¿ Por qué se solicitó un veto presidencial a ley sobre cooperativas eléctricas?

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Organizaciones advirtieron sobre posibles impactos en ríos, áreas protegidas y comunidades, así como eventuales efectos sobre el modelo eléctrico nacional

En febrero de 2003, un amplio sector ambiental solicitó al entonces presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, vetar la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa bajo el expediente 14.582.

La petición se formalizó mediante una extensa carta en la que se expusieron objeciones relacionadas con la falta de participación ciudadana en la discusión del proyecto, sus implicaciones para la gestión de los recursos hídricos, los posibles efectos sobre el sistema eléctrico nacional y los riesgos ambientales asociados a una eventual expansión de proyectos hidroeléctricos.

Uno de los principales cuestionamientos señalaba que la legislación fue discutida y aprobada sin incorporar adecuadamente a organizaciones ambientales, sectores sociales y comunidades afectadas por proyectos energéticos. Según se argumentó, diversas poblaciones de regiones como Pacuare, Boruca, Savegre, Sarapiquí, Zona Norte y Pirrís ya enfrentaban conflictos vinculados con la construcción de represas y otras obras de generación eléctrica.

Las preocupaciones expresadas también apuntaban a que el país carecía de una discusión integral sobre el modelo energético que necesitaba desarrollar a futuro. Desde esta perspectiva, la ley representaba una reforma aislada que debía ser analizada en conjunto con una futura legislación sobre el recurso hídrico y con una planificación nacional más amplia del sector energético.

Preocupaciones sobre concesiones y generación privada

Entre los aspectos más cuestionados figuraba la posibilidad de que la redacción de la ley abriera espacios para una mayor participación privada en el negocio de la generación eléctrica.

Los críticos del proyecto señalaron que algunos artículos contenían definiciones amplias sobre las empresas de servicios públicos municipales y las cooperativas de electrificación rural, lo que podría facilitar el otorgamiento de concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos sin suficientes mecanismos de control o regulación.

Además, se advertía sobre la posibilidad de que determinadas figuras jurídicas fueran utilizadas para obtener beneficios contemplados en la ley, generando condiciones favorables para intereses privados en un sector considerado estratégico para el país.

Posible debilitamiento del ICE

Otro de los puntos centrales de la discusión fue el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las observaciones presentadas indicaban que modificaciones introducidas durante el trámite legislativo eliminaban mecanismos mediante los cuales el ICE podía pronunciarse sobre la conveniencia y compatibilidad de nuevos proyectos eléctricos con la planificación nacional.

Asimismo, se cuestionó la obligación de compra de excedentes energéticos producidos por cooperativas y empresas municipales, al considerar que ello podría reducir la capacidad del instituto para dirigir de manera integrada el desarrollo del sistema eléctrico nacional.

Quienes se oponían a la ley sostenían que estas reformas podían debilitar el papel histórico del ICE y favorecer una mayor apertura del mercado energético.

Impactos ambientales de las hidroeléctricas

La carta dedicó una parte importante a describir los impactos ambientales asociados a las represas hidroeléctricas.

Entre los efectos señalados se encuentran la alteración de los flujos naturales de los ríos, la interrupción de rutas migratorias de peces y otros organismos acuáticos, la fragmentación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la modificación de procesos naturales relacionados con inundaciones y sedimentación.

También se advirtió sobre las consecuencias que estas obras pueden generar en manglares, playas y ecosistemas costeros debido a cambios en el transporte de sedimentos y nutrientes.

Según el documento, la construcción de carreteras, embalses y demás infraestructura asociada a los proyectos hidroeléctricos provoca además procesos de deforestación, erosión y transformación permanente del paisaje.

Riesgos para áreas protegidas

Otra preocupación planteada fue la posibilidad de que la legislación facilitara proyectos geotérmicos o hidroeléctricos en áreas protegidas.

El análisis advertía que actividades de este tipo podrían ocasionar destrucción de cobertura forestal, afectación de fauna silvestre, contaminación de cuerpos de agua, alteraciones de acuíferos, pérdida de belleza escénica y daños a atractivos naturales presentes en parques nacionales.

Además, se alertaba sobre la eventual apertura de nuevos caminos y obras de infraestructura dentro de ecosistemas considerados de alta fragilidad ambiental.

Expropiaciones y uso del territorio

El texto también cuestionó disposiciones relacionadas con la posibilidad de imponer servidumbres o realizar expropiaciones para el desarrollo de proyectos energéticos.

Según los argumentos expuestos, la redacción de la ley no establecía límites suficientemente claros para evitar afectaciones sobre propiedades privadas, reservas naturales, refugios de vida silvestre y otras áreas de conservación.

Esto generaba preocupación entre propietarios de reservas privadas, comunidades locales y sectores científicos vinculados con la protección de corredores biológicos y ecosistemas estratégicos.

Solicitud de revisión integral

Las organizaciones firmantes concluyeron que el proyecto debía regresar a la Asamblea Legislativa para una revisión más profunda y participativa.

La propuesta consistía en abrir un proceso de discusión que permitiera analizar conjuntamente aspectos energéticos, ambientales, sociales y jurídicos, así como definir un marco regulatorio más coherente para la gestión del agua y el desarrollo de infraestructura energética.

Como respaldo de sus planteamientos, la carta incorporó varios anexos técnicos dedicados a documentar los impactos ambientales de las represas, los posibles efectos de la generación geotérmica en parques nacionales y la cantidad de proyectos hidroeléctricos que se encontraban en operación, construcción o estudio en distintas cuencas del país.

De acuerdo con esa documentación, a inicios de la década del 2000 existían alrededor de 190 proyectos hidroeléctricos entre iniciativas privadas, cooperativas y estatales distribuidos en diversas regiones del territorio nacional, lo que evidenciaba la magnitud de la expansión energética prevista para los años siguientes y la necesidad de una planificación integral del sector.