Por Mauricio Álvarez Mora.
La contaminación del agua en las comunidades de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno dejó de ser únicamente una denuncia vecinal para convertirse en un caso que evidencia profundas debilidades institucionales alrededor de la protección del agua potable en Costa Rica. Lo ocurrido durante los últimos meses en estas comunidades de Cartago revela no solo la gravedad de la contaminación por agroquímicos, sino también las contradicciones, omisiones y tensiones existentes entre las instituciones encargadas de garantizar un derecho humano básico.
Más de diez mil personas permanecen afectadas por la contaminación con moléculas derivadas de la degradación del fungicida clorotalonil, utilizado históricamente en actividades agrícolas de la zona. La situación obligó al cierre de varias nacientes y provocó que desde octubre de 2022 las comunidades dependan parcialmente del abastecimiento mediante camiones cisterna enviados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Sin embargo, la emergencia sanitaria no se limita únicamente a la contaminación química del agua. También ha expuesto problemas relacionados con el acceso desigual al abastecimiento, la comunicación institucional y el manejo de la información hacia las comunidades afectadas.
Inicialmente, el agua era distribuida casa por casa, pero posteriormente se colocaron tanques comunitarios en distintos puntos de las localidades, obligando a muchas personas —particularmente adultos mayores, personas con discapacidad o vecinos alejados— a desplazarse para poder obtener agua potable. Esta situación motivó denuncias ante la Defensoría de los Habitantes por posibles afectaciones al derecho humano al agua.
La intervención de distintas instituciones ha terminado confirmando algo que las comunidades vienen señalando desde hace meses: el problema es real y grave. Un informe técnico de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) advirtió que uno de los productos degradados del clorotalonil es “altamente tóxico para mamíferos” y respaldó la necesidad de prohibir el uso de este agroquímico, además de fortalecer la capacidad analítica del país para detectar este tipo de contaminantes.
Al mismo tiempo, la Defensoría de los Habitantes solicitó investigaciones urgentes sobre la distribución del agua potable y sobre denuncias relacionadas con información contradictoria brindada a la población. El AyA, por su parte, recordó a la ASADA de Cipreses que las resoluciones de la Sala Constitucional son vinculantes y que no puede difundirse información que contradiga los criterios técnicos y jurídicos ya establecidos sobre la contaminación del acueducto.
Ahí aparece uno de los aspectos más preocupantes del conflicto: mientras instituciones estatales reconocen la contaminación y mantienen medidas de emergencia para abastecer a la población, desde sectores de la administración local del acueducto continúan circulando mensajes que relativizan o niegan el problema. Esto ha generado confusión, incertidumbre y desconfianza entre vecinos y vecinas.
La crisis de Cipreses también revela un problema estructural mucho más amplio: la enorme dependencia de los territorios rurales de modelos agrícolas intensivos basados en el uso masivo de agroquímicos. Durante décadas, el discurso del desarrollo agrícola invisibilizó los costos ambientales y sanitarios de este modelo productivo. Hoy esos costos aparecen directamente en las fuentes de agua que abastecen a miles de personas.
Resulta especialmente alarmante que una situación de contaminación de agua potable haya tenido que llegar hasta instancias como la Sala Constitucional, la Defensoría y distintos órganos técnicos para comenzar a ser asumida con la seriedad necesaria. El hecho de que comunidades enteras lleven meses dependiendo de cisternas demuestra que no se trata de una sospecha ni de un problema menor, sino de una emergencia ambiental y sanitaria de gran escala.
El caso de Cipreses obliga además a replantear el papel de las instituciones públicas frente al control de agroquímicos y la protección de las nacientes. Costa Rica ha construido internacionalmente una imagen de país verde y ambientalmente responsable, pero situaciones como esta muestran las contradicciones profundas entre ese discurso y la realidad de muchos territorios rurales.
Mientras las instituciones discuten competencias, responsabilidades y procedimientos, miles de personas continúan viviendo bajo incertidumbre respecto a la calidad del agua que consumen. La contaminación por clorotalonil no solo afecta nacientes y acuíferos; también erosiona la confianza pública en la capacidad del Estado para proteger derechos fundamentales.
Lo que ocurre en Cipreses y Santa Rosa debería abrir una discusión nacional sobre el modelo agrícola, el control de agroquímicos y la vulnerabilidad de las fuentes de agua. Porque cuando una comunidad pierde confianza en el agua que sale de su propia tubería, lo que está en juego no es solamente un servicio público, sino una de las bases más esenciales de la vida cotidiana y de la salud colectiva.
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