Río Cuarto: agua contaminada y el sacrificio ambiental

Por Mauricio Álvarez Mora. 

En Costa Rica se repite una escena cada vez más frecuente y peligrosa: comunidades enteras descubren que el agua que consumen está contaminada, mientras las autoridades reaccionan tarde, minimizan el problema o simplemente miran hacia otro lado.

Ahora le toca nuevamente a Río Cuarto. La reciente denuncia sobre el cierre por orden sanitaria del Acueducto La Tabla debido a contaminación con bromacil —un agroquímico prohibido en el país desde 2018— confirma algo que las comunidades de la Zona Norte llevan años gritando: el modelo piñero continúa avanzando sobre los territorios, las fuentes de agua y la vida de las personas con una impunidad alarmante.

Lo más grave es que el bromacil ni siquiera debería estar presente. Fue prohibido precisamente por los riesgos ambientales y para la salud humana. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo llega todavía a las fuentes de agua potable? ¿Quién controla realmente el uso de estos químicos? ¿Quién fiscaliza a las empresas? ¿Quién responde por las comunidades afectadas?

Las personas vecinas lo expresan con desesperanza: “Seguimos recibiendo malas noticias”, “creíamos que el problema del agua ya se había solucionado”, “¿qué les vamos a heredar a nuestros hijos?”. Son frases que revelan cansancio, miedo y abandono institucional.

Pero el problema no es únicamente químico. Es profundamente político. La Zona Norte concentra buena parte del monocultivo de piña del país y, con ello, algunos de los impactos socioambientales más severos: contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad, deforestación, precarización laboral y concentración económica. Sin embargo, durante años se ha construido un discurso oficial donde la piña aparece únicamente como símbolo de progreso, exportaciones y crecimiento económico.

Ese relato omite deliberadamente a las comunidades que viven las consecuencias. Miguel Ángel Salazar, vecino de La Españolita, pone el dedo sobre una realidad compleja: el uso de agroquímicos ya se normalizó incluso entre pequeños productores. Los venenos se venden como herramientas milagrosas para “matar hierbas”, sin comprender muchas veces que también están afectando la salud humana, los suelos y el agua. Pero la comunidad tiene claro algo fundamental: el problema no nace solamente de pequeños agricultores, sino de un modelo agroindustrial impulsado por grandes empresas transnacionales que han convertido amplios territorios rurales en zonas de sacrificio ambiental.

Y mientras las comunidades denuncian contaminación, el espectáculo político sigue su curso. La visita del presidente Rodrigo Chaves a Río Cuarto, pocos días después de conocerse la contaminación del acueducto, terminó generando indignación en parte de la población. La imagen del mandatario recibiendo una canasta de piña junto al alcalde José Miguel Jiménez fue interpretada por muchas personas como una puesta en escena desconectada de la crisis real que vive el cantón.

No hubo espacios abiertos para cuestionar la contaminación del agua, las denuncias laborales, la expansión piñera o la destrucción ambiental. Según denuncian organizaciones sociales y sindicales, la visita pareció enfocarse más en la propaganda política que en escuchar a las comunidades afectadas.

La crítica no es menor. Cuando el poder político aparece abrazando simbólicamente a las actividades señaladas por las comunidades como responsables de la crisis ambiental, el mensaje que reciben los territorios es devastador: la producción y la imagen pública pesan más que el derecho al agua y la salud.

A esto se suman las graves denuncias laborales expuestas por personas de la comunidad, quienes señalan condiciones precarias, contratación de personas migrantes indocumentadas y violaciones de derechos laborales en algunas fincas de la región. Son denuncias que retratan otra dimensión incómoda del modelo agroexportador: la riqueza se concentra, mientras la precariedad se reparte entre quienes sostienen el trabajo agrícola.

Quizá una de las frases más duras sea la de Elena Trigueros cuando afirma que muchas personas tienen miedo de hablar por temor a ser señaladas o quedarse sin empleo. Ese miedo revela hasta qué punto ciertas economías locales terminan atrapadas en relaciones de dependencia donde cuestionar al poder empresarial puede significar aislamiento social o desempleo.

Y ahí aparece la gran contradicción costarricense. Un país que internacionalmente vende una imagen verde, ecológica y sostenible, mientras múltiples comunidades rurales denuncian contaminación del agua potable, destrucción ambiental y abandono institucional. Un país que presume liderazgo ambiental en foros internacionales, mientras territorios enteros sienten que deben acudir a instancias internacionales para ser escuchados.

La crisis de Río Cuarto no es un accidente aislado. Es el resultado acumulado de décadas de permisividad política, debilidad institucional y subordinación del interés público frente al poder económico.

La pregunta ya no es si habrá más casos de contaminación. La pregunta es cuántas comunidades más tendrán que perder su agua antes de que el país decida enfrentar seriamente el costo real del monocultivo piñero.