Proyecto de ley sobre “organizaciones conservacionistas” genera alertas por posible privatización de áreas protegidas

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Un análisis crítico del expediente legislativo 20.039, denominado “Autorización a las organizaciones conservacionistas privadas sin fines de lucro para que contraten personal de apoyo en las áreas de conservación del SINAC”, advierte sobre vacíos, riesgos legales y posibles efectos negativos para la gestión pública de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica.

La propuesta, que busca habilitar a organizaciones privadas para financiar y contratar personal de apoyo dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ha sido cuestionada por su falta de sustento técnico y por la ambigüedad en su formulación. Entre las principales preocupaciones señaladas está la ausencia de información clara sobre el origen de la iniciativa, las organizaciones interesadas en participar y los términos concretos bajo los cuales se establecerían los convenios.

Según el análisis, el proyecto parte de una suposición no demostrada: que organizaciones privadas estarían dispuestas a aportar recursos económicos al Estado sin que se definan claramente las condiciones, beneficios o posibles contraprestaciones. Esta falta de claridad abre interrogantes sobre los intereses detrás de estos aportes y sobre los riesgos de que actores privados puedan obtener algún tipo de influencia o beneficio en la gestión del patrimonio natural público.

Otro de los puntos críticos es la amplitud del concepto “organizaciones conservacionistas”, que no establece criterios claros de definición ni mecanismos de control. Esto podría permitir que cualquier entidad, incluso sin trayectoria comprobada, participe en funciones sensibles dentro de áreas protegidas. El último censo de organizaciones de la sociedad civil con intereses ambientales, realizado en 2001 por la cooperación alemana, estimaba más de 10.000 organizaciones de este tipo, lo que evidencia la magnitud del universo potencial sin una regulación adecuada.

La iniciativa también ha sido interpretada como parte de un proceso más amplio de debilitamiento institucional, en el que se trasladan funciones públicas hacia actores privados. En particular, se advierte que, sin una revisión de figuras como las concesiones de servicios no esenciales, ya utilizadas en áreas protegidas, el proyecto podría ampliar aún más la presencia de intereses privados en espacios que deben mantenerse bajo control estatal.

Uno de los aspectos más delicados es la posibilidad de que el personal contratado por estas organizaciones asuma funciones propias de autoridad pública, incluyendo labores de control, vigilancia e incluso el uso de uniformes oficiales. El proyecto no define con claridad el régimen legal aplicable a estas personas, lo que genera dudas sobre su estatus, sus responsabilidades y los mecanismos de supervisión. Tampoco se establece si estarían sujetos a normas como la Ley de Control Interno o la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Desde esta perspectiva, se advierte que estas figuras podrían convertirse en “funcionarios de hecho”, sin las garantías ni obligaciones del empleo público, lo que debilitaría la institucionalidad y abriría espacios de discrecionalidad. Además, se cuestiona la posibilidad de otorgar funciones de policía o incluso acceso a armas a personal vinculado a intereses privados, sin los controles adecuados.

El análisis también subraya que esta propuesta no resuelve el problema de fondo: el debilitamiento del sistema de guardaparques. En lugar de fortalecer el financiamiento estatal y mejorar las condiciones del personal encargado de la protección de las áreas silvestres, el proyecto podría perpetuar la falta de recursos mediante soluciones parciales que trasladan responsabilidades al sector privado.

En ese sentido, se insiste en que el SINAC, como parte del Ministerio de Ambiente y Energía, debe regirse por los principios del empleo público y contar con financiamiento adecuado del Estado. La protección del patrimonio natural no puede depender de aportes voluntarios ni de esquemas que diluyan la responsabilidad estatal.

Finalmente, el documento plantea interrogantes de fondo para el debate legislativo. Entre ellas, si no sería más adecuado fortalecer la presencia de la Policía Nacional en la protección ambiental, mediante la creación de cuerpos especializados que atiendan delitos en todo el territorio, y no solo dentro de parques nacionales. También se cuestiona si, ante problemáticas como la presencia del narcotráfico en áreas protegidas, es razonable delegar funciones de control a actores privados.

Aunque se reconoce la importancia de promover la participación comunitaria y el involucramiento de organizaciones sociales en la conservación, se advierte que esto no debe confundirse con la apertura a intereses privados bajo una apariencia ambiental. La defensa del patrimonio natural público, concluye el análisis, es una responsabilidad indelegable del Estado costarricense.