Por Mauricio Álvarez Mora.
Una delegación de personas indígenas Ngäbe de Sixaola llegó esta semana a San José para exigir al Estado costarricense algo que para cualquier otro pueblo debería ser elemental: el derecho a un territorio donde puedan vivir, desarrollar su cultura y ejercer plenamente sus derechos colectivos como pueblo originario.
La representación, integrada por catorce personas de distintas organizaciones comunitarias de Sixaola, habló en nombre de cerca de diez mil indígenas Ngäbe que habitan la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá, una población históricamente invisibilizada y sometida a múltiples formas de exclusión territorial, social y económica.
La visita incluyó reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y universidades públicas. Sin embargo, detrás de las reuniones institucionales lo que emerge es una problemática mucho más profunda: la contradicción entre el reconocimiento formal de derechos indígenas y la ausencia de condiciones materiales para ejercerlos.
En el año 2019, Costa Rica aprobó la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza. La legislación representó un avance importante, pues reconoció el derecho a la nacionalidad costarricense de la población Ngäbe de Sixaola, entendiendo que se trata de un pueblo originario anterior a la existencia misma de las fronteras entre Costa Rica y Panamá.
No obstante, el reconocimiento jurídico no resolvió el problema central: la ausencia de un territorio propio.
En la carta entregada al presidente Rodrigo Chaves, las organizaciones indígenas fueron claras al señalar que miles de personas Ngäbe continúan viviendo sin un espacio donde puedan desarrollar libremente su cultura, practicar su espiritualidad, sembrar alimentos, elaborar artesanías o sostener formas tradicionales de convivencia comunitaria.
La demanda territorial no responde únicamente a una necesidad habitacional. Para los pueblos indígenas, el territorio constituye una dimensión integral de la vida colectiva. Ahí se articulan la espiritualidad, la memoria histórica, la organización social, la producción alimentaria y la reproducción cultural.
Por eso las organizaciones Ngäbe recuerdan que instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen que la relación entre pueblos originarios y territorio no puede reducirse a un simple problema de propiedad privada o acceso a tierra.
El caso de Sixaola evidencia además una forma particular de exclusión que muchas veces permanece fuera de la discusión pública. A pesar de representar una parte fundamental de la fuerza laboral agrícola en la región Caribe, miles de personas Ngäbe viven en condiciones de enorme precariedad laboral y social.
Gran parte de esta población habita en terrenos vinculados a empresas privadas bananeras y mantiene desde hace años conflictos relacionados con condiciones laborales, acceso al agua, servicios básicos y atención en salud. La propia delegación planteó la necesidad de establecer mesas de trabajo con instituciones públicas y empresas para atender denuncias históricas sobre derechos laborales y condiciones de vida.
La situación también deja ver las limitaciones del Estado costarricense frente a los derechos indígenas. Durante décadas se ha avanzado en discursos sobre multiculturalidad, inclusión y reconocimiento, pero en la práctica muchos pueblos originarios continúan enfrentando obstáculos estructurales para ejercer derechos básicos.
La reunión sostenida con el viceministro de Paz incluyó compromisos institucionales para buscar posibles propiedades en la zona y avanzar en gestiones interinstitucionales. Sin embargo, las comunidades conocen bien que históricamente muchas promesas estatales han terminado diluyéndose entre trámites burocráticos y falta de voluntad política.
La exigencia Ngäbe no es nueva. Lo que cambia es la urgencia con la que hoy se plantea. En medio de condiciones crecientes de pobreza, exclusión territorial y debilitamiento cultural, las comunidades insisten en que no basta con reconocer derechos en el papel si no existen condiciones reales para ejercerlos.
La lucha por el territorio en Sixaola no representa únicamente una demanda indígena particular. También interpela al país sobre el tipo de relación que mantiene con sus pueblos originarios y sobre las profundas desigualdades que persisten detrás de la imagen internacional de Costa Rica como nación respetuosa de los derechos humanos y la diversidad cultural.
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