Intereses mineros extranjeros intentaron influir en asamblea indígena en Talamanca

Por Mauricio Álvarez Mora.

Lo que durante años había sido una actividad organizativa realizada sin mayor atención pública en Alta Talamanca, se convirtió en julio de 2007 en un escenario marcado por fuertes intereses externos, gran despliegue económico y tensiones alrededor del control de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI).

Según denuncias realizadas en aquel momento, la asamblea de ADITIBRI se transformó en una disputa entre sectores de la comunidad Bribri y grupos vinculados a intereses mineros transnacionales interesados en ingresar al territorio indígena. Dirigentes y pobladores señalaron que alrededor de 20 millones de colones habrían sido invertidos para impulsar la candidatura de uno de los aspirantes a la junta directiva de la organización.

La campaña incluyó transporte masivo en buses, distribución de camisetas, alimentación, propaganda por distintas comunidades, contratación de abogados y la circulación de un periódico de alto costo. Todo ello, según las denuncias, financiado por intereses asociados a un empresario extranjero señalado de promover exploraciones mineras ilegales dentro de las montañas del territorio indígena.

Incluso, una convocatoria previa a la asamblea había terminado en disturbios luego de que una turba, presuntamente contratada por sectores mineros, irrumpiera para boicotear la actividad. De acuerdo con los testimonios, antes de esos hechos se repartieron bicicletas y, días antes, televisores entre miembros de la comunidad.

Dirigentes indígenas denunciaban además que la influencia de estos intereses externos llegó hasta medios de comunicación nacionales, particularmente corresponsales de Diario Extra y Canal 7, a quienes acusaban de contribuir a generar división e ingobernabilidad dentro del territorio para impedir la elección de una junta directiva opuesta a la minería. Personas vinculadas a la organización afirmaban que desde la creación de ADITIBRI, en 1978, nunca se había visto una intervención tan fuerte de intereses foráneos en la política interna del territorio indígena.

A pesar de ello, el comunicado señalaba que la comunidad Bribri logró resistir las presiones y cerrar filas contra los intereses mineros. El contexto coincidía además con el debate nacional sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), por lo que varios dirigentes indígenas relacionaban la expansión de las transnacionales con proyectos extractivos como la minería y el petróleo. En esos días, ecologistas y organizaciones sociales también llegaron a la zona para alertar sobre los impactos ambientales y culturales de la actividad minera, especialmente la contaminación y la destrucción de los territorios indígenas.

Los dirigentes indígenas impulsaron conversaciones con docentes y organizaciones locales para retomar antiguos comités de lucha contra la minería y contra el TLC. Para muchas personas del territorio, ambos procesos formaban parte de una misma amenaza vinculada al avance de intereses externos sobre los bienes naturales y culturales de Talamanca.

El comunicado destacaba además la importancia estratégica del cantón de Talamanca, el más grande de Costa Rica, que representa cerca del 5% del territorio nacional. Del total del cantón, un 55% corresponde a parques nacionales como La Amistad, Chirripó y Cahuita; un 31% a territorios indígenas como Keköldi, Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar y Telire; un 2% al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y únicamente un 12% a áreas no protegidas.

Según el texto, el pueblo Bribri resguarda importantes recursos geológicos, biológicos y fuentes de agua, lo que históricamente ha despertado el interés de compañías mineras. Las denuncias señalaban que un empresario noruego estaba aprovechando las necesidades económicas y la pobreza de algunas comunidades para dividirlas y abrir espacio a proyectos extractivos.

Las acusaciones se relacionaban principalmente con hechos ocurridos entre el 9 y el 11 de julio de 2006, cuando indígenas de Alto Urén denunciaron sobrevuelos de helicópteros y el ingreso de trabajadores que talaron casi una hectárea de bosque para instalar un campamento minero sin autorización comunitaria. Según las denuncias presentadas ante la Asociación de Desarrollo Bribri, el objetivo era explorar oro, cobre, petróleo y esmeraldas.

Ese mismo 11 de julio de 2006, representantes de ADITIBRI sostuvieron un encuentro con el empresario noruego Helge Haaversene. Según recordó el entonces presidente de la asociación, Abelardo Torres, el extranjero llegó a disculparse por ingresar sin autorización a territorio indígena. Posteriormente, según el vocal Albir Morales, el empresario pidió permiso para continuar los estudios y colocar estructuras de aluminio en el sitio donde se había despejado el bosque, solicitud que fue rechazada por la dirigencia indígena.

En las comunidades también surgieron señalamientos sobre la reactivación de una cooperativa llamada Coopetauyulok, cuyo significado en idioma Bribri es “buscando el oro”. La cooperativa, integrada principalmente por indígenas de Amubri y Bribri, había sido creada años atrás con la intención de impulsar proyectos mineros en Alto Urén. Algunas personas de la comunidad reconocían al empresario noruego como benefactor, mientras otras advertían sobre su papel en el impulso de iniciativas extractivas dentro del territorio.

Pedro Guerra, exintegrante de la cooperativa, declaró en aquel momento que decidió retirarse para evitar conflictos con vecinos opuestos a la minería. También afirmó que meses antes había recibido la visita del empresario noruego y su abogado, quienes buscaban iniciar exploraciones minerales en la zona.

Finalmente, dirigentes indígenas expresaron preocupación por posibles vínculos políticos detrás de estas iniciativas. Según relató Albir Morales, representantes de la cooperativa aseguraban contar con autorización del entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, para realizar incursiones dentro del territorio. Además, afirmaban tener contactos en Panamá, incluyendo referencias al entonces presidente Martín Torrijos, con el objetivo de impulsar exploraciones desde sectores cercanos al Parque Internacional La Amistad.