Por Mauricio Álvarez Mora.
Ante esta situación, organizaciones ambientales, personas defensoras del agua y diversos sectores de la ciudadanía han convocado una manifestación frente a Casa Presidencial para exigir el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional y entregar más de 75 mil firmas recolectadas en apoyo a la prohibición de este agroquímico. La movilización representa mucho más que una petición ciudadana. Es la expresión de una profunda preocupación por la protección de las fuentes de agua y por la capacidad del Estado de garantizar derechos fundamentales.
La lucha contra el clorotalonil no comenzó hace seis meses. Tampoco surgió como resultado de una resolución judicial. Ha sido impulsada y sostenida durante años por el Frente EcoCipreses, junto con personas defensoras del agua, vecinos afectados y organizaciones solidarias que han denunciado persistentemente la contaminación de las fuentes de abastecimiento en Oreamuno de Cartago.
Desde finales de 2021 comenzaron a conocerse análisis que detectaban derivados de este pesticida en fuentes destinadas al consumo humano. A partir de ese momento, el Frente EcoCipreses desempeñó un papel fundamental en la visibilización del problema, la articulación de acciones legales, la difusión de información técnica y la exigencia de respuestas institucionales. Posteriormente se confirmó que otras nacientes de la zona presentaban problemas similares, ampliando las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de las fuentes de agua frente al uso intensivo de agroquímicos.
Mientras estas denuncias avanzaban, cientos de familias tuvieron que adaptarse a una realidad inaceptable: depender de camiones cisterna para acceder a agua potable. Lo que inicialmente parecía un problema localizado terminó revelando una situación mucho más amplia y preocupante.
Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la información presentada por instituciones públicas ante la Sala Constitucional. Según informes técnicos elaborados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, alrededor de 65 mil personas habitaban en zonas con condiciones similares a las de las comunidades afectadas. Se trataba de territorios donde la actividad agrícola se desarrolla muy cerca de las fuentes de agua, generando una alta probabilidad de contaminación por plaguicidas.
Estos hallazgos fueron determinantes para que la Sala Constitucional ordenara la prohibición del clorotalonil. La resolución reconoció que la protección del agua destinada al consumo humano debe prevalecer cuando existe evidencia de riesgo para la salud y el ambiente.
La situación adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se observa el contexto internacional. El clorotalonil ha sido prohibido en decenas de países debido a sus riesgos ambientales y sanitarios. Sin embargo, mientras numerosas naciones avanzan hacia regulaciones más estrictas, productos cuestionados continúan comercializándose en países del sur global, donde los sistemas de control suelen enfrentar mayores limitaciones institucionales.
Esta realidad plantea preguntas incómodas sobre los estándares que se aplican a la protección de la salud pública. Resulta difícil justificar que sustancias consideradas demasiado peligrosas para ser utilizadas en determinadas regiones del mundo sigan encontrando mercado en países donde las poblaciones rurales y las fuentes de agua presentan altos niveles de vulnerabilidad.
Por eso el debate sobre el clorotalonil trasciende la discusión sobre un único agroquímico. Lo que está en juego es el modelo de gestión del riesgo ambiental y la capacidad del Estado para aplicar el principio precautorio cuando existen amenazas a bienes públicos esenciales como el agua.
También está en discusión la necesidad de avanzar hacia una regulación más robusta de los plaguicidas altamente peligrosos. La petición ciudadana que será entregada al Gobierno no solo solicita la prohibición definitiva del clorotalonil. También demanda la aprobación del proyecto de ley expediente 23.783 sobre plaguicidas altamente peligrosos y la implementación integral de las recomendaciones técnicas elaboradas por las instituciones competentes.
Los acontecimientos recientes muestran que la preocupación expresada por el Frente EcoCipreses y otros actores sociales no era exagerada. Durante una mesa de trabajo convocada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se informó que el decreto de prohibición ya había sido firmado por la ministra de Salud y se encontraba pendiente de otras firmas para su oficialización. Además, se dieron a conocer nuevos casos de contaminación relacionados con derivados del clorotalonil en otras comunidades de Oreamuno.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cuánto tiempo más deben esperar las personas afectadas para que una decisión ya respaldada por evidencia científica, por instituciones públicas y por una resolución constitucional se convierta finalmente en una realidad?
La defensa del agua no puede seguir dependiendo únicamente de la perseverancia de organizaciones como el Frente EcoCipreses y de las personas que han asumido la tarea de denunciar, investigar y exigir respuestas ante la contaminación de las fuentes de abastecimiento. Garantizar agua segura es una obligación del Estado y un derecho fundamental de toda la población.
Cada día de retraso en la aplicación de medidas preventivas representa un riesgo innecesario para las personas y para los ecosistemas que sostienen la vida. Cuando existen indicios razonables de contaminación y cuando una resolución judicial ya ha señalado el camino a seguir, la inacción institucional se convierte en una forma de incumplimiento de las responsabilidades públicas.
Las más de 75 mil firmas que serán entregadas frente a Casa Presidencial constituyen un mensaje claro. La ciudadanía espera que las decisiones públicas se orienten por la protección de la salud, el ambiente y el interés colectivo. Cuando el acceso al agua potable está en juego, la demora deja de ser un asunto administrativo para convertirse en un problema de justicia ambiental y de respeto a los derechos humanos.
La historia del clorotalonil en Costa Rica es también la historia de cómo un grupo de personas organizadas logró colocar en la agenda nacional una problemática que durante mucho tiempo permaneció invisible. Su persistencia permitió demostrar que la defensa del agua no es únicamente una causa local. Es una condición indispensable para la vida, la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
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