Por Mauricio Álvarez Mora.
La posible contaminación con derivados del clorotalonil en las fuentes de agua de la ASADA de San Pablo de Oreamuno vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que las comunidades de Cartago vienen señalando desde hace varios años: la vulnerabilidad de las fuentes de agua frente al uso intensivo de agroquímicos y la necesidad de que las instituciones actúen con transparencia y celeridad cuando existen indicios de riesgo para la salud pública.
La situación tomó relevancia luego de que el diputado Ariel Robles solicitara información al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Ministerio de Salud y al Servicio Fitosanitario del Estado sobre las acciones realizadas ante una denuncia dada a conocer por el Frente EcoCipreses.
La preocupación surge a partir de información revelada por Vladimir Mesén Montenegro, funcionario de la oficina regional de Acueductos Rurales de Cartago del AyA, durante una mesa de trabajo convocada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para analizar la situación de contaminación del acueducto de Cipreses.
Según lo expuesto en ese espacio, existiría un nuevo caso de contaminación relacionado con derivados del clorotalonil en la ASADA de San Pablo de Oreamuno. Sin embargo, el funcionario no brindó mayores detalles sobre cuáles fuentes de agua estarían comprometidas. Además, ante la consulta de representantes del Frente EcoCipreses sobre las razones para no informar a la comunidad, indicó que los reportes de laboratorio aún no estaban listos.
Precisamente esta falta de información pública es uno de los aspectos que genera preocupación. Cuando se trata de posibles riesgos para el abastecimiento de agua potable, las comunidades tienen derecho a conocer qué está ocurriendo, cuáles análisis se están realizando y qué medidas están siendo tomadas por las instituciones responsables.
En este contexto, el diputado Ariel Robles dirigió consultas concretas a las autoridades competentes. Al presidente ejecutivo del AyA le solicitó informar cuáles acciones inmediatas ha tomado la institución para proteger la salud de las personas usuarias y garantizar la prestación del servicio de agua potable como un derecho humano. Asimismo, preguntó si se han iniciado investigaciones para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua de la ASADA.
Las mismas interrogantes fueron planteadas al Ministerio de Salud, institución que tiene la responsabilidad legal de velar por la calidad del agua destinada al consumo humano. De igual forma, el legislador consultó al Servicio Fitosanitario del Estado sobre las acciones emprendidas como autoridad encargada de regular el uso y manejo de sustancias químicas para proteger la salud humana y el ambiente.
Las preguntas resultan particularmente relevantes porque no se trata de una situación aislada. Según ha señalado el Frente EcoCipreses, desde hace meses existían rumores en las comunidades sobre una posible contaminación en San Pablo similar a la detectada en Santa Rosa y Cipreses, localidades que desde hace más de un año han enfrentado afectaciones en sus sistemas de abastecimiento.
La organización también ha señalado que, de confirmarse la contaminación, deberían activarse protocolos institucionales que incluyen la emisión de órdenes sanitarias para restringir el consumo del agua afectada y la implementación de medidas alternativas de abastecimiento para la población. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las gestiones formales realizadas en relación con el caso de San Pablo.
Los antecedentes de esta ASADA también merecen atención. Una evaluación realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica señalaba que el acueducto abastecía aproximadamente a 410 abonados y a una población cercana a las 1.800 personas. El estudio identificó diversos niveles de riesgo en las nacientes que abastecen el sistema y consideró entre sus criterios de evaluación la existencia de potenciales fuentes de contaminación asociadas a actividades agrícolas, viviendas, animales o residuos.
Si se confirma este nuevo caso, San Pablo se convertiría en la tercera ASADA afectada por contaminación asociada a derivados del clorotalonil en la zona de Oreamuno. Esto elevaría a más de 12.000 las personas directamente impactadas por esta problemática.
Sin embargo, el alcance del problema podría ser mucho mayor. Los informes elaborados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el AyA, que sirvieron de base para la resolución de la Sala Constitucional sobre el clorotalonil, advertían que alrededor de 65.000 personas dependían de sistemas de abastecimiento ubicados en condiciones similares. Según esos informes, la cercanía de las actividades agrícolas a las fuentes de agua estaba afectando la calidad del recurso y generando una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de productos químicos.
Por esa razón, la discusión sobre San Pablo no se limita a determinar si existe o no contaminación en una ASADA específica. También plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para detectar oportunamente los riesgos, informar con transparencia a las comunidades y actuar de manera preventiva cuando está en juego un derecho tan fundamental como el acceso al agua potable.
Mientras las respuestas oficiales llegan, la solicitud de información presentada por el diputado Ariel Robles representa una oportunidad para esclarecer los hechos y garantizar que la población reciba información clara, completa y oportuna sobre el estado de las fuentes de agua que abastecen a sus comunidades.
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