: cuando el Estado administra la contaminación en lugar de resolverla

Por Mauricio Álvarez Mora. 

La crisis del agua contaminada en Cipreses de Oreamuno se ha convertido en uno de los ejemplos más preocupantes de cómo el Estado costarricense responde tarde, fragmentadamente y sin verdadera voluntad política ante un problema de salud pública y contaminación ambiental.

Después de más de un año de que cientos de familias dependan de agua distribuida en cisternas debido a la presencia de metabolitos de clorotalonil en el acueducto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) finalmente convocó una mesa de trabajo para abordar la situación. La reunión incluye al AyA, el Ministerio de Salud, la ASADA de Cipreses, el Frente EcoCipreses, el IRET de la Universidad Nacional y la Defensoría de los Habitantes.

La convocatoria reconoce algo que las comunidades llevan denunciando desde hace años: existe un problema integral relacionado con la calidad del agua, las tarifas y la gestión institucional de la crisis. Pero también deja en evidencia otra realidad incómoda: las instituciones han reaccionado únicamente bajo presión social, mediática y judicial.

Porque la contaminación del agua en Cipreses no apareció de un día para otro. Las denuncias comunitarias sobre los impactos de los agroquímicos vienen desde hace años. Las primeras confirmaciones científicas de contaminación por derivados del clorotalonil se conocieron desde finales del 2021. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido lentas, contradictorias y, en algunos casos, claramente insuficientes.

Mientras tanto, las familias continúan pagando tarifas regulares por un servicio de agua que no pueden consumir de manera segura. Esa contradicción resume buena parte de la injusticia que viven las comunidades afectadas: se les exige pagar como si recibieran un servicio normal, mientras enfrentan las consecuencias de una contaminación que nunca provocaron.

La intervención de ARESEP abre preguntas fundamentales sobre la responsabilidad institucional. ¿Cómo es posible que comunidades enteras permanezcan durante años dependiendo de cisternas? ¿Por qué el Estado sigue reaccionando como si se tratara de una emergencia temporal y no de una crisis estructural ligada al modelo agrícola intensivo y al uso de agroquímicos altamente peligrosos?

Más aún, la mesa de trabajo ocurre en un contexto donde la propia Sala Constitucional ya ordenó al Estado adoptar las recomendaciones del “Informe Técnico Clorotalonil”, elaborado por el Ministerio de Salud, el MINAE y el AyA. Ese informe recomendó explícitamente avanzar hacia la prohibición del clorotalonil debido a los riesgos asociados a la contaminación de fuentes de agua.

Sin embargo, en lugar de acelerar soluciones, distintas instituciones parecen enfocadas en ganar tiempo.El AyA ya solicitó una prórroga hasta el 2026, trasladando la resolución del problema hacia el próximo gobierno. El Ministerio de Agricultura ha enviado señales contradictorias respecto a la prohibición del agroquímico. Y el Ministerio de Salud, que debería liderar la defensa de la salud pública, ha mantenido un silencio preocupante.

Lo que se percibe desde las comunidades es una peligrosa normalización de la contaminación. Como si fuera aceptable que miles de personas vivan indefinidamente dependiendo de camiones cisterna mientras las instituciones discuten competencias, plazos y procedimientos administrativos.

Pero el problema de fondo no es únicamente técnico. Cipreses pone sobre la mesa las contradicciones profundas del modelo agrícola costarricense. Durante décadas se promovió una agricultura altamente dependiente de agroquímicos, muchas veces cerca de nacientes y zonas de recarga acuífera, sin una regulación suficientemente estricta ni controles eficaces.

Hoy las consecuencias son visibles: fuentes de agua contaminadas, comunidades enfermas, incertidumbre sobre los impactos a largo plazo y una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas.

La situación también demuestra el enorme papel que han jugado las organizaciones comunitarias. Sin la persistencia del Frente EcoCipreses y de las personas vecinas que sostuvieron denuncias, movilizaciones y procesos legales durante años, probablemente el caso seguiría invisibilizado.

Fueron las comunidades las que obligaron al Estado a reconocer el problema. Fueron ellas las que insistieron en la necesidad de estudios científicos, transparencia y responsabilidad institucional. Y son ellas las que continúan exigiendo algo tan básico como el derecho humano al agua limpia.

La mesa convocada por ARESEP podría convertirse en un espacio importante si realmente busca soluciones estructurales y no simplemente administrar el conflicto. Pero para ello hace falta voluntad política, transparencia y decisiones claras sobre la regulación de agroquímicos y la protección de las fuentes de agua.

Porque el problema de Cipreses no pertenece solamente a una comunidad de Cartago. Es una advertencia nacional sobre lo que ocurre cuando el agua se subordina a intereses económicos y cuando las instituciones reaccionan únicamente después de que la contaminación ya ocurrió.

Y mientras las reuniones avanzan lentamente entre oficios, informes y prórrogas, las familias continúan esperando algo elemental: abrir el tubo y poder beber agua sin miedo.