Por Mauricio Álvarez Mora.
La contaminación de nuevas nacientes de agua para consumo humano en Santa Rosa de Oreamuno vuelve a evidenciar una crisis que ya no puede entenderse como un hecho aislado. Lo ocurrido en Cipreses y ahora en otras comunidades de Cartago demuestra las consecuencias de un modelo agroindustrial intensivo que durante décadas ha operado con escaso control sobre los impactos ambientales y sanitarios de los agroquímicos utilizados en la producción agrícola.
La reciente detección de derivados del fungicida clorotalonil en la naciente Carlos Martínez, confirmada por análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, se suma a otras seis fuentes ya clausuradas por contaminación. Con ello, prácticamente todas las nacientes que abastecen a Santa Rosa de Oreamuno presentan afectación por metabolitos de este agroquímico.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud emitió una nueva orden sanitaria donde establece que, debido a la ausencia de información suficiente sobre los riesgos de estos metabolitos, el agua no puede utilizarse para consumo humano, preparación de alimentos ni higiene corporal. La medida obliga a abastecer a la población mediante camiones cisterna y otros mecanismos alternativos.
La situación no solo evidencia una emergencia sanitaria. También pone en discusión las enormes debilidades institucionales para prevenir y enfrentar este tipo de contaminación. Durante años, comunidades, organizaciones ecologistas y personas vecinas advirtieron sobre el uso intensivo de agroquímicos en las zonas agrícolas altas de Cartago y los riesgos para las nacientes. Sin embargo, las respuestas estatales han sido lentas, fragmentadas y, muchas veces, insuficientes.
El propio Ministerio de Salud recomendó gestionar la prohibición del clorotalonil en Costa Rica y avanzar en la protección de las zonas de recarga acuífera. No obstante, mientras esas medidas no se concreten, el problema seguirá extendiéndose hacia otras comunidades. La contaminación detectada en Santa Rosa confirma precisamente eso: el impacto no estaba limitado a Cipreses, sino que responde a una dinámica regional asociada al modelo agrícola dominante.
El caso también refleja una paradoja profundamente preocupante. Costa Rica proyecta internacionalmente una imagen de país verde y líder ambiental, mientras miles de personas deben recibir agua potable en cisternas debido a la contaminación derivada de prácticas agrícolas ampliamente conocidas y toleradas institucionalmente.
La dependencia de agroquímicos en monocultivos intensivos no es simplemente un problema técnico. Se trata de un conflicto estructural entre dos formas de entender el territorio. Por un lado, una lógica agroindustrial orientada a maximizar producción y exportación; por otro, la necesidad de garantizar derechos básicos como el acceso al agua limpia, la salud pública y la protección de los ecosistemas.
Las instituciones públicas han comenzado finalmente a reconocer la gravedad del problema. Informes técnicos del MINAE, el AyA y la Defensoría de los Habitantes ya advierten sobre los riesgos asociados a los derivados del clorotalonil y sobre las responsabilidades institucionales frente a las comunidades afectadas. Sin embargo, reconocer el problema no basta si no se toman decisiones de fondo.
La contaminación de nacientes en Cartago debería abrir una discusión nacional mucho más amplia sobre el futuro del modelo agrícola costarricense. Mientras se continúe permitiendo el uso intensivo de sustancias altamente riesgosas en zonas de recarga acuífera, nuevas comunidades podrían enfrentar escenarios similares en los próximos años.
Más allá de la emergencia inmediata, lo que está en juego es la capacidad del país para proteger uno de sus bienes comunes más fundamentales: el agua.
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