Mientras buena parte del país se prepara para vacacionar durante la Semana Santa, en distintos puntos del Caribe Sur las máquinas continúan trabajando sobre humedales, bosques y zonas protegidas. No es algo nuevo. Desde hace años, muchas de las mayores agresiones ambientales en la región ocurren precisamente durante temporadas festivas, cuando disminuye la vigilancia institucional y baja la atención pública.
Las denuncias recientes sobre la destrucción de un humedal en Playa Negra de Puerto Viejo vuelven a evidenciar un problema estructural que se repite una y otra vez en Talamanca: el avance de proyectos y actividades privadas sobre ecosistemas frágiles, acompañado de una institucionalidad débil, lenta o permisiva.
Vecinas y vecinos de la zona denuncian que el humedal afectado forma parte del Patrimonio Natural del Estado y colinda con el Parque Nacional Cahuita. Según indican, desde hace décadas existen denuncias por invasión y destrucción en sectores de este ecosistema, muchas de ellas aún atrapadas en procesos judiciales interminables. Sin embargo, lejos de detenerse, las afectaciones continúan.
Las imágenes y testimonios hablan de tala de bosque, limpieza de terreno y uso de maquinaria pesada dentro del área de humedal. Aunque el SINAC habría presentado denuncias ante la Fiscalía, las personas vecinas aseguran que los trabajos continúan diariamente.
El problema no es únicamente legal. También es profundamente ecológico. Los humedales cumplen funciones esenciales para la regulación hídrica, la biodiversidad y la protección costera. Son ecosistemas que filtran agua, amortiguan inundaciones y sirven de refugio para innumerables especies. Su destrucción altera ciclos naturales que tardaron siglos en consolidarse.
Por eso la legislación costarricense prohíbe expresamente actividades que alteren estos ecosistemas, incluyendo drenajes, rellenos, desecamientos y cualquier intervención que interrumpa el flujo natural de las aguas. Aun así, en el Caribe Sur pareciera haberse normalizado la transformación de humedales en espacios para desarrollos inmobiliarios, turísticos o comerciales.
El caso de Playa Negra no aparece aislado. Más bien forma parte de una larga cadena de conflictos ambientales en la región.
En 2019, durante otra Semana Santa, la Municipalidad de Talamanca impulsó la construcción de un paso provisional sobre la playa en Puerto Viejo, justificándolo como una medida para descongestionar el tránsito turístico. Aquella intervención implicó remoción de vegetación, afectación de la playa y denuncias por impactos sobre sitios de anidación de tortugas marinas.
Ese mismo año, en plena época navideña, vecinos denunciaron la destrucción de humedales en Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Las denuncias señalaban tala de árboles, drenajes y rellenos con piedra y tierra para secar sectores del humedal y facilitar construcciones.
Lo preocupante es que estos conflictos ya no parecen excepciones, sino parte de una dinámica permanente de presión sobre los bienes comunes del Caribe Sur. La región se vende internacionalmente como un paraíso natural, pero detrás de esa imagen se desarrolla un proceso acelerado de transformación territorial impulsado por intereses turísticos e inmobiliarios.
Muchos de estos procesos avanzan aprovechando vacíos institucionales, lentitud judicial y debilidades en el ordenamiento territorial. Las municipalidades, lejos de actuar como garantes de protección ambiental, aparecen frecuentemente señaladas por otorgar permisos cuestionados o permitir desarrollos en zonas ambientalmente sensibles.
La paradoja resulta evidente. La principal riqueza del Caribe Sur sigue siendo precisamente su biodiversidad, sus humedales, playas, bosques y paisajes costeros. Sin embargo, el mismo modelo de desarrollo que se beneficia económicamente de esa riqueza natural termina destruyéndola progresivamente.
Las comunidades locales llevan años alertando sobre esta situación. Lo que denuncian no es únicamente la pérdida de ecosistemas, sino también una forma de ocupación territorial que desplaza dinámicas comunitarias, privatiza espacios y transforma radicalmente la relación con la naturaleza.
El problema de fondo no es solo la destrucción puntual de un humedal en Playa Negra. Lo que está en discusión es el futuro mismo del Caribe Sur y la capacidad del país para decidir si estos territorios seguirán siendo espacios de vida y biodiversidad o simplemente escenarios de expansión inmobiliaria y turística sin límites claros.
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