El agua envenenada y el silencio institucional

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Hay silencios que enferman. Y en Cartago, el silencio alrededor de la contaminación del agua con moléculas derivadas del clorotalonil comienza a parecerse demasiado a una forma de violencia institucional.

Mientras las comunidades de Cipreses y Santa Rosa llevan más de un año sobreviviendo entre cisternas, incertidumbre y promesas incumplidas, ahora surge una nueva alarma: la posible contaminación del acueducto de San Pablo de Oreamuno. De confirmarse, estaríamos frente a la tercera ASADA afectada por una crisis que las autoridades intentaron minimizar durante demasiado tiempo.

Lo más grave no es solamente la contaminación. Lo más grave es que las instituciones parecen actuar siempre después de que la presión comunitaria las obliga. Nunca antes. Nunca preventivamente. Nunca con transparencia.

En la mesa de trabajo convocada por la ARESEP el pasado 10 de noviembre, el funcionario regional del AyA, Vladimir Mesén Montenegro, evitó brindar detalles sobre las fuentes comprometidas y justificó el silencio afirmando que “no estaban listos los reportes de laboratorio”. Pero las comunidades ya escuchaban rumores desde hacía meses. Rumores que nacen porque la información oficial no llega. Porque el vacío institucional siempre termina llenándose con miedo, sospechas y desconfianza.

La pregunta es inevitable: si existen indicios de contaminación similares a los detectados en Cipreses y Santa Rosa, ¿por qué no se activaron inmediatamente protocolos preventivos? ¿Por qué no informar a la población? ¿Por qué esperar?

Pareciera que en Costa Rica primero se protege la estabilidad política y la imagen institucional, y después la salud pública.

Y esto no ocurre en cualquier territorio. Oreamuno es una zona marcada desde hace décadas por la expansión de monocultivos intensivos y el uso masivo de agroquímicos cerca de nacientes y zonas de recarga acuífera. Las advertencias existían. Desde 2016, una evaluación técnica del Instituto Tecnológico de Costa Rica ya señalaba riesgos altos de contaminación en varias de las nacientes que abastecen a la ASADA de San Pablo. Entre los factores críticos aparecía precisamente la cercanía de actividades agrícolas a las fuentes de agua.

Nada de esto cayó del cielo. Fue advertido.También resulta profundamente preocupante que el país todavía no tenga capacidad suficiente para detectar con rapidez y amplitud los degradados del clorotalonil. Es decir, Costa Rica prohibió este agroquímico reconociendo sus riesgos para el agua potable, pero al mismo tiempo no cuenta con las herramientas técnicas necesarias para monitorear adecuadamente su presencia.

La paradoja es brutal. El propio Laboratorio Nacional de Aguas ha reconocido sus limitaciones: funciona en una infraestructura obsoleta, en una casa de casi cien años en Tres Ríos, sin capacidad suficiente para enfrentar una crisis nacional de contaminación hídrica. Y aun así, el Gobierno tardó en respaldar la construcción del nuevo laboratorio, pese a existir financiamiento internacional disponible.

Si hoy el proyecto avanza, no es por voluntad política espontánea. Es por la presión social, comunitaria y jurídica impulsada por organizaciones como EcoCipreses y por comunidades que se negaron a normalizar el envenenamiento del agua.

Aquí hay una discusión mucho más profunda que un problema técnico de laboratorio. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo que se ha impuesto sobre los territorios rurales del país: un modelo donde la agricultura intensiva se expande incluso sobre zonas ambientalmente frágiles, mientras las comunidades terminan pagando las consecuencias con su salud y su derecho al agua.

Las autoridades insisten en hablar de “hallazgos”, “muestreos” y “protocolos”. Pero detrás de esos tecnicismos hay personas abriendo el tubo de sus casas sin saber realmente qué están consumiendo.

Y eso, en cualquier democracia que se tome en serio la salud pública, debería ser inadmisible.